Juez cuestiona pedido de Bolsonaro para salir de prisión a operarse

Un juez de la corte suprema de Brasil puso en duda este jueves la validez de un pedido del expresidente Jair Bolsonaro para salir de prisión para someterse a cirugías y ordenó evaluar su condición médica.

Bolsonaro, de 70 años, purga una pena de 27 años de cárcel por intentar un golpe de Estado en 2022 contra su sucesor, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva. El martes la defensa del exmandatario solicitó permiso para que sus médicos le practiquen dos intervenciones de "inmediato" debido al deterioro de su estado de salud.

En respuesta, el magistrado Alexandre de Moraes señaló "que los exámenes médicos presentados por la defensa no están actualizados". "El más reciente se realizó hace tres meses, sin que los médicos indicaran en ese momento la necesidad de intervención quirúrgica inmediata", señaló Moraes en un documento obtenido por la AFP.

También recordó que el 22 de noviembre, cuando ingresó a prisión en Brasilia, Bolsonaro fue sometido a "un examen médico forense, en el cual no se registró ninguna condición médica que indicara la necesidad de intervención quirúrgica inmediata".

El juez ordenó que la policía practique "un examen médico oficial" en los próximos 15 días "para evaluar la necesidad de intervención quirúrgica inmediata indicada por la defensa" de Bolsonaro. El expresidente (2019-2022) estaba en detención domiciliaria y fue enviado a la cárcel por riesgo de fuga luego de intentar quemar la tobillera que controlaba su ubicación.

Los abogados de Bolsonaro pidieron autorización para dos procedimientos: un "bloqueo anestésico del nervio frénico" para tratar un hipo recurrente, y una cirugía para reparar una hernia inguinal. Ambas intervenciones requieren hospitalización de cinco a siete días y anestesia general, dijeron.

El líder ultraderechista sufre secuelas permanentes de una puñalada en el vientre que recibió en 2018 durante un acto de campaña para las elecciones presidenciales. La defensa también pidió que Bolsonaro regrese a prisión domiciliaria "humanitaria" por su estado de salud.

"Tiene que pagar"

Mientras tanto, el parlamento tramita un proyecto de ley que podría reducir la prisión de Bolsonaro a dos años y cuatro meses. La iniciativa fue aprobada el miércoles en la Cámara baja luego de un debate caótico que llegó a los empujones. El Senado va a evaluar el proyecto a partir del próximo miércoles.

Los parlamentarios bolsonaristas insisten en pedir una amnistía total para el líder ultraderechista, y consideran la rebaja de penas como un primer paso en esa dirección. En caso de que sea aprobada por el Senado, Lula podría vetar la ley.

"Vamos a ver qué pasa, cuando llegue a mi escritorio, tomaré la decisión", afirmó Lula este jueves al ser preguntado sobre un posible veto presidencial a la rebaja de penas. Bolsonaro "tiene que pagar por la tentativa de golpe de Estado, por intentar destruir la democracia en este país", dijo Lula en entrevista con un canal de TV local.

La trama golpista consistió en poner en duda la transparencia de las elecciones de 2022 para declarar un estado de excepción e impedir la asunción de Lula. Fracasó por falta de apoyo de los altos mandos militares.

El proyecto que estudia el parlamento también beneficiaría a un centenar de bolsonaristas condenados por la asonada contra las sedes de los poderes públicos del 8 de enero de 2023 en Brasilia.

Lula recordó que la conspiración liderada por Bolsonaro contemplaba matarlo a él, a su vicepresidente, Geraldo Alckmin, y a un juez de la corte suprema. "No estaba bromeando. Tenía un plan urdido para matarme a mí, matar a Alckmin, matar a Alexandre de Moraes", enfatizó.

 

 

Con información de: El economista.

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Brillan autoridades por su ausencia en evento de conmemoración al Día del Trabajo 

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En el evento que pretende conmemorar a los trabajadores de Chihuahua, no hubo ningún funcionario público que apareciera entre el presidium, únicamente estuvo presente el líder sindical Jorge Doroteo Zapata, de la CTM acompañado de los trabajadores. 

Esto se da en un clima de tensión política tras darse a conocer que dos trabajadores estadounidenses, quienes fallecieron en días pasados, estuvieron trabajando en territorio chihuahuense, lo que ha generado críticas hacia el gobierno de Maru Campos  e inclusive han comenzado las investigaciones sobre el actuar del gobierno estatal. 


La oposición le voltea la jugada a la 4T en el Senado

A los morenos en el Senado les voltearon las expresiones hacia la gobernadora Maru Campos por el caso de los agentes estadounidenses que se encontraban trabajando en la Sierra Tarahumara, y es que el día de ayer, tras la acusación formal de Estados Unidos hacia 10 ex funcionarios y funcionarios públicos de Sinaloa, en donde se incluye al actual gobernador, Rubén Rocha Moya, la oposición pidió, que el morenista comparezca ante el legislativo.

Hay que recordar que hace apenas unos días el grupo parlamentario de Morena, incluyendo la notable participación de Enrique Inzunza, que por cierto, aparece en la denuncia de EU, además del padrino político de Andrea Chávez, Adán Augusto López y el ex gobernador Javier Corral, exigieron que tanto la gobernadora Campos, como el ex fiscal César Jáuregui, acudieran a una reunión con los legisladores para explicar porque se encontraban agentes estadounidenses en el estado grande.

Ahora, la oposición les volteó la jugada, y como en su momento la 4T lo hizo con la gobernadora panista, exigieron que el morenista Rubén Rocha también rinda cuentas ante el legislativo, inclusive algunos actores políticos como Ricardo Anaya, manifestaron que están dispuestos a pedirle de nuevo a la mandataria estatal que acuda al Senado para rendir cuentas…

Por lo pronto, el gobernador Rocha sigue reiterando que no renunciará a su puesto y que se trata de una acusación política, mientras,  el PAN anunció que solicitará juicio político contra el morenista, para que sea extraditado lo antes posible a los Estados Unidos.

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