Perú registra 54 homicidios en los diez primeros días del presidente José Jerí

Los primeros diez días de mandato del presidente peruano José Jerí se han saldado con al menos 54 muertes violentas, entre ellas la de un manifestante durante las primeras protestas a su gestión que se celebraron cinco días después de recibir la banda presidencial después de la destitución de Dina Boluarte.

De acuerdo con las cifras oficiales del Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef), entre el 10 y el 21 de octubre se han registrado 54 homicidios. En Perú se produce uno cada casi cuatro horas. Las regiones más afectadas son las de Lima, con 22 casos, o La Libertad, con una decena.

Estos homicidios son parte de los 1.798 que se han registrado entre el 1 de enero hasta la fecha, cifras que podrían ser incluso mayores. La cuestionada gestión de Boluarte llegó a su fin tras meses de protestas contra la ineficacia de las autoridades para hacer frente a un grave problema de inseguridad y el crimen.

La salida de Boluarte, que hasta entonces había sorteado varios intentos por deshacerse de ella, se aceleró después de que se produjera un tiroteo en un concierto en Lima, que dejó varios heridos, entre ellos los propios músicos.

La primera medida adoptada por el presidente Jerí --también muy cuestionado y con un historial de conducta sexual inapropiada-- fue decretar el estado de emergencia en Lima y Callao, una maniobra que no sirvió a su antecesora y que ahora no ha evitado el asesinato de un policía en sus primeras horas de vigencia.

A pesar de recurrir al estado de emergencia, los homicidios y las extorsiones han ido en aumento, especialmente contra los transportistas, quienes han estado encabezando estas últimas manifestaciones. Esta medida, según han denunciado colectivos y la oposición, apunta directamente hacia el derecho a la protesta.

Los detractores del estado de emergencia señalan que la presencia de los militares en las calles no combate unas redes de extorsión que se lanzan a través de redes sociales y aplicaciones de mensajería móvil. La propuesta que Boluarte le dio a los transportistas fue que no atendieran llamadas de números desconocidos.

Primera muerte de un manifestante

Jerí ha entrado en la lista de presidentes peruanos con algún muerto a sus espaldas mientras se manifestaban en contra de su gestión. Algunos como Manuel Merino salieron apenas cinco días después de asumir el cargo nada más confirmarse los primeros fallecidos en las protestas, a diferencia de otras como Boluarte, que ahora sin inmunidad encaran una investigación por la muerte de 49 manifestantes entre diciembre de 2022 y febrero de 2023.

A los cinco días de recibir la banda presidencial, Jerí tuvo que encarar su primera manifestación en contra, en esta ocasión liderada por colectivos de estudiantes y jóvenes que además de por la inseguridad protestaban por la falta de oportunidades. Aquella movilización dejó decenas de heridas y una muerte.

Eduardo Ruiz Sanz falleció, según la autopsia, por un disparó del agente Luis Magallanes, que en ese momento vestía de civil. Una muerte que para el recién nombrado primer ministro, Vicente Tiburcio, no tendría un coste político.

Por su parte, la Policía, después de asumir su responsabilidad en lo ocurrido y anunciar una investigación, con el paso de los días ha acabado por reconocer al suboficial Magallanes como un "héroe" que actuó en "legítima defensa", a pesar de que esta versión contradice las imágenes que grabaron la muerte de Sanz.

En paralelo, una última encuesta del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) refleja uno de los mayores índices de desaprobación de la Policía peruana en los últimos diez años, con un descrédito del 83 por ciento.

El deterioro de la imagen de la Policía se ha agravado en los últimos tiempos por la gestión de la inseguridad, o su papel en la represión de las protestas, pero también por los hasta mil casos de agentes detenidos, desde agosto, por diferentes motivos, entre ellos violencia machista, lesiones, o atentado contra la vida.

