
Un avión procedente de Estados Unidos llegó el viernes al principal aeropuerto de Venezuela con 172 deportados, en momentos en que el país quedó prácticamente aislado con la suspensión masiva de vuelos internacionales tras una alerta de seguridad aérea estadounidense.
Los vuelos de deportación que comenzaron en febrero para repatriar a migrantes venezolanos fueron suspendidos brevemente luego que el presidente Donald Trump escribiera el domingo en su red social que el espacio aéreo sobre Venezuela estaba "cerrado en su totalidad".
La medida se tomó en medio de una crisis entre Caracas y Washington, que ejecuta desde agosto un despliegue en el Caribe que incluye al portaviones más grande del mundo en su lucha contra el narcotráfico.
Un primer avión de matrícula estadounidense llegó el miércoles con 266 venezolanos.
El gobierno de Venezuela dijo que en el vuelo proveniente de Phoenix, Arizona, viajaron cinco niños, 26 mujeres y 141 hombres. Con esto suman 18,260 venezolanos repatriados en lo que va de 2025.
Del total, 14,579 corresponden a deportados desde Estados Unidos.
La Administración Federal de Aviación (FAA) estadounidense pidió el pasado 21 de noviembre "extremar precauciones" al sobrevolar Venezuela y el sur del Caribe.
Casi la totalidad de aerolíneas internacionales suspendieron operaciones por razones de "seguridad" y por "intermitencias en señales de navegación", lo que dejó a Venezuela prácticamente aislada.
Trump ordenó en agosto un despliegue con buques y aviones militares en el Caribe bajo el argumento de la lucha antinarcóticos. El mandatario venezolano, Nicolás Maduro, afirma que las maniobras militares de Estados Unidos buscan forzar un "cambio de régimen" en el país y apoderarse de sus cuantiosas reservas de crudo.
Fuerzas militares estadounidenses han bombardeado desde el pasado 2 de septiembre unas 21 embarcaciones en el Caribe y en el Pacífico supuestamente vinculadas al narcotráfico. Los ataques han dejado al menos 87 muertos.
Venezuela cuestiona los bombardeos a embarcaciones al tacharlos de "ejecuciones extrajudiciales".
Con información de: El economista.

Llamó la atención que este viernes, en el evento oficial de conmemoración al Día Internacional del Trabajo, autoridades estatales, municipales y legislativas decidieron no participar.
En el evento que pretende conmemorar a los trabajadores de Chihuahua, no hubo ningún funcionario público que apareciera entre el presidium, únicamente estuvo presente el líder sindical Jorge Doroteo Zapata, de la CTM acompañado de los trabajadores.
Esto se da en un clima de tensión política tras darse a conocer que dos trabajadores estadounidenses, quienes fallecieron en días pasados, estuvieron trabajando en territorio chihuahuense, lo que ha generado críticas hacia el gobierno de Maru Campos e inclusive han comenzado las investigaciones sobre el actuar del gobierno estatal.

A los morenos en el Senado les voltearon las expresiones hacia la gobernadora Maru Campos por el caso de los agentes estadounidenses que se encontraban trabajando en la Sierra Tarahumara, y es que el día de ayer, tras la acusación formal de Estados Unidos hacia 10 ex funcionarios y funcionarios públicos de Sinaloa, en donde se incluye al actual gobernador, Rubén Rocha Moya, la oposición pidió, que el morenista comparezca ante el legislativo.
Hay que recordar que hace apenas unos días el grupo parlamentario de Morena, incluyendo la notable participación de Enrique Inzunza, que por cierto, aparece en la denuncia de EU, además del padrino político de Andrea Chávez, Adán Augusto López y el ex gobernador Javier Corral, exigieron que tanto la gobernadora Campos, como el ex fiscal César Jáuregui, acudieran a una reunión con los legisladores para explicar porque se encontraban agentes estadounidenses en el estado grande.
Ahora, la oposición les volteó la jugada, y como en su momento la 4T lo hizo con la gobernadora panista, exigieron que el morenista Rubén Rocha también rinda cuentas ante el legislativo, inclusive algunos actores políticos como Ricardo Anaya, manifestaron que están dispuestos a pedirle de nuevo a la mandataria estatal que acuda al Senado para rendir cuentas…
Por lo pronto, el gobernador Rocha sigue reiterando que no renunciará a su puesto y que se trata de una acusación política, mientras, el PAN anunció que solicitará juicio político contra el morenista, para que sea extraditado lo antes posible a los Estados Unidos.

Llamó la atención que este viernes, en el evento oficial de conmemoración al Día Internacional del Trabajo, autoridades estatales, municipales y legislativas decidieron no participar.
En el evento que pretende conmemorar a los trabajadores de Chihuahua, no hubo ningún funcionario público que apareciera entre el presidium, únicamente estuvo presente el líder sindical Jorge Doroteo Zapata, de la CTM acompañado de los trabajadores.
Esto se da en un clima de tensión política tras darse a conocer que dos trabajadores estadounidenses, quienes fallecieron en días pasados, estuvieron trabajando en territorio chihuahuense, lo que ha generado críticas hacia el gobierno de Maru Campos e inclusive han comenzado las investigaciones sobre el actuar del gobierno estatal.

A los morenos en el Senado les voltearon las expresiones hacia la gobernadora Maru Campos por el caso de los agentes estadounidenses que se encontraban trabajando en la Sierra Tarahumara, y es que el día de ayer, tras la acusación formal de Estados Unidos hacia 10 ex funcionarios y funcionarios públicos de Sinaloa, en donde se incluye al actual gobernador, Rubén Rocha Moya, la oposición pidió, que el morenista comparezca ante el legislativo.
Hay que recordar que hace apenas unos días el grupo parlamentario de Morena, incluyendo la notable participación de Enrique Inzunza, que por cierto, aparece en la denuncia de EU, además del padrino político de Andrea Chávez, Adán Augusto López y el ex gobernador Javier Corral, exigieron que tanto la gobernadora Campos, como el ex fiscal César Jáuregui, acudieran a una reunión con los legisladores para explicar porque se encontraban agentes estadounidenses en el estado grande.
Ahora, la oposición les volteó la jugada, y como en su momento la 4T lo hizo con la gobernadora panista, exigieron que el morenista Rubén Rocha también rinda cuentas ante el legislativo, inclusive algunos actores políticos como Ricardo Anaya, manifestaron que están dispuestos a pedirle de nuevo a la mandataria estatal que acuda al Senado para rendir cuentas…
Por lo pronto, el gobernador Rocha sigue reiterando que no renunciará a su puesto y que se trata de una acusación política, mientras, el PAN anunció que solicitará juicio político contra el morenista, para que sea extraditado lo antes posible a los Estados Unidos.
