
El empresario Ricardo Salinas Pliego respondió al Servicio de Adminstración Tributaria (SAT) y a la presidenta, Claudia Sheinbaum, sobre el adeudo de 51 mil millones de pesos que deberá pagar en enero, y aseguró que su objetivo es dar por concluidas las diferencias con el gobierno.
“Nuestro objetivo es cerrar este capítulo y dar por concluidas las diferencias con el gobierno; por nuestra parte siempre ha existido disposición para encontrar una solución. No hemos buscado el conflicto, sino certidumbre jurídica y un marco de legalidad claro que permita resolver estos asuntos y sus derivadas de manera definitiva”, publicó en sus redes sociales.
Dijo que “lo más prudente y responsable” será esperar a enero a que el SAT precise por escrito “los fundamentos de la cifra que señala como adeudo” y que les entregue el desglose detallado y transparente de los cálculos.
“Solo a partir de información clara, legal y verificable será posible alcanzar una solución justa, cerrar este tema de manera institucional y fortalecer el Estado de derecho que el país necesita”.
Salinas Pliego agregó que las diferencias que tiene con el gobierno respecto del pago de impuestos solo es con respecto a las pérdidas fiscales durante los periodos del 2008 al 2013.
“En particular con respecto a los recargos y actualizaciones que se han planteado porque un parte relevante de esos montos extra deriva de interpretaciones y actuaciones de la propia autoridad que nos condujeron a la controversia y al litigio, situación que además se ha visto prolongada por los tiempos del sistema judicial”.

Para algunos, debería ser un escándalo que se cocinen en las oficinas de la SEGOB los acuerdos legislativos, lo que implica una invasión y sometimiento al poder Ejecutivo.
Así ocurrió con el llamado "Plan B" de la Ley Maduro.
Fueron más de 12 horas de negociaciones en la Secretaría de Gobernación, entre Morena el Partido del Trabajo (PT) y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM)
Las gestiones para alcanzar el acuerdo fueron encabezadas por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, con la participación de la consejera jurídica de la Presidencia, Esthela Damián, y del coordinador general de Política y Gobierno de la Presidencia, Arturo Zaldívar.
El Plan B: incluye:1. Recortes a Congresos locales 2. Recortes a los Ayuntamientos 3. Someter a consulta temas electorales 4. Adelantar la revocación de mandato para 2027

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