
Mientras la Suprema Corte de Justicia (SCJN) ha optado por la compra directa de vehículos argumentando un ahorro de mil millones de pesos, la Fiscalía General de la República (FGR), bajo el mando de Ernestina Godoy, ha tomado el camino opuesto. La institución adjudicó dos contratos de arrendamiento a las empresas Jet Van Car Rental y Casanova Rent Volks por un monto total que supera los 2,841 millones de pesos. Este gasto, que implica el pago mensual de casi 79 millones de pesos durante tres años, ha generado controversia por contravenir la política de austeridad de la administración federal
En medio de la polémica por el millonario contrato para la adquisición de camionetas para las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en la Fiscalía General de la República (FGR)que encabeza Ernestina Godoy se entregaron dos contratos por más de 2,841 millones para el arrendamiento de automóviles, motocicletas y camionetas por 3 años.
Hace una semana, se reveló que la FGR revivió la licitación LA-49-830-049830002-N-25-2025para el arrendamiento sin opción a compra de 2 mil 520 automóviles, motocicletas y camionetasque había sido cancelada en diciembre de 2025.
Se estableció como primera fecha para la emisión del fallo el 13 de enero, después se difirió por primera vez al 15 de enero y un segundo diferimiento al 23 de enero a las 17:00 horas.

Para algunos, debería ser un escándalo que se cocinen en las oficinas de la SEGOB los acuerdos legislativos, lo que implica una invasión y sometimiento al poder Ejecutivo.
Así ocurrió con el llamado "Plan B" de la Ley Maduro.
Fueron más de 12 horas de negociaciones en la Secretaría de Gobernación, entre Morena el Partido del Trabajo (PT) y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM)
Las gestiones para alcanzar el acuerdo fueron encabezadas por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, con la participación de la consejera jurídica de la Presidencia, Esthela Damián, y del coordinador general de Política y Gobierno de la Presidencia, Arturo Zaldívar.
El Plan B: incluye:1. Recortes a Congresos locales 2. Recortes a los Ayuntamientos 3. Someter a consulta temas electorales 4. Adelantar la revocación de mandato para 2027

Para algunos, debería ser un escándalo que se cocinen en las oficinas de la SEGOB los acuerdos legislativos, lo que implica una invasión y sometimiento al poder Ejecutivo.
Así ocurrió con el llamado "Plan B" de la Ley Maduro.
Fueron más de 12 horas de negociaciones en la Secretaría de Gobernación, entre Morena el Partido del Trabajo (PT) y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM)
Las gestiones para alcanzar el acuerdo fueron encabezadas por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, con la participación de la consejera jurídica de la Presidencia, Esthela Damián, y del coordinador general de Política y Gobierno de la Presidencia, Arturo Zaldívar.
El Plan B: incluye:1. Recortes a Congresos locales 2. Recortes a los Ayuntamientos 3. Someter a consulta temas electorales 4. Adelantar la revocación de mandato para 2027
