Coparmex denuncia aumento de la extorsión en México; pide considerarlo tema de prioridad nacional

La extorsión en México va en ascenso y mantiene “de rodillas a los empresarios”, denunció la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), a lo que urgió al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum a considerarlo como un tema de prioridad nacional.

Durante el 2025, la extorsión creció en 20 de las 32 entidades del país, evidenciando un problema que se expande a casi dos tercios del territorio nacional, alertó el organismo privado que encabeza Juan José Sierra.

“A nivel estatal, la extorsión muestra una concentración crítica que evidencia fallas estructurales en la contención del delito. Cinco entidades —Estado de México, CDMX, Guanajuato, Nuevo León y Veracruz— concentran 65.2% de las víctimas, mientras que solo en las 10 entidades con mayor número de víctimas se acumula el 81.0% del total nacional”, señaló la Coparmex.

El sector patronal del país expresó: “sostenemos que la extorsión se ha convertido en uno de los costos más persistentes y dañinos para la actividad empresarial en México”.

Abundó, no se trata de un fenómeno aislado ni transitorio, sino de una presión constante que afecta decisiones de carácter inversión, encarece la operación cotidiana y limita la capacidad de crecimiento de las empresas, particularmente en determinadas regiones.

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Planchado en la SEGOB

Para algunos, debería ser un escándalo que se cocinen en las oficinas de la SEGOB los acuerdos legislativos, lo que implica una invasión y sometimiento al poder Ejecutivo.

Así ocurrió con el llamado "Plan B" de la Ley Maduro. 

Fueron más de 12 horas de negociaciones en la Secretaría de Gobernación, entre Morena el Partido del Trabajo (PT) y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) 

Las gestiones para alcanzar el acuerdo fueron encabezadas por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, con la participación de la consejera jurídica de la Presidencia, Esthela Damián, y del coordinador general de Política y Gobierno de la Presidencia, Arturo Zaldívar.

El Plan B: incluye:1. Recortes a Congresos locales 2. Recortes a los Ayuntamientos 3. Someter a consulta temas electorales 4. Adelantar la revocación de mandato para 2027

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