Presenta ASE denuncia Penal por falsificación en proyecto Centinela y acciones a recuperar multa de 98.4mdp

El Auditor Superior del Estado, Héctor Acosta Félix, confirmó que se presentó denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción derivado de la revisión de la Cuenta Pública al proyecto Centinela.

De la entrega de bienes y servicios por parte del proveedor, a pesar de que la entidad fiscalizada acreditó su recepción y se realizaron pagos completos.

La suscripción de actas de entrega-recepción simulando la recepción de bienes y servicios especialmente en los subcentros de monitoreo de Ojinaga, Bocoina, Madera y Nuevo Casas Grandes, donde se reportaron entregas y adecuaciones que no se realizaron o quedaron pendientes de instalación e inconsistencias en la documentación-soporte como actas de entrega sin especificar ubicaciones.

Reportes de obras sin detallar verificables y discrepancias en el número de equipos y licencias entregadas
contra lo pactado en la propuesta técnica.

“En opinión de la Auditoría Superior del Estado, puede configurarse el delito de falsificación o alteración y uso indebido de documentos, esto con independencia de la clasificación que pueda otorgarle la Fiscalía Estatal Anticorrupción”.

De acuerdo a la misma respuesta de la Secretaría de Seguridad Pública, a la auditoría practicada a la Cuenta Pública 2024, se determinó notificar al proveedor de la Plataforma Centinela la pena de 98 millones 453 mil 91 pesos por retrasos al contrato. 

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Planchado en la SEGOB

Para algunos, debería ser un escándalo que se cocinen en las oficinas de la SEGOB los acuerdos legislativos, lo que implica una invasión y sometimiento al poder Ejecutivo.

Así ocurrió con el llamado "Plan B" de la Ley Maduro. 

Fueron más de 12 horas de negociaciones en la Secretaría de Gobernación, entre Morena el Partido del Trabajo (PT) y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) 

Las gestiones para alcanzar el acuerdo fueron encabezadas por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, con la participación de la consejera jurídica de la Presidencia, Esthela Damián, y del coordinador general de Política y Gobierno de la Presidencia, Arturo Zaldívar.

El Plan B: incluye:1. Recortes a Congresos locales 2. Recortes a los Ayuntamientos 3. Someter a consulta temas electorales 4. Adelantar la revocación de mandato para 2027

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