Se prevé que Nicolás Maduro enfrente un juicio histórico en Nueva York acusado de liderar una red criminal transnacional vinculada al narcotráfico y al terrorismo. Según la Corte Federal, durante más de dos décadas colaboró con cárteles mexicanos, las FARC y otras organizaciones armadas para traficar cocaína hacia EU
Nicolás Maduro Moros, expresidente de Venezuela, enfrentará juicio en el Distrito Sur de Nueva York por su implicación en una vasta red internacional de narcotráfico y terrorismo.
De acuerdo con el documento judicial revelado por la Corte Federal estadounidense, Maduro y otros altos funcionarios de su régimen están acusados de conspirar durante más de dos décadas para importar toneladas de cocaína a los Estados Unidos en alianza con cárteles mexicanos y grupos armados colombianos.
Según el escrito de acusación difundido por el tribunal, Maduro es señalado como líder de una organización criminal transnacional que colaboró con los cárteles del narcotráfico más peligrosos del continente. Entre ellos figura el Cártel de Sinaloa, liderado por Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán Loera, quien, según el documento, financió laboratorios de cocaína en Colombia alrededor de 2011. La droga producida ahí era transportada bajo protección de las FARC hacia Venezuela, con apoyo de funcionarios venezolanos. Posteriormente, era enviada hacia pistas clandestinas controladas por figuras cercanas a Maduro, como el militar Carvajal Barrios, para su distribución internacional.
La acusación también detalla que desde aproximadamente 1999 hasta al menos 2025, Maduro, junto con Diosdado Cabello Rondón, Ramón Rodríguez Chacín, Cilia Flores, y otros miembros del régimen, se aliaron con grupos armados como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Tren de Aragua (TdA), y cárteles como los Zetas y el de Sinaloa.
Uno de los implicados clave en esta red es Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias ‘Niño Guerrero’, líder del Tren de Aragua, señalado como uno de los principales facilitadores del trasiego de drogas y violencia transfronteriza.
Los cargos formales incluyen conspiración para cometer narcoterrorismo y tráfico internacional de cocaína. El documento indica que desde 1999 los acusados utilizaron su poder político para proteger las operaciones de tráfico, sobornar a funcionarios judiciales, otorgar pasaportes diplomáticos a narcotraficantes y facilitar vuelos clandestinos.
En uno de los casos descritos, se reporta que en 2013, meses después de asumir la presidencia, Maduro autorizó el envío de 1.3 toneladas de cocaína desde el aeropuerto de Maiquetía hacia París, droga que fue posteriormente incautada por autoridades francesas.
Además, se expone cómo el régimen venezolano utilizó su estructura de poder para enriquecerse y consolidar su control interno mediante un sistema de corrupción alimentado por el narcotráfico. Los fiscales aseguran que estas actividades no fueron acciones aisladas, sino parte de una política de Estado respaldada por altos funcionarios civiles y militares, con conocimiento directo de Maduro.
En el documento también se describe que Ramón Rodríguez Chacín operó un centro de entrenamiento militar con miembros de las FARC en Barinas, y que aceptó sobornos para evitar extradiciones de narcotraficantes. Este vínculo entre el Estado venezolano y grupos armados se extendía al suministro de armas, protección y coordinación logística.
El Departamento de Justicia estadounidense argumenta que estas alianzas criminales causaron un daño directo al sistema judicial, la democracia y la seguridad de la región, permitiendo que miles de toneladas de cocaína llegaran a territorio estadounidense. Según la acusación, los implicados podrían enfrentar penas que incluyen cadena perpetua si son hallados culpables de los delitos bajo el Título 21 del Código de los Estados Unidos, Sección 960a. El juicio marcará un hito en la justicia internacional, pues coloca en el banquillo a un jefe de Estado por su presunta colaboración directa con organizaciones narcoterroristas como parte estructural de su régimen. La Corte del Distrito Sur de Nueva York ya ha comenzado a recibir evidencia, testimonios y registros que documentan las operaciones criminales transnacionales dirigidas desde el alto mando del chavismo. MasInformación
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Brillan autoridades por su ausencia en evento de conmemoración al Día del Trabajo
Llamó la atención que este viernes, en el evento oficial de conmemoración al Día Internacional del Trabajo, autoridades estatales, municipales y legislativas decidieron no participar.
En el evento que pretende conmemorar a los trabajadores de Chihuahua, no hubo ningún funcionario público que apareciera entre el presidium, únicamente estuvo presente el líder sindical Jorge Doroteo Zapata, de la CTM acompañado de los trabajadores.
Esto se da en un clima de tensión política tras darse a conocer que dos trabajadores estadounidenses, quienes fallecieron en días pasados, estuvieron trabajando en territorio chihuahuense, lo que ha generado críticas hacia el gobierno de Maru Campos e inclusive han comenzado las investigaciones sobre el actuar del gobierno estatal.
La oposición le voltea la jugada a la 4T en el Senado
A los morenos en el Senado les voltearon las expresiones hacia la gobernadora Maru Campos por el caso de los agentes estadounidenses que se encontraban trabajando en la Sierra Tarahumara, y es que el día de ayer, tras la acusación formal de Estados Unidos hacia 10 ex funcionarios y funcionarios públicos de Sinaloa, en donde se incluye al actual gobernador, Rubén Rocha Moya, la oposición pidió, que el morenista comparezca ante el legislativo.
Hay que recordar que hace apenas unos días el grupo parlamentario de Morena, incluyendo la notable participación de Enrique Inzunza, que por cierto, aparece en la denuncia de EU, además del padrino político de Andrea Chávez, Adán Augusto López y el ex gobernador Javier Corral, exigieron que tanto la gobernadora Campos, como el ex fiscal César Jáuregui, acudieran a una reunión con los legisladores para explicar porque se encontraban agentes estadounidenses en el estado grande.
Ahora, la oposición les volteó la jugada, y como en su momento la 4T lo hizo con la gobernadora panista, exigieron que el morenista Rubén Rocha también rinda cuentas ante el legislativo, inclusive algunos actores políticos como Ricardo Anaya, manifestaron que están dispuestos a pedirle de nuevo a la mandataria estatal que acuda al Senado para rendir cuentas…
Por lo pronto, el gobernador Rocha sigue reiterando que no renunciará a su puesto y que se trata de una acusación política, mientras, el PAN anunció que solicitará juicio político contra el morenista, para que sea extraditado lo antes posible a los Estados Unidos.
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