Solicita asesor de Texas se analice revisión preliminar a diputados y magistrada de Chihuahua

Un asesor en materia de seguridad del estado de Texas solicitó formalmente a autoridades de los Estados Unidos que se evalúe la posibilidad de realizar una revisión preliminar sobre presuntas irregularidades que involucrarían a actores políticos y judiciales del estado de Chihuahua, ante la posible existencia de elementos transfronterizos que podrían estar bajo jurisdicción estadounidense.

El solicitante se identifica como Mario Arturo Pico Castañeda, con domicilio en El Paso, Texas, quien envió escritos fechados el 6 de enero de 2026 al Departamento de Justicia de los Estados Unidos, al Buró Federal de Investigaciones (FBI) y al Departamento de Estado, en los que pide una evaluación objetiva e imparcial de información que circula en el dominio público relacionada con el diputado Francisco Sánchez, la magistrada Nancy Escárcega y Alfredo “El Caballo” Lozoya.

En los documentos, Pico Castañeda aclara que no formula acusaciones ni presume la existencia de responsabilidad penal, sino que solicita determinar si los señalamientos difundidos públicamente podrían justificar un análisis más profundo conforme a las leyes federales, normas de integridad pública o marcos regulatorios dentro de la jurisdicción de Estados Unidos. Entre los temas señalados se mencionan posibles abusos de autoridad, conflictos de interés, tráfico de influencias y manejo indebido de recursos financieros o institucionales, así como la eventual presencia de transacciones o activos con impacto transfronterizo.

El asesor también informó que recientemente sostuvo una reunión de trabajo con dos jueces de Estados Unidos, uno federal y otro estatal, en la que se abordaron preocupaciones sobre la actuación de determinados actores políticos y judiciales de Chihuahua, incluyendo señalamientos sobre presunto desvío de recursos, uso indebido de fondos públicos y resoluciones judiciales controvertidas, algunas de ellas relacionadas con la liberación de personas vinculadas a delitos de alto impacto.

Finalmente, señaló que la solicitud se presentó de buena fe y con el objetivo de fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y la aplicación del Estado de Derecho, subrayando que la cooperación internacional es un mecanismo legítimo cuando existen asuntos de interés público con posible impacto transfronterizo.