Expertos de la ONU condenan el bloqueo y la agresión de EU contra Venezuela pues violaría el derecho

Los expertos de la ONU Ben Saul, Relator Especial sobre la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo ; George Katrougalos, Experto Independiente sobre la promoción de un orden internacional democrático y equitativo; Surya Deva, Relator Especial sobre el derecho al desarrollo y Gina Romero, Relatora Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, denunciaron que el bloqueo marítimo parcial impuesto por Estados Unidos a Venezuela violaría las normas fundamentales del derecho internacional.

En diciembre, Estados Unidos anunció un “bloqueo de todos los buques petroleros sancionados que entren o salgan de Venezuela” y desplegó una gran fuerza militar en el Caribe, cerca de Venezuela.

No existe derecho a imponer sanciones unilaterales mediante un bloqueo armado”, afirmaron los expertos.

Un bloqueo constituye un uso prohibido de la fuerza militar contra otro país en virtud del artículo 2(4) de la Carta de Naciones Unidas. “Es un uso tan grave de la fuerza que también está expresamente reconocido como agresión armada ilegal en la Definición de Agresión adoptada por la Asamblea General en 1974”, recordaron los expertos.

“Por lo tanto, se trata de un ataque armado en virtud del artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas, que en principio otorga al Estado víctima el derecho a la legítima defensa”.

“El uso ilegal de la fuerza y las amenazas de emplear más fuerza en el mar y en tierra ponen en grave peligro el derecho humano a la vida y otros derechos en Venezuela y la región”, afirmaron en un mensaje dirigido a la prensa en Ginebra.

La agresión constituye un crimen que, conforme al derecho internacional, está sujeto a jurisdicción universal, lo que faculta a todos los Estados a enjuiciarlo. Sin embargo, los más altos dirigentes gubernamentales gozan de inmunidad frente a procesos penales extranjeros mientras permanezcan en funciones.

“Existen serias preocupaciones de que las sanciones sean ilegales, desproporcionadas y punitivas conforme al derecho internacional, y que hayan socavado gravemente los derechos humanos del pueblo venezolano y los Objetivos de Desarrollo Sostenible”, señalaron.

El bloqueo se produce tras la designación por parte de Estados Unidos, en noviembre de 2025, de elementos del Gobierno venezolano, incluido su presidente, como parte de una presunta “organización terrorista extranjera” denominada Cartel de los Soles, una entidad cuya existencia no ha sido comprobada. Estados Unidos también ha afirmado que Venezuela ha “robado” bienes estadounidenses y debe devolverlos.

Vale la pena recordar que los Relatores Especiales, Expertos Independientes y Grupos de Trabajo son expertos independientes en derechos humanos nombrados por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. En conjunto, estos expertos se conocen como los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos.

Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de manera voluntaria; no son personal de la ONU y no reciben salario por su labor. Aunque la Oficina de Derechos Humanos de la ONU actúa como secretaría de los Procedimientos Especiales, los expertos ejercen sus funciones a título individual y son independientes de cualquier gobierno u organización, incluida la ACNUDH y la ONU. Las opiniones expresadas son únicamente responsabilidad del autor y no reflejan necesariamente la posición de la ONU ni de la ACNUDH.

Las observaciones y recomendaciones específicas por país de los mecanismos de derechos humanos de la ONU, incluidos los Procedimientos Especiales, los órganos de tratados y el Examen Periódico Universal, pueden consultarse en el Índice Universal de Derechos Humanos: https://uhri.ohchr.org/en/

Asimismo, el bloqueo ocurre después de los asesinatos arbitrarios perpetrados por Estados Unidos contra al menos 104 personas presuntamente implicadas en el tráfico de drogas hacia Estados Unidos por vía marítima, mediante 28 ataques contra embarcaciones civiles desde principios de septiembre de 2025.

Según los informes, ninguna de las personas asesinadas representaba una amenaza inmediata que justificara el uso de fuerza letal. En febrero de 2025, Estados Unidos incluyó a ciertos carteles de droga y pandillas como organizaciones terroristas extranjeras y afirma estar librando una guerra contra “narcoterroristas”.

“Estos asesinatos constituyen violaciones del derecho a la vida. Deben ser investigados y los responsables llevados ante la justicia. Mientras tanto, el Congreso de Estados Unidos debería intervenir para evitar nuevos ataques y levantar el bloqueo”, dijeron los expertos.

Por otra parte, instaron a los Estados a adoptar de manera urgente todas las medidas posibles para poner fin al bloqueo y a las ejecuciones ilegales, incluso mediante protestas diplomáticas, resoluciones de la Asamblea General y contramedidas pacíficas, así como garantizar que los responsables rindan cuentas ante la justicia.

“La acción colectiva de los Estados es esencial para salvaguardar el derecho internacional. El respeto al estado de derecho, la soberanía, la prohibición del uso de la fuerza, la no intervención y la solución pacífica de las controversias son pilares fundamentales para preservar la paz y la estabilidad mundial”, concluyeron.

Con información de Proceso