Juez de Bolivia ordenó prisión preventiva por 5 meses del expresidente Luis Arce
Un juez de Bolivia ordenó este viernes la reclusión preventiva del expresidente izquierdista Luis Arce en una prisión de La Paz por cinco meses, mientras la fiscalía investiga su presunta participación en un caso de corrupción.
Arce, un economista de 62 años, fue detenido el miércoles tras dejar el poder el 8 de noviembre, con lo que terminó una era de 20 años de gobiernos socialistas iniciados por el líder indígena Evo Morales.
A Arce se le imputan los delitos de "incumplimiento de deberes" y "conducta antieconómica".
Según la fiscalía, cuando era ministro de Economía de Morales (2006-2019) autorizó transferencias de dinero público a cuentas de dirigentes campesinos para el desarrollo de proyectos agrícolas que quedaron inconclusos.
"El señor Luis Alberto Arce Catacora deberá de defenderse con una medida extrema de detención preventiva (...) por el tiempo de cinco meses", dispuso el juez Elmer Laura, durante la audiencia virtual que duró casi seis horas.
Ahora deberá permanecer por lo menos hasta mayo de 2026 en el penal de San Pedro, para presos comunes, en el centro de La Paz, durante la investigación.
El juez impuso una medida más severa que la solicitada por la fiscalía, que había pedido tres meses de prisión preventiva.
Arce siguió la diligencia desde una oficina en una dependencia policial en La Paz, donde pasó las últimas dos noches desde su detención.
"Yo soy absolutamente inocente en las acusaciones que alegremente se están vertiendo por aspectos claramente políticos", se defendió el exmandatario.
Al mismo tiempo se dijo víctima "una persecución" del gobierno del centroderechista Rodrigo Paz.
La Fiscalía investiga a Arce por supuestos desvíos de fondos públicos a través del estatal Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Originarios (Fondioc), que fue cerrado en 2015 debido a irregularidades.
El abogado de Arce pidió al juez que este asumiera su defensa en libertad. Alegó su edad y que padecía un cáncer linfático.
Con información de: El economista.
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Brillan autoridades por su ausencia en evento de conmemoración al Día del Trabajo
Llamó la atención que este viernes, en el evento oficial de conmemoración al Día Internacional del Trabajo, autoridades estatales, municipales y legislativas decidieron no participar.
En el evento que pretende conmemorar a los trabajadores de Chihuahua, no hubo ningún funcionario público que apareciera entre el presidium, únicamente estuvo presente el líder sindical Jorge Doroteo Zapata, de la CTM acompañado de los trabajadores.
Esto se da en un clima de tensión política tras darse a conocer que dos trabajadores estadounidenses, quienes fallecieron en días pasados, estuvieron trabajando en territorio chihuahuense, lo que ha generado críticas hacia el gobierno de Maru Campos e inclusive han comenzado las investigaciones sobre el actuar del gobierno estatal.
La oposición le voltea la jugada a la 4T en el Senado
A los morenos en el Senado les voltearon las expresiones hacia la gobernadora Maru Campos por el caso de los agentes estadounidenses que se encontraban trabajando en la Sierra Tarahumara, y es que el día de ayer, tras la acusación formal de Estados Unidos hacia 10 ex funcionarios y funcionarios públicos de Sinaloa, en donde se incluye al actual gobernador, Rubén Rocha Moya, la oposición pidió, que el morenista comparezca ante el legislativo.
Hay que recordar que hace apenas unos días el grupo parlamentario de Morena, incluyendo la notable participación de Enrique Inzunza, que por cierto, aparece en la denuncia de EU, además del padrino político de Andrea Chávez, Adán Augusto López y el ex gobernador Javier Corral, exigieron que tanto la gobernadora Campos, como el ex fiscal César Jáuregui, acudieran a una reunión con los legisladores para explicar porque se encontraban agentes estadounidenses en el estado grande.
Ahora, la oposición les volteó la jugada, y como en su momento la 4T lo hizo con la gobernadora panista, exigieron que el morenista Rubén Rocha también rinda cuentas ante el legislativo, inclusive algunos actores políticos como Ricardo Anaya, manifestaron que están dispuestos a pedirle de nuevo a la mandataria estatal que acuda al Senado para rendir cuentas…
Por lo pronto, el gobernador Rocha sigue reiterando que no renunciará a su puesto y que se trata de una acusación política, mientras, el PAN anunció que solicitará juicio político contra el morenista, para que sea extraditado lo antes posible a los Estados Unidos.
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