El líder limonero Bernardo Bravo dejó a su escolta y cambió de automóvil, previo a su asesinato, dice gobernador
El fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña, descartó que existiera una denuncia oficial por agresiones o amenazas contra Bernardo Bravo, líder limonero en el municipio de Apatzingán, Michoacán, asesinado el 20 de octubre.
De acuerdo con el funcionario, el presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán contaba con seguridad, por lo que ya citó a los escoltas que lo acompañaban a rendir su declaración.
Al respecto, el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México detalló que el día de los hechos Bernardo Bravo estuvo acompañado de un escolta durante el trayecto entre Morelia y Apatzingán, quien lo resguardó hasta su ingreso al interior del Tianguis Limonero, lugar donde dejó de contar con personal para su protección.
En tanto, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, declaró ante medios que Bernard Bravo salió el domingo de Morelia rumbo a Apatzingán, sin embargo, en algún punto del camino cambió de vehículo para trasladarse en otro, además de que dejó a su escolta.
La Secretaría de Seguridad del estado informó que el líder limonero tenía a su disposición tres elementos de seguridad para resguardarlo. Además, se le asignó un vehículo blindado.
Qué avances hay sobre la investigación del homicidio del líder limonero
Además de citar a los escoltas para que rindan su declaración, el fiscal del estado dio a conocer que se cuentan con algunos números con los que Bernardo Bravo tuvo comunicación el domingo.
La Fiscalía adelantó que ya tiene identificado a dónde se dirigió el domingo previo a su muerte, las llamadas que realizó desde su celular y la ubicación de los aparatos donde recibieron sus llamadas, los supuestos agresores.
“La Fiscalía ya tiene todos los indicios, tiene toda la trazabilidad, todo el tema del día domingo de adónde fue, adónde se movió, qué llamadas telefónicas entraron a su celular y daremos con los responsables”, dijo el gobernador.
Hasta ahora hay una persona detenida, identificado como presunto líder de una célula delictiva dedicada al cobro de cuotas y extorsión de citricultures en Michoacán, vinculado al homicidio de Bernardo Bravo.
Se trata de Rigoberto “N”, señalado por ser uno de los presuntos líderes del grupo criminal llamado Los Blancos de Troya, vinculada a Cárteles Unidos, organización que mantiene una disputa con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
La labor que sostenía al frente del sector limonero es una de las líneas de investigación que se mantiene en las indagatorias
Bernardo Bravo fue localizado sin vida a bordo de su vehículo en el camino que conduce a la comunidad Los Tepetates, en el municipio de Ocampo.
Limoneros de Michoacán han denunciado, al menos desde 2023, que son víctimas de extorsión, lo que lo ha obligado a frenar sus labores en la entidad en más de una ocasión.
Con información de: Animal político.
Tips al momento
Quién es el que falta a la razón, ¿Mayra Chávez o Jorge Soto?
Siguiendo con el guion de la 4T, la súper delegada Mayra Chávez dice que no hay recortes de recursos federales para Chihuahua bajo el argumento entre sus datos de que se están entregando de manera directa un millón de chihuahuenses un monto de 7 mil 552 millones de pesos de los programas sociales.
Sin dar mayores detalles de las participaciones y aportaciones. La delegada del Bienestar rechazó que haya una reducción de la 4T a Chihuahua, que al contrario serán más.
Mientras que el gobierno de Chihuahua advirtió vía comparecencia del Secretario de Hacienda, José de Jesús Granillo, que se vienen nuevos recortes para Chihuahua, tan sólo en salud se reportó una reducción de 327 millones de pesos en salud, 3 millones que eran para materiales y medicinas, 1.8 millones para atención al campo y casi 180millones de pesos en previsiones salariales.
Jorge Soto presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado, señaló que la delegada Mayra Chávez está en una realidad alterativa de Morena donde todo es bueno, todo está bien, cuando en la realidad, no hay obras de infraestructura para Chihuahua.
EU tendría en la mira a funcionarios de Chihuahua y el narco
En la reciente columna de Raymundo Riva Palacio para El Financiero del espacio Estrictamente Personal, bajo el título de "La narcopolítica no sólo es morena", menciona que el Departamento de Estado de los Estados Unidos tendría bajo la mira al gobierno de Chihuahua que encabeza Maru Campos.
Riva Palacio realiza una sentencia firme: "La gobernadora Maru Campos no parece haber comprendido los embates estadounidenses contra la narcopolítica, y su falta de ajustes en las áreas judiciales ha creado otra sospecha" y deja en manifiesto que las investigaciones del gobierno de Estados Unidos contra la narcopolítica han puesto a Chihuahua en el centro de atención, por la supuesta penetración del crimen organizado en la alta esfera del gobierno estatal.
Refiere que la cancelación de la visa a un alto funcionario de la Fiscalía General del Estado, habría sido parte de las investigaciones que sigue el gobierno estadounidense, que incluso se anticipa que otro de mayor rango está próximo a perderla.
Según Riva Palacio, cabe la posibilidad de que el gobierno de Donald Trump no se detuviera en revocar la visa de la gobernadora.
Otro de los puntos que aborda son los cambios de la estructura judicial y la sospecha de que dinero ilícito pueda ser inyectado en las campañas para la gubernatura de Chihuahua en 2027.
La molestia de EU y la atención sobre Chihuahua acrecenta al no advertir que no existe cambios en los cargos relevantes, a pesar de presuntas evidencias de vinculación institucional con el crimen organizado.
El gobierno de Estados Unidos cuenta con dos testigos protegidos ante el FBI que detallan el asesinato de cuatro agentes de la Agencia Estatal de Investigación y el delegado del INM en 2022 y que han revelado que existe una abogada de narcos vinculada a un alto funcionario de la fiscalía estatal fue quien puso a los agentes para ser emboscados. Así como la operación del Cereso número 3 de Ciudad Juárez por La Línea, que domina aproximadamente el 80% del crimen en el estado y está ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Tras la clasificación de los cárteles como organizaciones terroristas por parte de Trump, ha generado que se confirmen operaciones de contraterrorismo se están manejando desde Fort Bliss en El Paso, bajo la supervisión de Tulsi Gabbard, Directora Nacional de Inteligencia. Participan el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional, demostrando que Estados Unidos está eliminando los límites para enfrentar a los cárteles en la frontera, lo que presiona directamente al gobierno de Chihuahua a actuar.
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