
Un juez de Bolivia ordenó este viernes la reclusión preventiva del expresidente izquierdista Luis Arce en una prisión de La Paz por cinco meses, mientras la fiscalía investiga su presunta participación en un caso de corrupción.
Arce, un economista de 62 años, fue detenido el miércoles tras dejar el poder el 8 de noviembre, con lo que terminó una era de 20 años de gobiernos socialistas iniciados por el líder indígena Evo Morales.
A Arce se le imputan los delitos de "incumplimiento de deberes" y "conducta antieconómica".
Según la fiscalía, cuando era ministro de Economía de Morales (2006-2019) autorizó transferencias de dinero público a cuentas de dirigentes campesinos para el desarrollo de proyectos agrícolas que quedaron inconclusos.
"El señor Luis Alberto Arce Catacora deberá de defenderse con una medida extrema de detención preventiva (...) por el tiempo de cinco meses", dispuso el juez Elmer Laura, durante la audiencia virtual que duró casi seis horas.
Ahora deberá permanecer por lo menos hasta mayo de 2026 en el penal de San Pedro, para presos comunes, en el centro de La Paz, durante la investigación.
El juez impuso una medida más severa que la solicitada por la fiscalía, que había pedido tres meses de prisión preventiva.
Arce siguió la diligencia desde una oficina en una dependencia policial en La Paz, donde pasó las últimas dos noches desde su detención.
"Yo soy absolutamente inocente en las acusaciones que alegremente se están vertiendo por aspectos claramente políticos", se defendió el exmandatario.
Al mismo tiempo se dijo víctima "una persecución" del gobierno del centroderechista Rodrigo Paz.
La Fiscalía investiga a Arce por supuestos desvíos de fondos públicos a través del estatal Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Originarios (Fondioc), que fue cerrado en 2015 debido a irregularidades.
El abogado de Arce pidió al juez que este asumiera su defensa en libertad. Alegó su edad y que padecía un cáncer linfático.
Con información de: El economista.

El regidor de Morena, Hugo González, denunció a través de sus redes sociales la persistencia de nepotismo en la administración municipal de Chihuahua Capital, tras un análisis de la nómina que incluyó dependencias y organismos descentralizados.
Advirtió que la presencia de familiares de funcionarios en puestos clave afecta la confianza ciudadana y señaló también la falta de transparencia en el manejo de recursos públicos, por lo que reiteró su llamado a transparentar la lista de deudores históricos del impuesto predial.

El personal de Comunicación Social de las dependencias del Gobierno del Estado debería mostrar mayor criterio y tacto al momento de enviar las imágenes que acompañan sus boletines informativos, pues estas son, en muchos casos, la cara pública del mensaje que se pretende transmitir, sin embargo, pareciera que, en lugar de proyectar profesionalismo, terminan dejando mal paradas a las propias personas que aparecen en ellas…
En esta ocasión, el caso corresponde a una fotografía difundida por la Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura (Coesvi), en el marco de una campaña para dar a conocer los paquetes de construcción que se ofrecen para la mejora de viviendas, no obstante, tal como se ha señalado, una imagen destacó entre todas las enviadas… y no precisamente por razones positivas…
Basta con observar la fotografía para entender el problema; no hace falta describirla. Aunque la intención del área pudo haber sido buena, el resultado terminó por opacar el mensaje principal. Este tipo de descuidos evidencian la falta de filtros y sensibilidad en la selección del material que se hace público…
Cabe reiterar que las áreas de Comunicación Social deben extremar el cuidado en las imágenes que difunden, ya que, además del impacto político y social, un error de este tipo puede derivar en problemas legales por el uso indebido o no autorizado de la imagen de las personas, situación que ya ha ocurrido en otras ocasiones…

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