La ciudad de Washington D.C. demanda a Donald Trump por desplegar la Guardia Nacional
La presencia de la Guardia Nacional sigue generando tensiones en Washington D.C. La capital federal, bajo administración demócrata de la alcaldesa Muriel Bowser, demandó el jueves 4 de septiembre a la administración Trump por desplegar tropas de la Guardia Nacional en la ciudad.
La demanda, presentada por el fiscal general del Distrito de Columbia, Brian Schwalb, insta a la Corte de Distrito de D.C. declarar que la decisión del presidente fue inconstitucional y contra la ley federal.
La demanda se dirige en particular contra Donald Trump, sus ministros de Defensa, Pete Hegseth, y de Justicia, Pam Bondi, y el Pentágono.
El fiscal Schwalb denunció la decisión del mandatario de desplegar a las tropas “sin el consentimiento expreso de la alcaldesa” de la ciudad, así como otras decisiones, como la de que los miembros de la Guardia Nacional patrullaran armados.
El presidente estadounidense “ha pasado por alto un principio fundamental de la democracia estadounidense: que las fuerzas militares no deben involucrarse en la aplicación de la ley dentro del territorio nacional”, escribió Schwalb en el requerimiento.
“La ocupación militar forzada del Distrito de Columbia viola nuestra autonomía local y nuestras libertades básicas. Esto debe terminar”, agregó en un mensaje publicado en la red X.
“Limpiar” las ciudades norteamericanas del crimen organizado
El 11 de agosto, Donald Trump tomó el control de la seguridad de Washington, por 30 días inicialmente, amparándose en la ley que permite intervenir la autoridad de la ciudad justificando que existe una “emergencia” por la alta criminalidad.
Desplegó a 800 miembros de la Guardia Nacional Washington D.C., con el objetivo de “limpiar” la capital estadounidense, que, según él, está “corrompida por pandillas violentas”.
Otros seis estados decidieron enviar tropas de la Guardia Nacional a la ciudad, por lo que el contingente total supera los 2.000 hombres en la capital federal.
La portavoz de la Casa Blanca Abigail Jackson criticó la demanda que, según dijo, “no es más que otro intento, en detrimento de los residentes y visitantes de Washington D.C. de socavar las operaciones altamente exitosas del presidente para detener el crimen violento en Washington D.C.”.
La portavoz insistió en que el presidente Trump había actuado en el marco de la legalidad, para proteger los intereses federales.
Washington D.C., Los Ángeles, ¿y otras ciudades demócratas?
En su requerimiento el fiscal Brian Schwalb insistió en que la controvertida intervención de la Guardia ocurre hoy en Washington D.C. pero que “mañana podría ser cualquier otra ciudad”.
De hecho, en junio pasado, Donald Trump puso a la Guardia Nacional de California bajo control federal y la desplegó en Los Ángeles para reprimir protestas contra su política migratoria.
El gobernador demócrata del Estado, Gavin Newsom se había opuesto a la medida. Y el 2 de septiembre, un juez federal de California dictó que usar estas tropas para proteger agentes federales en operaciones antinmigración y antidroga era ilegal.
En especial, el juez subrayó que el despliegue de soldados de la Guardia Nacional en Los Ángeles violó “deliberadamente” la ley federal Posse Comitatus, que prohíbe a las fuerzas armadas estadounidenses hacer cumplir la ley en el territorio nacional.
El jueves, el fiscal Schwalb también se refirió a esta ley al momento de presentar su demanda, indicando que “los soldados armados no deberían vigilar a ciudadanos estadounidenses en suelo estadounidense”.
Sin embargo, Donald Trump no parece hacer caso de este lio jurídico y ya expresó su voluntad de desplegar la Guardia Nacional en otras ciudades, todas demócratas.
El mandatario republicano ya designó a Chicago, Baltimore o, últimamente Nueva Orleans como posibles próximas ciudades donde podrían llegar las tropas de la Guardia Nacional.
Cabe recordar que la Guardia Nacional es una fuerza de reserva estadounidense constituida por voluntarios. Forma parte de las fuerzas militares de Estados Unidos. Corresponde a su componente más antiguo, ya que fue fundada en 1636.
Con información de EFE y Reuters.
Rescatado de Proceso.
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Brillan autoridades por su ausencia en evento de conmemoración al Día del Trabajo
Llamó la atención que este viernes, en el evento oficial de conmemoración al Día Internacional del Trabajo, autoridades estatales, municipales y legislativas decidieron no participar.
En el evento que pretende conmemorar a los trabajadores de Chihuahua, no hubo ningún funcionario público que apareciera entre el presidium, únicamente estuvo presente el líder sindical Jorge Doroteo Zapata, de la CTM acompañado de los trabajadores.
Esto se da en un clima de tensión política tras darse a conocer que dos trabajadores estadounidenses, quienes fallecieron en días pasados, estuvieron trabajando en territorio chihuahuense, lo que ha generado críticas hacia el gobierno de Maru Campos e inclusive han comenzado las investigaciones sobre el actuar del gobierno estatal.
La oposición le voltea la jugada a la 4T en el Senado
A los morenos en el Senado les voltearon las expresiones hacia la gobernadora Maru Campos por el caso de los agentes estadounidenses que se encontraban trabajando en la Sierra Tarahumara, y es que el día de ayer, tras la acusación formal de Estados Unidos hacia 10 ex funcionarios y funcionarios públicos de Sinaloa, en donde se incluye al actual gobernador, Rubén Rocha Moya, la oposición pidió, que el morenista comparezca ante el legislativo.
Hay que recordar que hace apenas unos días el grupo parlamentario de Morena, incluyendo la notable participación de Enrique Inzunza, que por cierto, aparece en la denuncia de EU, además del padrino político de Andrea Chávez, Adán Augusto López y el ex gobernador Javier Corral, exigieron que tanto la gobernadora Campos, como el ex fiscal César Jáuregui, acudieran a una reunión con los legisladores para explicar porque se encontraban agentes estadounidenses en el estado grande.
Ahora, la oposición les volteó la jugada, y como en su momento la 4T lo hizo con la gobernadora panista, exigieron que el morenista Rubén Rocha también rinda cuentas ante el legislativo, inclusive algunos actores políticos como Ricardo Anaya, manifestaron que están dispuestos a pedirle de nuevo a la mandataria estatal que acuda al Senado para rendir cuentas…
Por lo pronto, el gobernador Rocha sigue reiterando que no renunciará a su puesto y que se trata de una acusación política, mientras, el PAN anunció que solicitará juicio político contra el morenista, para que sea extraditado lo antes posible a los Estados Unidos.
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