Reforma a Ley de Aguas sin cambios de fondo, sigue criminalización del productor: Mario Vázquez

 

–Reasignaciones burocráticas sustituyen transmisiones automáticas.

–Se requieren 130 mil millones para agua potable y 65 mil millones para agua agrícola en 10 años continuos.

En relación con las modificaciones a la Ley de Aguas Nacionales, el senador Mario Vázquez advirtió que la iniciativa del Ejecutivo Federal representa un retroceso para el campo: sustituye las transmisiones automáticas —un principio que por décadas dio certeza jurídica a los productores— por un modelo de reasignaciones burocráticas.

“En la última versión, fechada el 28 de noviembre, se elimina la regla histórica de que el agua acompaña a la tierra y la reemplaza por un esquema sujeto a trámites, tiempos inciertos y al criterio discrecional de la autoridad”, acusó el legislador por Chihuahua.

Los productores y campesinos —subrayó— deben ser escuchados a tiempo, pues hacerlo permitiría prevenir una posible crisis o el surgimiento de nuevas protestas que podrían escalar, como ya ocurrió en semanas recientes.

“Eso no es certeza para el productor: es incertidumbre. Y la incertidumbre en el campo se traduce en riesgo para la producción y riesgo para el patrimonio. Para que haya verdadera certeza de que en el país habrá agua potable y el campo cuente con agua agrícola, se requieren inversiones reales”, señaló.

Mario Vázquez precisó que las inversiones necesarias alcanzan los 130 mil millones de pesos para garantizar agua potable y 65 mil millones de pesos adicionales para fortalecer el agua agrícola, durante diez años continuos, según recomendación del Banco Interamericano de Desarrollo. Sin ese financiamiento —advirtió— no hay manera de resolver el binomio tierra-agua, no hay modernización del riego y no hay futuro para la producción de alimentos en México.

“Y lo peor: sin compromiso real de presupuesto no hay agua potable, no hay mejores sistemas de riego y tampoco hay futuro. Sin recursos, cualquier reforma se queda en papel. Sin un presupuesto real, ninguna ley —por más bien diseñada que parezca— puede funcionar”, sostuvo.

El senador recordó que el binomio tierra-agua sigue sin resolverse tanto en Chihuahua, su estado, como en el resto del país, y que sin una inversión seria no es posible fortalecer la producción de alimentos ni mantener vivo el campo.

El legislador por Chihuahua fue más allá al denunciar que la iniciativa profundiza la centralización: más decisiones desde el centro, más cuello de botella, más retrasos y menos atención al campo. “Ya sabemos cómo termina eso: el productor siempre paga los platos rotos y los costos”, advirtió.

También denunció que persiste la criminalización del productor, pues un bordo, un presón, una pequeña represa o incluso acciones para recargar el acuífero pueden clasificarse como infracciones o delitos. “Como si el productor agropecuario que usa bien su agua fuera el problema. Eso no es justo”, enfatizó.

Mario Vázquez recordó que los productores ya hablaron, han mostrado su preocupación y han levantado la voz una y otra vez, pero el gobierno ha escuchado poco. Por ello, reconoció las movilizaciones que algunos mantienen para defender su patrimonio y el futuro del campo y de la producción de alimentos en México.

Finalmente, el senador envió un mensaje a los productores y agricultores del país: “Desde el Senado estamos para defender el agua que les corresponde, con reglas claras y sin titubeos, haciendo valer el derecho humano al agua y el derecho a producir”.

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Planchado en la SEGOB

Para algunos, debería ser un escándalo que se cocinen en las oficinas de la SEGOB los acuerdos legislativos, lo que implica una invasión y sometimiento al poder Ejecutivo.

Así ocurrió con el llamado "Plan B" de la Ley Maduro. 

Fueron más de 12 horas de negociaciones en la Secretaría de Gobernación, entre Morena el Partido del Trabajo (PT) y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) 

Las gestiones para alcanzar el acuerdo fueron encabezadas por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, con la participación de la consejera jurídica de la Presidencia, Esthela Damián, y del coordinador general de Política y Gobierno de la Presidencia, Arturo Zaldívar.

El Plan B: incluye:1. Recortes a Congresos locales 2. Recortes a los Ayuntamientos 3. Someter a consulta temas electorales 4. Adelantar la revocación de mandato para 2027

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