
Un responsable de la agencia de refugiados de la ONU pidió este jueves a Estados Unidos que no endurezca su política de inmigración hacia los afganos tras el tiroteo contra dos soldados de la Guardia Nacional cerca de la Casa Blanca.
Según medios estadounidenses, el sospechoso del tiroteo del miércoles era un afgano que trabajó en las fuerzas estadounidenses en Afganistán y que hace cuatro años emigró a Estados Unidos.
El presidente Donald Trump condenó el tiroteo y pidió a su administración que "reexamine" la situación de todas las personas que llegaron a Estados Unidos desde Afganistán durante la administración de Joe Biden.
"Es un crimen atroz del que se acusa a esta persona y, si es cierto, como parece ser el caso, ciertamente lo condenamos", dijo Arafat Jamal, jefe de la agencia de refugiados de la ONU (ACNUR) en Kabul.
Agregó que esperaba que el incidente "no afecte a otros afganos, solicitantes de asilo ni refugiados" en Estados Unidos.
"Me preocupa ver cómo los medios enfatizan constantemente su origen afgano", comentó durante una visita a Bruselas para reunirse con funcionarios de la Unión Europea.
Añadió que esperaba que esto no "tiña la imagen de muchos afganos en Estados Unidos y en otros países que apoyaron lealmente a los estadounidenses durante su tiempo en Afganistán".
La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, indicó que el sospechoso se benefició de un programa implementado por la administración Biden para ayudar a los afganos que trabajaron con los estadounidenses tras la llegada al poder de los talibanes en 2021.
Con información de: El economista.

Para algunos, debería ser un escándalo que se cocinen en las oficinas de la SEGOB los acuerdos legislativos, lo que implica una invasión y sometimiento al poder Ejecutivo.
Así ocurrió con el llamado "Plan B" de la Ley Maduro.
Fueron más de 12 horas de negociaciones en la Secretaría de Gobernación, entre Morena el Partido del Trabajo (PT) y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM)
Las gestiones para alcanzar el acuerdo fueron encabezadas por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, con la participación de la consejera jurídica de la Presidencia, Esthela Damián, y del coordinador general de Política y Gobierno de la Presidencia, Arturo Zaldívar.
El Plan B: incluye:1. Recortes a Congresos locales 2. Recortes a los Ayuntamientos 3. Someter a consulta temas electorales 4. Adelantar la revocación de mandato para 2027

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