Confiscan más de 2 millones de dólares en armas tras operación policial en Rio de Janeiro que dejó 121 muertos

Durante la reciente megaoperación policial contra el narcotráfico en Rio de Janeiro, la más letal en la historia de Brasil, las autoridades confiscaron más de dos millones de dólares en armas, incluyendo fusiles de guerra de otros países, anunció el gobierno estatal este sábado.

Al menos 117 presuntos delincuentes y cuatro policías murieron en la operación del pasado martes en dos complejos de favelas de Rio contra el Comando Vermelho, uno de los principales grupos criminales del país.

 

El gobierno del estado de Rio de Janeiro anunció "una de las mayores incautaciones" de armamento de guerra en un solo día, con 120 armas, incluyendo 93 fusiles, valoradas en 12.8 millones de reales (unos 2.4 millones de dólares).

Además encontraron municiones, explosivos, drogas, y equipamiento militar.

Según las autoridades, una parte del armamento proviene de otros países como Venezuela, Argentina, Perú, Bélgica, Rusia y Alemania, e incluye modelos usados en zonas de conflicto como el AK-47 o el FAL.

Algunos fusiles pertenecen a fuerzas armadas de diferentes países.

"Estamos ante un arsenal típico de un escenario de guerra", dijo el secretario de la policía civil de Rio de Janeiro, Felipe Curi, citado en un comunicado oficial.

Curi señaló que ahora investigarán las rutas que usan los grupos criminales para llevar esas armas hacia Rio de Janeiro.

La operación policial, que se produjo pocos días antes de que Brasil acoja la COP30 en la ciudad amazónica de Belém, ha levantado críticas de residentes de las favelas de Rio y organismos de derechos humanos por su mano dura.

Sin embargo encuestas publicadas en los últimos días muestran que la mayoría de los brasileños aprueba esta operación, calificada como "un éxito" contra el "narcoterrorismo" por el gobernador del estado, el conservador Cláudio Castro.

Acusado por sectores conservadores de ser laxo en materia de seguridad, el presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva anunció el viernes que presentó al Congreso un proyecto de ley que propone una pena de 30 años de prisión para los miembros de facciones criminales.

El mandatario sancionó el jueves una ley que robustece la lucha contra el crimen organizado, especialmente definiendo como delito la conspiración y obstrucción de acciones contra las organizaciones criminales.

 

 

Con información de: El economista.

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Brillan autoridades por su ausencia en evento de conmemoración al Día del Trabajo 

Llamó la atención que este viernes, en el evento oficial de conmemoración al Día Internacional del Trabajo, autoridades estatales, municipales y legislativas decidieron no participar.

En el evento que pretende conmemorar a los trabajadores de Chihuahua, no hubo ningún funcionario público que apareciera entre el presidium, únicamente estuvo presente el líder sindical Jorge Doroteo Zapata, de la CTM acompañado de los trabajadores. 

Esto se da en un clima de tensión política tras darse a conocer que dos trabajadores estadounidenses, quienes fallecieron en días pasados, estuvieron trabajando en territorio chihuahuense, lo que ha generado críticas hacia el gobierno de Maru Campos  e inclusive han comenzado las investigaciones sobre el actuar del gobierno estatal. 


La oposición le voltea la jugada a la 4T en el Senado

A los morenos en el Senado les voltearon las expresiones hacia la gobernadora Maru Campos por el caso de los agentes estadounidenses que se encontraban trabajando en la Sierra Tarahumara, y es que el día de ayer, tras la acusación formal de Estados Unidos hacia 10 ex funcionarios y funcionarios públicos de Sinaloa, en donde se incluye al actual gobernador, Rubén Rocha Moya, la oposición pidió, que el morenista comparezca ante el legislativo.

Hay que recordar que hace apenas unos días el grupo parlamentario de Morena, incluyendo la notable participación de Enrique Inzunza, que por cierto, aparece en la denuncia de EU, además del padrino político de Andrea Chávez, Adán Augusto López y el ex gobernador Javier Corral, exigieron que tanto la gobernadora Campos, como el ex fiscal César Jáuregui, acudieran a una reunión con los legisladores para explicar porque se encontraban agentes estadounidenses en el estado grande.

Ahora, la oposición les volteó la jugada, y como en su momento la 4T lo hizo con la gobernadora panista, exigieron que el morenista Rubén Rocha también rinda cuentas ante el legislativo, inclusive algunos actores políticos como Ricardo Anaya, manifestaron que están dispuestos a pedirle de nuevo a la mandataria estatal que acuda al Senado para rendir cuentas…

Por lo pronto, el gobernador Rocha sigue reiterando que no renunciará a su puesto y que se trata de una acusación política, mientras,  el PAN anunció que solicitará juicio político contra el morenista, para que sea extraditado lo antes posible a los Estados Unidos.

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