
El diputado por el Partido Acción Nacional (PAN), Carlos Olson, presentó un Punto de Acuerdo para que el Gobierno Federal investigue posibles irregularidades en la entrega de concesiones de agua y cambios de uso de suelo durante administraciones anteriores de CONAGUA y SEMARNAT en Chihuahua, particularmente en el periodo en el que una diputada de Morena ocupó responsabilidades federales en materia ambiental.
Olson señaló que las recientes acusaciones del Ejecutivo Federal sobre pozos irregulares en el estado deben pasar del discurso a la investigación formal, seria y transparente, porque el agua es un recurso estratégico para las familias y productores de Chihuahua.
Recordó que diversos sectores han denunciado que, durante la gestión de la diputada de Morena, se habrían autorizado cambios de uso de suelo y permisos ambientales sin cumplir requisitos técnicos, lo que pudo haber beneficiado a intereses particulares y generado desequilibrios en la disponibilidad del recurso.
“En Chihuahua no puede existir un ‘cártel del agua’. La ciudadanía merece claridad y legalidad en el manejo de sus recursos,” afirmó Olson.
El legislador subrayó que este llamado no busca perseguir políticamente a nadie, sino proteger a los productores, garantizar la transparencia y evitar que el agua se utilice como un instrumento de poder o de presión política.

Para algunos, debería ser un escándalo que se cocinen en las oficinas de la SEGOB los acuerdos legislativos, lo que implica una invasión y sometimiento al poder Ejecutivo.
Así ocurrió con el llamado "Plan B" de la Ley Maduro.
Fueron más de 12 horas de negociaciones en la Secretaría de Gobernación, entre Morena el Partido del Trabajo (PT) y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM)
Las gestiones para alcanzar el acuerdo fueron encabezadas por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, con la participación de la consejera jurídica de la Presidencia, Esthela Damián, y del coordinador general de Política y Gobierno de la Presidencia, Arturo Zaldívar.
El Plan B: incluye:1. Recortes a Congresos locales 2. Recortes a los Ayuntamientos 3. Someter a consulta temas electorales 4. Adelantar la revocación de mandato para 2027

Para algunos, debería ser un escándalo que se cocinen en las oficinas de la SEGOB los acuerdos legislativos, lo que implica una invasión y sometimiento al poder Ejecutivo.
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