Prohíben a empresas digitales penalizar por cancelar suscripciones
Cancelar un servicio digital dejará de ser un problema. Con la nueva reforma a la Ley Federal de Protección al Consumidor, aprobada por unanimidad en el Senado, las empresas proveedoras de servicios como telefonía móvil, televisión de paga, internet, plataformas de streaming o software ya no podrán imponer plazos forzosos ni penalizaciones económicas a quienes deseen cancelar sus contratos.
El dictamen, que será enviado a la Presidencia de la República para su promulgación en el Diario Oficial de la Federación, establece que los proveedores deberán ofrecer a los consumidores mecanismos de cancelación “inmediata, clara y gratuita”, sin cargos adicionales ni procedimientos complicados.
“El proveedor deberá informar de forma clara, destacada y accesible si el servicio contratado implica cobros automáticos recurrentes, su periodicidad, monto y fecha de cobro. Tales pagos requerirán el consentimiento expreso del consumidor. En caso de renovaciones automáticas, se deberá notificar al menos con cinco días naturales de anticipación, permitiendo la cancelación sin penalización”, detalla la reforma.
La senadora Cynthia López Castro explicó que esta medida busca proteger los derechos de los usuarios ante el crecimiento del comercio electrónico. Recordó que tan solo en 2024, la Profeco recibió más de 20 mil quejas relacionadas con servicios digitales, por suscripciones automáticas o por la imposibilidad de cancelar contratos en plataformas de streaming, servicios de telefonía y software. “Si registrarse en una plataforma toma segundos, cancelar debe tomar lo mismo. Lo fácil no puede ser sólo pagar, también debe ser cancelar”.
El presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Primera, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, destacó que el dictamen representa un avance histórico frente a los abusos del comercio digital. “Se trata de equilibrar la relación entre consumidores y proveedores”.
Para los usuarios, esta reforma representa el fin de años de abusos contractuales. Andrés Torres, usuario de un servicio de televisión e internet, relató que desde marzo intentó cancelar su plan porque el servicio “no era lo que prometían”, pero la empresa le exigía pagar los meses restantes del contrato. “Tuve que aguantarme con un servicio pésimo: el internet lento, los canales muy limitados y los precios altísimos. Si cancelaba antes, me cobraban todo el año restante. Era pagar por algo que no servía. Ahora podré cancelarlo sin que me sigan exprimiendo”.
Otro caso es el de Eduardo Serrano, quien contrató un plan de telefonía móvil a principios del año. Aunque el servicio fue deficiente -sin señal en varias zonas-, no pudo cancelarlo por la penalización. “El proveedor pedía el 20% del monto restante del contrato. Un abuso total. Ahora ya podré cambiarme”.
Con la reforma, los proveedores deberán informar de forma visible y previa sobre las condiciones de renovación, cobros automáticos y periodos de facturación. Además, los consumidores tendrán derecho a cancelar en línea, por teléfono o de manera presencial.
La Profeco tendrá la facultad de sancionar a las empresas que incumplan la ley con multas que podrían alcanzar hasta los tres millones de pesos, dependiendo de la gravedad y reincidencia del caso.
Expertos en derecho digital señalan que esta modificación coloca a México a la par de países como España, Chile o Canadá, donde el principio de “cancelación fácil” ya es una norma obligatoria en plataformas digitales y servicios de telecomunicaciones.
Cambios
- El consumidor podrá decidir libremente cuándo suspender un servicio sin ser castigado económicamente.
- La medida fomenta mayor competencia y mejores servicios, al eliminar los obstáculos que impedían cambiar de proveedor.
Involucrados
- Empresas proveedoras de servicios como telefonía móvil, televisión de paga, internet, plataformas de streaming o software.
Efectos
- El cambio legal beneficiará a millones de usuarios atados a contratos rígidos.
- Según la Asociación de Internet MX, más del 70% de los mexicanos paga al menos una suscripción digital.
- De éstos, 40% ha intentado cancelarla sin éxito.