La crisis política que arrastra Perú desde 2016 ha hecho evidente la necesidad de una reforma de la institución, que depende de una cartera del Interior por la que han pasado hasta ocho ministros solo en los tres años de gobierno de Boluarte.

 

 

Con información de: El economista.

Tips al momento

Quién es el que falta a la razón, ¿Mayra Chávez o Jorge Soto?

Siguiendo con el guion de la 4T, la súper delegada Mayra Chávez dice que no hay recortes de recursos federales para Chihuahua bajo el argumento entre sus datos de que se están entregando de manera directa un millón de chihuahuenses un monto de 7 mil 552 millones de pesos de los programas sociales.

Sin dar mayores detalles de las participaciones y aportaciones. La delegada del Bienestar rechazó que haya una reducción de la 4T a Chihuahua, que al contrario serán más.

Mientras que el gobierno de Chihuahua advirtió vía comparecencia del Secretario de Hacienda, José de Jesús Granillo, que se vienen nuevos recortes para Chihuahua, tan sólo en salud se reportó una reducción de 327 millones de pesos en salud, 3 millones que eran para materiales y medicinas, 1.8 millones para atención al campo y casi 180millones de pesos en previsiones salariales.

Jorge Soto presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado, señaló que la delegada Mayra Chávez está en una realidad alterativa de Morena donde todo es bueno, todo está bien, cuando en la realidad, no hay obras de infraestructura para Chihuahua.


EU tendría en la mira a funcionarios de Chihuahua y el narco

En la reciente columna de Raymundo Riva Palacio para El Financiero del espacio Estrictamente Personal, bajo el título de "La narcopolítica no sólo es morena", menciona que el Departamento de Estado de los Estados Unidos tendría bajo la mira al gobierno de Chihuahua que encabeza Maru Campos.

Riva Palacio realiza una sentencia firme: "La gobernadora Maru Campos no parece haber comprendido los embates estadounidenses contra la narcopolítica, y su falta de ajustes en las áreas judiciales ha creado otra sospecha" y deja en manifiesto que las  investigaciones del gobierno de Estados Unidos contra la narcopolítica han puesto a Chihuahua en el centro de atención, por la supuesta  penetración del crimen organizado en la alta esfera del gobierno estatal.

Refiere que la cancelación de la visa a un alto funcionario de la Fiscalía General del Estado, habría sido parte de las investigaciones que sigue el gobierno estadounidense, que incluso se anticipa que  otro de mayor rango está próximo a perderla.

Según Riva Palacio, cabe la posibilidad de que el gobierno de Donald Trump no se detuviera en revocar la visa de la gobernadora.

Otro de los puntos que aborda son los cambios de la estructura judicial y la sospecha de que dinero ilícito pueda ser inyectado en las campañas para la gubernatura de Chihuahua en 2027.

La molestia de EU y la atención sobre Chihuahua acrecenta al no advertir que no existe cambios en los cargos relevantes, a pesar de presuntas evidencias de vinculación institucional con el crimen organizado.

El gobierno de Estados Unidos cuenta con dos testigos protegidos ante el FBI que detallan el asesinato de cuatro agentes de la Agencia Estatal de Investigación y el delegado del INM en 2022 y que han revelado que existe una abogada de narcos vinculada a un alto funcionario de la fiscalía estatal fue quien puso a los agentes para ser emboscados. Así como  la operación del Cereso número 3 de Ciudad Juárez por  La Línea, que domina aproximadamente el 80% del crimen en el estado y está ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Tras la clasificación de los cárteles como organizaciones terroristas por parte de Trump, ha generado que se confirmen operaciones de contraterrorismo se están manejando desde Fort Bliss en El Paso, bajo la supervisión de Tulsi Gabbard, Directora Nacional de Inteligencia. Participan el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional, demostrando que Estados Unidos está eliminando los límites para enfrentar a los cárteles en la frontera, lo que presiona directamente al gobierno de Chihuahua a actuar.

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