Jueza federal bloquea deportaciones rápidas de migrantes y advierte que violan el debido proceso
EFE.- Una jueza federal bloqueó temporalmente este viernes las deportaciones rápidas de migrantes del gobierno de Donald Trump, dando la razón a grupos de derechos civiles que argumentaron que la medida supone una violación del debido proceso legal.
En enero, Trump restableció la "expulsión inmediata" de migrantes, una política que ya aplicó en su primer mandato y que permite la deportación rápida de personas sin documentos que no puedan probar que llevan dos años seguidos o más en el país, sin que medie una audiencia.
La jueza Jia Cobb, de Washington D. C., emitió un dictamen en el que critica la medida, pilar de la campaña de deportaciones masivas prometida por Trump, opinando que "prioriza la rapidez" y "llevará inevitablemente al gobierno a deportar a personas por error a través de este proceso truncado".
La política de deportaciones rápidas fue denunciada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), la principal ONG en defensa de los migrantes en Estados Unidos, en nombre de otra entidad promigrante, Make The Road New York, quienes pidieron bloquear su efecto, a lo que la jueza ha accedido.
En el dictamen de 48 páginas, publicado el viernes por la noche, la jueza dice no cuestionar la constitucionalidad de la política original de deportaciones rápidas, que se lleva aplicando mucho tiempo para deportar inmigrantes cerca de la frontera sur y que lleven pocos días en Estados Unidos, sino su expansión.
Cobb señaló que "al aplicar el estatuto a un enorme grupo de personas que viven en el interior del país y que no han estado sujetas previamente a una deportación rápida, el gobierno debe garantizar un debido proceso", indica el documento.
La denuncia argumentaba precisamente que la medida viola la Quinta Enmienda, que recoge el derecho a un proceso legal justo, y las leyes de Migración y Nacionalidad y de Procedimiento Administrativo.
Agrega Cobb que, "al defender este escaso proceso, el gobierno hace un argumento verdaderamente sorprendente: que aquellos que ingresaron ilegalmente en el país no tienen derecho a un proceso bajo la Quinta Enmienda, sino que deben aceptar cualquier gracia que les dé el Congreso".
"Si eso fuera correcto, no solo los no ciudadanos, todos estaríamos en riesgo", apostilla la jueza.
Con información de: LatinUs.
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Brillan autoridades por su ausencia en evento de conmemoración al Día del Trabajo
Llamó la atención que este viernes, en el evento oficial de conmemoración al Día Internacional del Trabajo, autoridades estatales, municipales y legislativas decidieron no participar.
En el evento que pretende conmemorar a los trabajadores de Chihuahua, no hubo ningún funcionario público que apareciera entre el presidium, únicamente estuvo presente el líder sindical Jorge Doroteo Zapata, de la CTM acompañado de los trabajadores.
Esto se da en un clima de tensión política tras darse a conocer que dos trabajadores estadounidenses, quienes fallecieron en días pasados, estuvieron trabajando en territorio chihuahuense, lo que ha generado críticas hacia el gobierno de Maru Campos e inclusive han comenzado las investigaciones sobre el actuar del gobierno estatal.
La oposición le voltea la jugada a la 4T en el Senado
A los morenos en el Senado les voltearon las expresiones hacia la gobernadora Maru Campos por el caso de los agentes estadounidenses que se encontraban trabajando en la Sierra Tarahumara, y es que el día de ayer, tras la acusación formal de Estados Unidos hacia 10 ex funcionarios y funcionarios públicos de Sinaloa, en donde se incluye al actual gobernador, Rubén Rocha Moya, la oposición pidió, que el morenista comparezca ante el legislativo.
Hay que recordar que hace apenas unos días el grupo parlamentario de Morena, incluyendo la notable participación de Enrique Inzunza, que por cierto, aparece en la denuncia de EU, además del padrino político de Andrea Chávez, Adán Augusto López y el ex gobernador Javier Corral, exigieron que tanto la gobernadora Campos, como el ex fiscal César Jáuregui, acudieran a una reunión con los legisladores para explicar porque se encontraban agentes estadounidenses en el estado grande.
Ahora, la oposición les volteó la jugada, y como en su momento la 4T lo hizo con la gobernadora panista, exigieron que el morenista Rubén Rocha también rinda cuentas ante el legislativo, inclusive algunos actores políticos como Ricardo Anaya, manifestaron que están dispuestos a pedirle de nuevo a la mandataria estatal que acuda al Senado para rendir cuentas…
Por lo pronto, el gobernador Rocha sigue reiterando que no renunciará a su puesto y que se trata de una acusación política, mientras, el PAN anunció que solicitará juicio político contra el morenista, para que sea extraditado lo antes posible a los Estados Unidos.
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