
Autoridades de Nicaragua excarcelaron el sábado a unos 40 opositores presos, quienes ahora permanecerán privados de libertad en sus casas y deberán reportarse regularmente a la policía, dijeron a Reuters dos activistas políticos del país centroamericano.
Alfredo Gutiérrez, coordinador del partido Liberales Nicaragua, formado en el exilio, dijo que dos activistas liberales identificados como Alejandro Hurtado y Valmore Valladares, están entre los excarcelados.
Gutiérrez criticó el hecho de que ambos excarcelados de su partido no han quedado en total libertad, sino que se les obligará a presentarse diariamente en la estación de policía en las localidades donde residen.
Por su parte, Ana Margarita Vijil, del partido opositor Unamos, dijo que la organización supo de la excarcelación de unas 40 personas, a las que sus familias no habían visto por meses y hasta años.
"Todavía hay decenas de personas desaparecidas en manos del régimen de Nicaragua", agregó Vijil, quien estuvo presa entre 2021 y 2023, y fue desterrada a Estados Unidos junto a otros 221 opositores excarcelados.
Nicaragua vive una crisis política desde abril de 2018, cuando una ola de protestas sociales fue brutalmente reprimida por policías y paramilitares, dejando unos 350 muertos, más de 2,000 heridos y cientos de miles de exiliados. Desde entonces, se han producido centenas de arrestos de opositores y la ONU pidió en octubre al gobierno de Daniel Ortega informar el paradero de 120 detenidos que consideraba "desaparecidos".
Con información de: El economista.

Para algunos, debería ser un escándalo que se cocinen en las oficinas de la SEGOB los acuerdos legislativos, lo que implica una invasión y sometimiento al poder Ejecutivo.
Así ocurrió con el llamado "Plan B" de la Ley Maduro.
Fueron más de 12 horas de negociaciones en la Secretaría de Gobernación, entre Morena el Partido del Trabajo (PT) y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM)
Las gestiones para alcanzar el acuerdo fueron encabezadas por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, con la participación de la consejera jurídica de la Presidencia, Esthela Damián, y del coordinador general de Política y Gobierno de la Presidencia, Arturo Zaldívar.
El Plan B: incluye:1. Recortes a Congresos locales 2. Recortes a los Ayuntamientos 3. Someter a consulta temas electorales 4. Adelantar la revocación de mandato para 2027

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