Trump pide a Corte Suprema orden de emergencia para mantener congelada ayuda extranjera
WASHINGTON (AP) — La administración Trump solicitó el lunes a la Corte Suprema una orden de emergencia para mantener congelados miles de millones de dólares en ayuda extranjera.
El núcleo de la disputa legal gira en torno a casi 5.000 millones de dólares en ayuda aprobada por el Congreso que el presidente Donald Trump dice que no gastará, invocando una autoridad disputada que fue utilizada por última vez por un presidente hace aproximadamente 50 años.
El juez Amir Ali dictaminó la semana pasada que la decisión de la administración republicana de retener los fondos probablemente era ilegal.
Trump le participó al presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, en una carta el 28 de agosto que no gastaría 4.900 millones de dólares en ayuda extranjera aprobada por el Congreso, recortando efectivamente el presupuesto sin pasar por el poder legislativo.
Utilizó lo que se conoce como una rescisión de bolsillo. Esto ocurre cuando un presidente presenta una solicitud al Congreso hacia el final de un año presupuestario actual para no gastar el dinero aprobado. El aviso tardío significa que el Congreso no puede actuar sobre la solicitud en el plazo requerido de 45 días y el dinero no se gasta.
Ali declaró que el Congreso tendría que aprobar la propuesta de rescisión para que la administración Trump pudiera retener el dinero. La ley es "explícita en que es la acción del Congreso —no la transmisión de un mensaje especial por parte del Presidente— lo que desencadena la rescisión de las apropiaciones anteriores", escribió.
La administración Trump ha hecho de las reducciones profundas a la ayuda extranjera una de sus políticas distintivas, a pesar de los ahorros relativamente escasos en relación con el déficit y el posible daño a la reputación de Estados Unidos en el extranjero, ya que las poblaciones extranjeras pierden acceso a suministros de alimentos y programas de desarrollo. La administración recurrió al tribunal supremo después de que un panel de jueces federales de apelación se negara a bloquear el fallo de Ali.
El procurador general D. John Sauer calificó el fallo como "una orden judicial ilegal que precipita una emergencia innecesaria y un conflicto interinstitucional inútil". Instó a los jueces a bloquearlo de inmediato.
Pero los abogados de las organizaciones que demandaron al gobierno indicaron que es el congelamiento de fondos lo que viola la ley federal, señalando que ha cerrado la financiación incluso para los programas de salvamento más urgentes en el extranjero.
"Esta es la tercera vez en este caso que la Administración ha acudido a la Corte Suprema en una supuesta postura de emergencia para buscar alivio de circunstancias creadas por ella misma, esta vez para defender la táctica ilegal de una 'rescisión de bolsillo'", señaló la abogada Lauren Bateman del Public Citizen Litigation Group, abogada principal de los demandantes de la Coalición de Defensa de la Vacuna contra el SIDA, en un comunicado. "La Administración está pidiendo efectivamente a la Corte Suprema que apruebe su intento de acumular poder ilegalmente".
Los abogados del Departamento de Justicia notificaron a un juez federal el mes pasado que otros 6.500 millones de dólares en ayuda que habían estado sujetos al congelamiento se gastarían antes del final del año fiscal el 30 de septiembre.
El caso ha estado avanzando por los tribunales durante meses, y Ali dijo que entendía que su fallo no sería la última palabra sobre el asunto.
"Este caso plantea preguntas de inmensa importancia legal y práctica, incluyendo si existe alguna vía para probar la decisión del poder ejecutivo de no gastar fondos apropiados por el Congreso", escribió.
En agosto, la Corte de Apelaciones para el Circuito del Distrito de Columbia anuló una orden judicial anterior que Ali había emitido para requerir que se gastara el dinero. Pero el panel de tres jueces no cerró la demanda.
Después de que Trump emitió su aviso de rescisión, los demandantes regresaron al tribunal de Ali y el juez emitió la orden que ahora está siendo impugnada.
Con información de Proceso.
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Bloqueos carreteros el 23 de marzo: productores acusan incumplimiento de acuerdos de SEGOB
Productores de grano y transportistas anunciaron un nuevo cierre de carreteras a nivel nacional el próximo 23 de marzo, en protesta por el presunto incumplimiento de acuerdos por parte de la Secretaría de Gobernación (SEGOB). Entre las principales demandas se encuentran el respeto a los precios de garantía y mayores condiciones de seguridad en las carreteras.
La movilización es encabezada por el Frente Nacional para el Rescate del Campo, que acusa a las autoridades federales de no cumplir compromisos previamente firmados con campesinos, particularmente productores de maíz y frijol.
En Chihuahua, señalan al actual delegado de la SEGOB, Héctor Aguilera Brenes, designado en 2022 durante la gestión de Adán Augusto López, como uno de los responsables de la falta de seguimiento a los acuerdos. También se menciona la relación política con Andrea Chávez Treviño y parentesco con el secretario técnico de la comisión del Bienestar Marcelino Gómez Brenes, lo cual es relevante teniendo en cuenta las tensiones entre grupos del gobierno federal.
Los inconformes ya han realizado acciones previas, incluyendo la toma de oficinas del Bienestar, de Mayra Chávez, candidata del grupo cercano de la Secretaria Ariadna Montiel. Advierten que, de no obtener respuesta, las protestas podrían intensificarse en los próximos días.
Ponen módulo de Beca Rita Cetina al exterior del Congreso
Al exterior del Congreso del Estado, en la zona donde normalmente pone la diputada Brenda Ríos una mesa de gestiones, hoy fue colocado un módulo de registro de la Beca Rita Cetina, dirigido a estudiantes de primaria.
Este módulo estará operando durante parte del día, y se espera que sea la propia titular de este programa Ishtar Ibarra, quien atienda personalmente el registro de tutores y estudiantes.
Este programa forma parte de la serie de becas que ofrece la delegación del Bienestar en Chihuahua bajo la administración de Mayra Chávez.
Quieren afiliar a todo GyC
A través de las redes sociales se denuncia que en Guadalupe y Calvo, el partido de Morena ha afiliado a personas sin su consentimiento.
De acuerdo a las versiones, desde que se dio a conocer que Morena tiene un padrón inflado en más de 93 mil742 nuevos integrantes de forma irregular, en municipios como Guadalupe y Calvo se dice que son cerca de mil 700.
Al parecer las personas habrían sido afiliadas al partido sin su consentimiento y se estarían utilizando los programas del Bienestar como chantaje.
Supuestamente si no se afilian pueden perder los apoyos.
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