Exlíder interino de Corea del Sur es acusado por imposición de ley marcial

SEÚL (AP) — El exlíder interino de Corea del Sur, Choi Sang-mok, fue acusado el jueves de cargos relacionados con la breve imposición de la ley marcial en diciembre de 2024 por el entonces presidente Yoon Suk Yeol, convirtiéndose en la última figura de alto perfil involucrada en problemas legales por el caso.

Choi es uno de los tres principales funcionarios de la administración de Yoon que sirvieron como presidentes interinos durante momentos de crisis política causada por la declaración de ley marcial.

Yoon está ahora en la cárcel mientras enfrenta un juicio penal por cargos de rebelión. Docenas de altos funcionarios y comandantes militares de la administración de Yoon también han sido arrestados, acusados o investigados por sus roles en la ley marcial y otras acusaciones.

El jueves, un equipo de investigación liderado por el fiscal independiente Cho Eun-suk acusó a Choi de incumplimiento del deber por no restaurar completamente los tres asientos vacantes en el Tribunal Constitucional de nueve miembros, que estaba deliberando si destituir a Yoon.

Restaurar el tribunal a su plena capacidad se veía como un movimiento que podría aumentar las perspectivas de destitución de Yoon, ya que un fallo del tribunal para destituirlo necesitaba el apoyo de al menos seis jueces. Choi, quien fue viceprimer ministro y ministro de finanzas de Yoon, nombró a dos nuevos jueces pero dejó un noveno asiento vacante, citando la falta de acuerdo bipartidista cuando se convirtió en presidente interino.

En abril, los ocho jueces del tribunal decidieron unánimemente expulsar a Yoon del cargo.

El equipo de Cho también acusó a otro exlíder interino, Han Duck-soo, del mismo cargo de incumplimiento del deber, según informó la asistente del fiscal especial Park Ji-young en una rueda de prensa. Han, quien sirvió como primer ministro de Yoon, el puesto número dos, ya había sido acusado en agosto de los cargos más graves de ayudar a la imposición de la ley marcial de Yoon.

El equipo de Cho acusó a Han de intentar impulsar el decreto de ley marcial de Yoon a través de una reunión del Consejo de Gabinete para darle legitimidad procesal. Han ha sostenido que le dijo a Yoon que se oponía a su plan de ley marcial.

Park dijo que otras cinco personas, incluido el ministro de justicia de Yoon, también fueron acusadas el jueves de varios cargos relacionados con la crisis de la ley marcial. Dijo que Choi enfrenta cargos de perjurio también por sus comentarios hechos en el juicio de Han.

Las investigaciones sobre la imposición de la ley marcial por parte de Yoon fueron una de las tres investigaciones de fiscales independientes dirigidas a Yoon, su esposa y asociados. Estas investigaciones fueron aprobadas por el nuevo presidente Lee Jae Myung, quien ganó una elección anticipada en junio provocada por la destitución de Yoon.

En agosto, la esposa de Yoon, Kim Keon Hee, fue arrestada y acusada de violar las leyes de mercado financiero y financiamiento político y recibir sobornos. La líder de 82 años de la Iglesia de la Unificación, Hak Ja Han, fue arrestada y acusada posteriormente por alegaciones de que instruyó a funcionarios de la iglesia para sobornar a un legislador cercano a Yoon.

El escándalo involucrando a la Iglesia de la Unificación ha sacudido a Corea del Sur, con medios locales especulando que algunos políticos prominentes, incluidos algunos de la administración de Lee, también podrían haber recibido dinero de la iglesia.

El jueves, el ministro de Océanos, Chun Jae-soo, negó cualquier acusación de soborno pero ofreció renunciar, sugiriendo que no quería ser una carga para la administración de Lee. Lee aceptó la oferta de renuncia de Chun más tarde el jueves.

A principios de esta semana, Lee pidió una investigación exhaustiva sobre las acusaciones que involucran a políticos y un grupo religioso, sin mencionar a la Unificación por su nombre.

Con información de Proceso. 

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Brillan autoridades por su ausencia en evento de conmemoración al Día del Trabajo 

Llamó la atención que este viernes, en el evento oficial de conmemoración al Día Internacional del Trabajo, autoridades estatales, municipales y legislativas decidieron no participar.

En el evento que pretende conmemorar a los trabajadores de Chihuahua, no hubo ningún funcionario público que apareciera entre el presidium, únicamente estuvo presente el líder sindical Jorge Doroteo Zapata, de la CTM acompañado de los trabajadores. 

Esto se da en un clima de tensión política tras darse a conocer que dos trabajadores estadounidenses, quienes fallecieron en días pasados, estuvieron trabajando en territorio chihuahuense, lo que ha generado críticas hacia el gobierno de Maru Campos  e inclusive han comenzado las investigaciones sobre el actuar del gobierno estatal. 


La oposición le voltea la jugada a la 4T en el Senado

A los morenos en el Senado les voltearon las expresiones hacia la gobernadora Maru Campos por el caso de los agentes estadounidenses que se encontraban trabajando en la Sierra Tarahumara, y es que el día de ayer, tras la acusación formal de Estados Unidos hacia 10 ex funcionarios y funcionarios públicos de Sinaloa, en donde se incluye al actual gobernador, Rubén Rocha Moya, la oposición pidió, que el morenista comparezca ante el legislativo.

Hay que recordar que hace apenas unos días el grupo parlamentario de Morena, incluyendo la notable participación de Enrique Inzunza, que por cierto, aparece en la denuncia de EU, además del padrino político de Andrea Chávez, Adán Augusto López y el ex gobernador Javier Corral, exigieron que tanto la gobernadora Campos, como el ex fiscal César Jáuregui, acudieran a una reunión con los legisladores para explicar porque se encontraban agentes estadounidenses en el estado grande.

Ahora, la oposición les volteó la jugada, y como en su momento la 4T lo hizo con la gobernadora panista, exigieron que el morenista Rubén Rocha también rinda cuentas ante el legislativo, inclusive algunos actores políticos como Ricardo Anaya, manifestaron que están dispuestos a pedirle de nuevo a la mandataria estatal que acuda al Senado para rendir cuentas…

Por lo pronto, el gobernador Rocha sigue reiterando que no renunciará a su puesto y que se trata de una acusación política, mientras,  el PAN anunció que solicitará juicio político contra el morenista, para que sea extraditado lo antes posible a los Estados Unidos.

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