
El gobierno peruano anunció el viernes su intención de solicitar una revisión a las normas sobre el asilo diplomático en la región, después de que México otorgara su protección a la ex primera ministra Betssy Chávez.
Perú rompió el lunes sus relaciones diplomáticas con México, considerando que el asilo otorgado a Chávez constituye una injerencia en sus asuntos internos. Chávez fue procesada por el intento de golpe de Estado en diciembre de 2022 al expresidente Pedro Castillo.
Desde la adopción de la Convención de Caracas de 1954 sobre el asilo diplomático, "se ha constatado (...) un uso indebido de esta norma, calificando a delitos comunes como casos de persecución política", indicó el ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado.
"En ningún caso debe utilizarse para eludir la aplicación de las leyes nacionales, para que personas que han delinquido puedan liberarse de las decisiones judiciales", añade el documento.
Perú planteará ante los países de la OEA una propuesta para modificar el convenio "para evitar que esta tergiversación de su esencia continúe ocurriendo", precisó la Cancillería peruana.
"Reconocemos los tratados internacionales", pero "no nos vamos a pronunciar por ahora" sobre el salvoconducto de Chávez, dijo a la prensa el presidente José Jerí.
Chávez, juzgada desde marzo de 2025 por rebelión, enfrenta una pena de 25 años de prisión. Se encuentra desde el lunes en la residencia de la embajada de México en Lima a la espera de un salvoconducto para salir del país.
El parlamento peruano declaró el jueves a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, "persona non grata" por su "inaceptable injerencia en los asuntos internos" del país.
México rechazó esta acusación, afirmando que "no ha intervenido de ninguna manera en los asuntos internos de Perú".
Las relaciones entre ambos países comenzaron a deteriorarse tras la destitución de Castillo, cuando México otorgó asilo a su esposa y dos hijos.
Desde entonces, ambos gobiernos han retirado a sus embajadores, aunque mantienen sus intercambios comerciales bilaterales.
Con información de: El economista.

Llamó la atención que este viernes, en el evento oficial de conmemoración al Día Internacional del Trabajo, autoridades estatales, municipales y legislativas decidieron no participar.
En el evento que pretende conmemorar a los trabajadores de Chihuahua, no hubo ningún funcionario público que apareciera entre el presidium, únicamente estuvo presente el líder sindical Jorge Doroteo Zapata, de la CTM acompañado de los trabajadores.
Esto se da en un clima de tensión política tras darse a conocer que dos trabajadores estadounidenses, quienes fallecieron en días pasados, estuvieron trabajando en territorio chihuahuense, lo que ha generado críticas hacia el gobierno de Maru Campos e inclusive han comenzado las investigaciones sobre el actuar del gobierno estatal.

A los morenos en el Senado les voltearon las expresiones hacia la gobernadora Maru Campos por el caso de los agentes estadounidenses que se encontraban trabajando en la Sierra Tarahumara, y es que el día de ayer, tras la acusación formal de Estados Unidos hacia 10 ex funcionarios y funcionarios públicos de Sinaloa, en donde se incluye al actual gobernador, Rubén Rocha Moya, la oposición pidió, que el morenista comparezca ante el legislativo.
Hay que recordar que hace apenas unos días el grupo parlamentario de Morena, incluyendo la notable participación de Enrique Inzunza, que por cierto, aparece en la denuncia de EU, además del padrino político de Andrea Chávez, Adán Augusto López y el ex gobernador Javier Corral, exigieron que tanto la gobernadora Campos, como el ex fiscal César Jáuregui, acudieran a una reunión con los legisladores para explicar porque se encontraban agentes estadounidenses en el estado grande.
Ahora, la oposición les volteó la jugada, y como en su momento la 4T lo hizo con la gobernadora panista, exigieron que el morenista Rubén Rocha también rinda cuentas ante el legislativo, inclusive algunos actores políticos como Ricardo Anaya, manifestaron que están dispuestos a pedirle de nuevo a la mandataria estatal que acuda al Senado para rendir cuentas…
Por lo pronto, el gobernador Rocha sigue reiterando que no renunciará a su puesto y que se trata de una acusación política, mientras, el PAN anunció que solicitará juicio político contra el morenista, para que sea extraditado lo antes posible a los Estados Unidos.

Llamó la atención que este viernes, en el evento oficial de conmemoración al Día Internacional del Trabajo, autoridades estatales, municipales y legislativas decidieron no participar.
En el evento que pretende conmemorar a los trabajadores de Chihuahua, no hubo ningún funcionario público que apareciera entre el presidium, únicamente estuvo presente el líder sindical Jorge Doroteo Zapata, de la CTM acompañado de los trabajadores.
Esto se da en un clima de tensión política tras darse a conocer que dos trabajadores estadounidenses, quienes fallecieron en días pasados, estuvieron trabajando en territorio chihuahuense, lo que ha generado críticas hacia el gobierno de Maru Campos e inclusive han comenzado las investigaciones sobre el actuar del gobierno estatal.

A los morenos en el Senado les voltearon las expresiones hacia la gobernadora Maru Campos por el caso de los agentes estadounidenses que se encontraban trabajando en la Sierra Tarahumara, y es que el día de ayer, tras la acusación formal de Estados Unidos hacia 10 ex funcionarios y funcionarios públicos de Sinaloa, en donde se incluye al actual gobernador, Rubén Rocha Moya, la oposición pidió, que el morenista comparezca ante el legislativo.
Hay que recordar que hace apenas unos días el grupo parlamentario de Morena, incluyendo la notable participación de Enrique Inzunza, que por cierto, aparece en la denuncia de EU, además del padrino político de Andrea Chávez, Adán Augusto López y el ex gobernador Javier Corral, exigieron que tanto la gobernadora Campos, como el ex fiscal César Jáuregui, acudieran a una reunión con los legisladores para explicar porque se encontraban agentes estadounidenses en el estado grande.
Ahora, la oposición les volteó la jugada, y como en su momento la 4T lo hizo con la gobernadora panista, exigieron que el morenista Rubén Rocha también rinda cuentas ante el legislativo, inclusive algunos actores políticos como Ricardo Anaya, manifestaron que están dispuestos a pedirle de nuevo a la mandataria estatal que acuda al Senado para rendir cuentas…
Por lo pronto, el gobernador Rocha sigue reiterando que no renunciará a su puesto y que se trata de una acusación política, mientras, el PAN anunció que solicitará juicio político contra el morenista, para que sea extraditado lo antes posible a los Estados Unidos.
