
La Auditoría Superior del Estado (ASE) acreditó la responsabilidad administrativa y logró la inhabilitación por ocho años de M.A.M.M., representante legal de la empresa AMERKA S.A. de C.V., por falsear información para obtener un contrato de 41.2 millones de pesos de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua (JMAS).
La empresa ganó el contrato al participar en una licitación convocada por la JMAS, sin embargo, al hacer la revisión de la Cuenta Pública 2020, la Auditoría Superior encontró que para lograrlo utilizó una falsa “Opinión Positiva de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales”, documento que debe ser emitido por el Servicio de Administración Tributaria para certificar que está al corriente en el pago de sus impuestos.
Al encontrar la irregularidad, la ASE remitió el expediente al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA), ante quien se pudo comprobar la responsabilidad del ahora sancionado.
En su resolución, la Cuarta Sala Unitaria Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas consideró plenamente acreditada la responsabilidad de M.A.M.M. por la falta grave de utilización de información falsa, tipificada por la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
La resolución notificada a la ASE señala también que sin la utilización del documento apócrifo, la empresa no hubiera podido siquiera participar en la licitación de la que salió ganadora.
Por lo anterior, el TEJA dictó la sanción que inhabilita al particular responsable de la empresa por un periodo de ocho años para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas.

Para algunos, debería ser un escándalo que se cocinen en las oficinas de la SEGOB los acuerdos legislativos, lo que implica una invasión y sometimiento al poder Ejecutivo.
Así ocurrió con el llamado "Plan B" de la Ley Maduro.
Fueron más de 12 horas de negociaciones en la Secretaría de Gobernación, entre Morena el Partido del Trabajo (PT) y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM)
Las gestiones para alcanzar el acuerdo fueron encabezadas por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, con la participación de la consejera jurídica de la Presidencia, Esthela Damián, y del coordinador general de Política y Gobierno de la Presidencia, Arturo Zaldívar.
El Plan B: incluye:1. Recortes a Congresos locales 2. Recortes a los Ayuntamientos 3. Someter a consulta temas electorales 4. Adelantar la revocación de mandato para 2027

Para algunos, debería ser un escándalo que se cocinen en las oficinas de la SEGOB los acuerdos legislativos, lo que implica una invasión y sometimiento al poder Ejecutivo.
Así ocurrió con el llamado "Plan B" de la Ley Maduro.
Fueron más de 12 horas de negociaciones en la Secretaría de Gobernación, entre Morena el Partido del Trabajo (PT) y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM)
Las gestiones para alcanzar el acuerdo fueron encabezadas por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, con la participación de la consejera jurídica de la Presidencia, Esthela Damián, y del coordinador general de Política y Gobierno de la Presidencia, Arturo Zaldívar.
El Plan B: incluye:1. Recortes a Congresos locales 2. Recortes a los Ayuntamientos 3. Someter a consulta temas electorales 4. Adelantar la revocación de mandato para 2027
