
Al menos 14 periodistas fueron detenidos ayer en Venezuela, mayoritariamente de medios internacionales, denunció la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), en medio de la incertidumbre que atraviesa el país por la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.
La SIP pidió a las autoridades respetar el debido proceso, evitar trabas al flujo de la información en Venezuela y garantizar la libertad de prensa. El organismo, con sede en Miami, destacó en un comunicado que la población necesita acceder a información "confiable, plural y oportuna" en este momento de tensión elevada, marcada por el ataque militar de EU en Caracas el pasado 3 de enero, que concluyó con la captura de Maduro y su esposa, Cilia Flores, y su traslado para ser juzgados en Nueva York.
"El derecho de la ciudadanía a permanecer informada adquiere una relevancia aún mayor en momentos de incertidumbre institucional y política. Obstaculizar el trabajo de la prensa sólo contribuye a profundizar la desinformación y la ansiedad social", afirmó el presidente de la SIP, Pierre Manigault.
"Ninguna circunstancia justifica la detención, intimidación o criminalización de periodistas por cumplir con su labor informativa", dijo la presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Martha Ramos.
Un total de 23 periodistas y trabajadores de la prensa permanecen privados de libertad de forma "injusta y arbitraria" en Venezuela, y más de 60 medios de comunicación continúan bloqueados en internet, según un balance del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa.
La SIP denunció el pasado octubre en su informe anual la grave represión a la que el régimen de Maduro somete a la prensa independiente y advirtió que 18 periodistas permanecían encarcelados entonces.
La SIP, compuesta por más de mil 300 publicaciones de América, es una entidad sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión.
Con información de Latinus.

Llamó la atención que este viernes, en el evento oficial de conmemoración al Día Internacional del Trabajo, autoridades estatales, municipales y legislativas decidieron no participar.
En el evento que pretende conmemorar a los trabajadores de Chihuahua, no hubo ningún funcionario público que apareciera entre el presidium, únicamente estuvo presente el líder sindical Jorge Doroteo Zapata, de la CTM acompañado de los trabajadores.
Esto se da en un clima de tensión política tras darse a conocer que dos trabajadores estadounidenses, quienes fallecieron en días pasados, estuvieron trabajando en territorio chihuahuense, lo que ha generado críticas hacia el gobierno de Maru Campos e inclusive han comenzado las investigaciones sobre el actuar del gobierno estatal.

A los morenos en el Senado les voltearon las expresiones hacia la gobernadora Maru Campos por el caso de los agentes estadounidenses que se encontraban trabajando en la Sierra Tarahumara, y es que el día de ayer, tras la acusación formal de Estados Unidos hacia 10 ex funcionarios y funcionarios públicos de Sinaloa, en donde se incluye al actual gobernador, Rubén Rocha Moya, la oposición pidió, que el morenista comparezca ante el legislativo.
Hay que recordar que hace apenas unos días el grupo parlamentario de Morena, incluyendo la notable participación de Enrique Inzunza, que por cierto, aparece en la denuncia de EU, además del padrino político de Andrea Chávez, Adán Augusto López y el ex gobernador Javier Corral, exigieron que tanto la gobernadora Campos, como el ex fiscal César Jáuregui, acudieran a una reunión con los legisladores para explicar porque se encontraban agentes estadounidenses en el estado grande.
Ahora, la oposición les volteó la jugada, y como en su momento la 4T lo hizo con la gobernadora panista, exigieron que el morenista Rubén Rocha también rinda cuentas ante el legislativo, inclusive algunos actores políticos como Ricardo Anaya, manifestaron que están dispuestos a pedirle de nuevo a la mandataria estatal que acuda al Senado para rendir cuentas…
Por lo pronto, el gobernador Rocha sigue reiterando que no renunciará a su puesto y que se trata de una acusación política, mientras, el PAN anunció que solicitará juicio político contra el morenista, para que sea extraditado lo antes posible a los Estados Unidos.

Llamó la atención que este viernes, en el evento oficial de conmemoración al Día Internacional del Trabajo, autoridades estatales, municipales y legislativas decidieron no participar.
En el evento que pretende conmemorar a los trabajadores de Chihuahua, no hubo ningún funcionario público que apareciera entre el presidium, únicamente estuvo presente el líder sindical Jorge Doroteo Zapata, de la CTM acompañado de los trabajadores.
Esto se da en un clima de tensión política tras darse a conocer que dos trabajadores estadounidenses, quienes fallecieron en días pasados, estuvieron trabajando en territorio chihuahuense, lo que ha generado críticas hacia el gobierno de Maru Campos e inclusive han comenzado las investigaciones sobre el actuar del gobierno estatal.

A los morenos en el Senado les voltearon las expresiones hacia la gobernadora Maru Campos por el caso de los agentes estadounidenses que se encontraban trabajando en la Sierra Tarahumara, y es que el día de ayer, tras la acusación formal de Estados Unidos hacia 10 ex funcionarios y funcionarios públicos de Sinaloa, en donde se incluye al actual gobernador, Rubén Rocha Moya, la oposición pidió, que el morenista comparezca ante el legislativo.
Hay que recordar que hace apenas unos días el grupo parlamentario de Morena, incluyendo la notable participación de Enrique Inzunza, que por cierto, aparece en la denuncia de EU, además del padrino político de Andrea Chávez, Adán Augusto López y el ex gobernador Javier Corral, exigieron que tanto la gobernadora Campos, como el ex fiscal César Jáuregui, acudieran a una reunión con los legisladores para explicar porque se encontraban agentes estadounidenses en el estado grande.
Ahora, la oposición les volteó la jugada, y como en su momento la 4T lo hizo con la gobernadora panista, exigieron que el morenista Rubén Rocha también rinda cuentas ante el legislativo, inclusive algunos actores políticos como Ricardo Anaya, manifestaron que están dispuestos a pedirle de nuevo a la mandataria estatal que acuda al Senado para rendir cuentas…
Por lo pronto, el gobernador Rocha sigue reiterando que no renunciará a su puesto y que se trata de una acusación política, mientras, el PAN anunció que solicitará juicio político contra el morenista, para que sea extraditado lo antes posible a los Estados Unidos.
