Relajar medidas sanitarias pone en riesgo a la ganadería y a las familias chihuahuenses

El diputado Guillermo Ramírez manifiesta su desacuerdo con la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación._

Suspender las medidas sanitarias establecidas por el Gobierno del Estado en el Acuerdo 156/2024, representa bajar la guardia en este momento e implica un riesgo real para la ganadería, la economía y la seguridad alimentaria dentro del territorio estatal.

*”En Chihuahua no podemos permitirnos relajar los controles sanitarios. Hacerlo abriría la puerta a plagas como el gusano barrenador y pondría en riesgo el trabajo, el patrimonio y el futuro de miles de familias ganaderas”,afirmó.*

El legislador subrayó que el Acuerdo 156/2024 no es una medida arbitraria, sino una acción preventiva del Gobierno del Estado diseñada específicamente para proteger a las y los ganaderos chihuahuenses, preservar el estatus sanitario del estado y garantizar condiciones seguras para la movilización y exportación de ganado.

*”Estas medidas no están pensadas para perjudicar al productor; están pensadas para cuidarlo. Protegen la sanidad animal, la reputación ganadera de Chihuahua y la posibilidad de seguir compitiendo en mercados nacionales e internacionales”,* señaló.

Ramírez advierte que debilitar los controles sanitarios tendría consecuencias económicas inmediatas, al comprometer exportaciones, generar cierres de mercado y afectar cadenas productivas completas vinculadas al sector ganadero.

El legislador refiere que *”sanidad no es un trámite administrativo, es una política de protección económica y social. Defender estas medidas es defender al campo, al empleo y a la estabilidad de nuestro estado”*,enfatizó.

Finalmente, sostuvo que las decisiones en materia sanitaria deben evaluarse desde la realidad productiva de los estados y no únicamente desde el escritorio, y reiteró que Chihuahua tiene el derecho y la obligación de proteger a su sector ganadero.

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Planchado en la SEGOB

Para algunos, debería ser un escándalo que se cocinen en las oficinas de la SEGOB los acuerdos legislativos, lo que implica una invasión y sometimiento al poder Ejecutivo.

Así ocurrió con el llamado "Plan B" de la Ley Maduro. 

Fueron más de 12 horas de negociaciones en la Secretaría de Gobernación, entre Morena el Partido del Trabajo (PT) y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) 

Las gestiones para alcanzar el acuerdo fueron encabezadas por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, con la participación de la consejera jurídica de la Presidencia, Esthela Damián, y del coordinador general de Política y Gobierno de la Presidencia, Arturo Zaldívar.

El Plan B: incluye:1. Recortes a Congresos locales 2. Recortes a los Ayuntamientos 3. Someter a consulta temas electorales 4. Adelantar la revocación de mandato para 2027

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