Aprueban diputados por mayoría reforma contra uso de “todes” en enseñanza en escuelas en Chihuahua

Se aprobó por mayoría en el Congreso del Estado la reforma al artículo 8º de la Ley Estatal de Educación, con la finalidad de añadir a las atribuciones de la autoridad escolar, la de fomentar el uso correcto de las reglas gramaticales y ortográficas del idioma español, que se sustenta en que “el lenguaje es inclusivo sin necesidad de tergiversar la lengua, ni de agregar complejidad a la comprensión y fluidez lectora, todos somos libres para usarlo, no requiere de esfuerzos ni legislaciones, nacemos con la capacidad de hablar una lengua y nadie nos tiene que decir ni forzarnos para hablarla, “cualquier imposición en cómo usar la lengua es un acto autoritario”". 

El dictamen fue presentado por el diputado Carlos Olson San Vicente, en representación de la Comisión de Educación, Cultura Física y Deporte, quien expuso que es de suma importancia proteger las reglas gramaticales y lingüísticas del idioma español en las escuelas de educación básica, ya que es fundamental para preservar la riqueza y unidad de la lengua referida.

En la exposición de motivos se llama “No permitamos que la deformación del uso del lenguaje se añada a la lista de estragos y el déficit que ha ocasionado la Pandemia en materia educativa”.

Los diputados coinciden en que “seguir las normas gramaticales y ortográficas, nos ayuda a generar una disciplina en todos los rubros, particularmente, en la etapa más importante de nuestra formación; seguir las reglas y los detalles ayuda a nuestra mente a ordenar nuestras ideas y prioridades por lo que coopera a respetar las reglas sociales, asi como las de costumbre”.

Se ADICIONA al artículo 8, la fracción XXVII, de la Ley Estatal de Educación; para quedar redactado en los siguientes términos:

ARTÍCULO 8.

I. a XXVII. …

XXVIII.  Fomentar el uso correcto de las reglas gramaticales y ortográficas del idioma español.

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Multas nuevas, calles viejas

De cara al presupuesto 2026, el tema de las multas de tránsito vuelve a colocarse sobre la mesa, no sólo por las actualizaciones que se prevén en sus montos, sino por la evidente contradicción entre la severidad con que se sanciona al automovilista y la indiferencia con que se atienden las condiciones de las calles.

 

Mientras el reglamento de Vialidad detalla con precisión sanciones que van desde los 700 hasta casi 5 mil pesos por infracciones como estacionarse en doble fila, no portar llanta de refacción o circular con luces apagadas, los baches, el pavimento levantado y las vialidades sin señalización continúan siendo el verdadero castigo para el ciudadano.

 

Cada bache representa un daño potencial al vehículo, y sin embargo, no hay mecanismo alguno para que el automovilista recupere el costo de una llanta, un rin o una suspensión dañada por la omisión gubernamental. Las autoridades exigen cumplimiento absoluto al reglamento, pero no ofrecen el mismo rigor cuando se trata de mantener en condiciones adecuadas la infraestructura vial.

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