Niegan suspensión a diputada morenista Hilda Araceli Brown; seguirá el bloqueo de sus cuentas

El bloqueo de cuentas bancarias de la diputada federal de Morena, Hilda Araceli Brown Figueredo, permanecerá vigente luego de que le fue negada la suspensión definitiva en el juicio que promovió para revertir la medida impuesta por las autoridades financieras.

Fuentes judiciales confirmaron que el juzgado que conoce del caso rechazó otorgar la protección provisional solicitada por la legisladora y exalcaldesa de Playas de Rosarito, Baja California, por lo que seguirá bajo análisis el congelamiento de sus activos mientras se determina el fondo del asunto.

 

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) mantienen las cuentas de la morenista bajo bloqueo precautorio, derivado de la alerta emitida por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que la incluyó en un informe sobre personas presuntamente vinculadas con la red criminal de René Arzate García, alias “La Rana”, operador de la facción de Los Mayos del Cártel de Sinaloa.

Aunque la defensa de la diputada argumentó que la medida afecta su desempeño legislativo y vulnera sus derechos financieros, la autoridad federal consideró que no existen elementos suficientes para suspender los efectos del bloqueo, el cual —según resolvió el tribunal— no constituye aún una sanción definitiva, sino una acción preventiva dentro del procedimiento en curso.

El caso continúa bajo revisión de instancias judiciales, fiscales y bancarias, que analizan si procede mantenerla dentro del listado de personas bloqueadas vinculado con la investigación de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del gobierno estadounidense.

 

 

Con información de: Político.mx

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Adán Augusto y el robo de ganado en Tabasco

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En Tabasco, durante el control de Adán Augusto López y “La Barredora”, creció el robo de ganado.

El 2 de abril de 2021, agentes de la Fiscalía para el Combate al Abigeato de Tabasco ingresaron sin una orden judicial ostensible al rancho San Gerónimo, en Jonuta, y se llevaron 267 reses de alto registro pertenecientes a la familia Lezama Zubieta.

El acto, que se realizó en presencia del denunciante (Manuel Ordorica Alamina), fue denunciado como un "operativo de Estado contra la propiedad privada" y un acto de despojo en lugar de procuración de justicia.

La familia Lezama Zubieta acreditó la propiedad del ganado con facturas y registros.

El 15 de diciembre de 2021, el juicio de amparo 352/2021 culminó con una sentencia federal que ordenó la restitución íntegra de las 267 reses, incluyendo las crías nacidas durante la custodia.

 La Fiscalía de Tabasco ha mostrado un incumplimiento sistemático. Solo se restituyeron 90 animales. La Fiscalía declaró la muerte de 134 reses sin presentar evidencia verificable ni notificación fehaciente.

Una pericia de "Desarrollo del Hato Ganadero" arrojó una cifra faltante que supera las mil reses si se contabilizan las crías que debieron nacer, implicando un impacto patrimonial de valor premium (ganado de registro).

El caso ocurrió durante una administración vinculada al bloque político de Adán Augusto López y ha generado debates por el ascenso posterior de funcionarios de la Fiscalía a cargos públicos, además que designó a un líder criminal como Secretario de Seguridad Pública.

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