Quejas o dudas
- Comunicarse al Teléfono del Consumidor de la Profeco: 55-5568-8722 y 800-468-8722.
- Por internet: http://telefonodelconsumidor.gob.mx/.
Con información de Informador.mx
Tips al momento
Quién es el que falta a la razón, ¿Mayra Chávez o Jorge Soto?
Siguiendo con el guion de la 4T, la súper delegada Mayra Chávez dice que no hay recortes de recursos federales para Chihuahua bajo el argumento entre sus datos de que se están entregando de manera directa un millón de chihuahuenses un monto de 7 mil 552 millones de pesos de los programas sociales.
Sin dar mayores detalles de las participaciones y aportaciones. La delegada del Bienestar rechazó que haya una reducción de la 4T a Chihuahua, que al contrario serán más.
Mientras que el gobierno de Chihuahua advirtió vía comparecencia del Secretario de Hacienda, José de Jesús Granillo, que se vienen nuevos recortes para Chihuahua, tan sólo en salud se reportó una reducción de 327 millones de pesos en salud, 3 millones que eran para materiales y medicinas, 1.8 millones para atención al campo y casi 180millones de pesos en previsiones salariales.
Jorge Soto presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado, señaló que la delegada Mayra Chávez está en una realidad alterativa de Morena donde todo es bueno, todo está bien, cuando en la realidad, no hay obras de infraestructura para Chihuahua.
EU tendría en la mira a funcionarios de Chihuahua y el narco
En la reciente columna de Raymundo Riva Palacio para El Financiero del espacio Estrictamente Personal, bajo el título de "La narcopolítica no sólo es morena", menciona que el Departamento de Estado de los Estados Unidos tendría bajo la mira al gobierno de Chihuahua que encabeza Maru Campos.
Riva Palacio realiza una sentencia firme: "La gobernadora Maru Campos no parece haber comprendido los embates estadounidenses contra la narcopolítica, y su falta de ajustes en las áreas judiciales ha creado otra sospecha" y deja en manifiesto que las investigaciones del gobierno de Estados Unidos contra la narcopolítica han puesto a Chihuahua en el centro de atención, por la supuesta penetración del crimen organizado en la alta esfera del gobierno estatal.
Refiere que la cancelación de la visa a un alto funcionario de la Fiscalía General del Estado, habría sido parte de las investigaciones que sigue el gobierno estadounidense, que incluso se anticipa que otro de mayor rango está próximo a perderla.
Según Riva Palacio, cabe la posibilidad de que el gobierno de Donald Trump no se detuviera en revocar la visa de la gobernadora.
Otro de los puntos que aborda son los cambios de la estructura judicial y la sospecha de que dinero ilícito pueda ser inyectado en las campañas para la gubernatura de Chihuahua en 2027.
La molestia de EU y la atención sobre Chihuahua acrecenta al no advertir que no existe cambios en los cargos relevantes, a pesar de presuntas evidencias de vinculación institucional con el crimen organizado.
El gobierno de Estados Unidos cuenta con dos testigos protegidos ante el FBI que detallan el asesinato de cuatro agentes de la Agencia Estatal de Investigación y el delegado del INM en 2022 y que han revelado que existe una abogada de narcos vinculada a un alto funcionario de la fiscalía estatal fue quien puso a los agentes para ser emboscados. Así como la operación del Cereso número 3 de Ciudad Juárez por La Línea, que domina aproximadamente el 80% del crimen en el estado y está ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Tras la clasificación de los cárteles como organizaciones terroristas por parte de Trump, ha generado que se confirmen operaciones de contraterrorismo se están manejando desde Fort Bliss en El Paso, bajo la supervisión de Tulsi Gabbard, Directora Nacional de Inteligencia. Participan el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional, demostrando que Estados Unidos está eliminando los límites para enfrentar a los cárteles en la frontera, lo que presiona directamente al gobierno de Chihuahua a actuar.
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