Fiscalía Anticorrupción investiga a más de 200 exfuncionarios en Baja California
BAJA CALIFORNIA (apro).- La Fiscalía Anticorrupción de Baja California investiga actualmente a más de 200 exfuncionarios públicos estatales y municipales, donde el monto reclamado en las carpetas de investigación suma más de mil millones de pesos.
Lo anterior fue expuesto este lunes 20 de octubre por el titular de la dependencia, Javier Salas Espinoza, mediante una presentación ante integrantes del Grupo XXI Tijuana, A.C., y posteriormente declarado a la prensa local.
Detalló que actualmente cuentan con alrededor de 40 carpetas de investigación contra los que estaban en el gobierno estatal.
“Son 170 personas a las que estamos formulando imputación de lo que viene siendo los tipos penales de uso ilícito de atribuciones y facultades, ejercicio ilícito del servicio público, peculado, usurpación de funciones y coalición de servidores públicos”, refirió.
De este grupo, el monto total es de 420 millones 848 mil 565 pesos, conforme a los datos expuestos.
Sobre los exfuncionarios municipales, indicó que son 19 carpetas y 61 personas.
“Del Ayuntamiento de Tijuana es un monto total de 607 millones 639 mil 812 pesos. Es por uso ilícito de atribuciones y facultades, la mayoría, específicamente por adjudicaciones directas de recurso público utilizado de forma ilícita”, abundó.
En cuanto al proceso, Javier Salas Espinoza indicó que primero se tiene que llegar a la audiencia inicial de formal imputación y, posteriormente, la etapa de proceso, el juicio y buscar una sentencia condenatoria.
“Pero son sentencias que van de 6 meses a 8 años de cárcel. De sentencias, nada más tenemos una condenatoria en contra de un exoficial Mayor de Gobierno del Estado por un año siete meses”, mencionó, además de mencionar que tiene libertad bajo beneficio legal.
Como parte de la información, el fiscal refirió que han judicializado 27 casos y hay varias audiencias programadas para los próximos meses, donde formularán imputaciones contra los involucrados. Esto se prevé en Tijuana y Mexicali, para los días 23 y 24 de octubre, y continuarán con sus respectivas fechas hasta enero 2026.
Javier Salas Espinoza tomó relevancia en enero de este año, luego de que, junto con su esposa, fueron los mexicanos lesionados en el ataque terrorista registrado durante la madrugada del 1 de enero en el barrio francés de Nueva Orleans.
En ese entonces, el funcionario estatal divulgó una fotografía en sus redes sociales donde se aprecia en una cama de hospital, en Estados Unidos, con una férula en su pierna izquierda, junto con personal médico.
Con información de Proceso.
Tips al momento
Quién es el que falta a la razón, ¿Mayra Chávez o Jorge Soto?
Siguiendo con el guion de la 4T, la súper delegada Mayra Chávez dice que no hay recortes de recursos federales para Chihuahua bajo el argumento entre sus datos de que se están entregando de manera directa un millón de chihuahuenses un monto de 7 mil 552 millones de pesos de los programas sociales.
Sin dar mayores detalles de las participaciones y aportaciones. La delegada del Bienestar rechazó que haya una reducción de la 4T a Chihuahua, que al contrario serán más.
Mientras que el gobierno de Chihuahua advirtió vía comparecencia del Secretario de Hacienda, José de Jesús Granillo, que se vienen nuevos recortes para Chihuahua, tan sólo en salud se reportó una reducción de 327 millones de pesos en salud, 3 millones que eran para materiales y medicinas, 1.8 millones para atención al campo y casi 180millones de pesos en previsiones salariales.
Jorge Soto presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado, señaló que la delegada Mayra Chávez está en una realidad alterativa de Morena donde todo es bueno, todo está bien, cuando en la realidad, no hay obras de infraestructura para Chihuahua.
EU tendría en la mira a funcionarios de Chihuahua y el narco
En la reciente columna de Raymundo Riva Palacio para El Financiero del espacio Estrictamente Personal, bajo el título de "La narcopolítica no sólo es morena", menciona que el Departamento de Estado de los Estados Unidos tendría bajo la mira al gobierno de Chihuahua que encabeza Maru Campos.
Riva Palacio realiza una sentencia firme: "La gobernadora Maru Campos no parece haber comprendido los embates estadounidenses contra la narcopolítica, y su falta de ajustes en las áreas judiciales ha creado otra sospecha" y deja en manifiesto que las investigaciones del gobierno de Estados Unidos contra la narcopolítica han puesto a Chihuahua en el centro de atención, por la supuesta penetración del crimen organizado en la alta esfera del gobierno estatal.
Refiere que la cancelación de la visa a un alto funcionario de la Fiscalía General del Estado, habría sido parte de las investigaciones que sigue el gobierno estadounidense, que incluso se anticipa que otro de mayor rango está próximo a perderla.
Según Riva Palacio, cabe la posibilidad de que el gobierno de Donald Trump no se detuviera en revocar la visa de la gobernadora.
Otro de los puntos que aborda son los cambios de la estructura judicial y la sospecha de que dinero ilícito pueda ser inyectado en las campañas para la gubernatura de Chihuahua en 2027.
La molestia de EU y la atención sobre Chihuahua acrecenta al no advertir que no existe cambios en los cargos relevantes, a pesar de presuntas evidencias de vinculación institucional con el crimen organizado.
El gobierno de Estados Unidos cuenta con dos testigos protegidos ante el FBI que detallan el asesinato de cuatro agentes de la Agencia Estatal de Investigación y el delegado del INM en 2022 y que han revelado que existe una abogada de narcos vinculada a un alto funcionario de la fiscalía estatal fue quien puso a los agentes para ser emboscados. Así como la operación del Cereso número 3 de Ciudad Juárez por La Línea, que domina aproximadamente el 80% del crimen en el estado y está ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Tras la clasificación de los cárteles como organizaciones terroristas por parte de Trump, ha generado que se confirmen operaciones de contraterrorismo se están manejando desde Fort Bliss en El Paso, bajo la supervisión de Tulsi Gabbard, Directora Nacional de Inteligencia. Participan el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional, demostrando que Estados Unidos está eliminando los límites para enfrentar a los cárteles en la frontera, lo que presiona directamente al gobierno de Chihuahua a actuar.
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