Ferrocarriles del Istmo y SICT demandan a familias de Chiapas; ONG denuncia criminalización

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis., (apro) .- El Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa A.C. denunció que Ferrocarriles del Istmo de Tehuantepec (FIT) y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) interpusieron una denuncia penal contra habitantes de los municipios de Arriaga y Pijijiapan, como mecanismo para exigir la liberación del derecho de vía ferroviaria, lo que calificó como un acto de criminalización contra población civil en situación de vulnerabilidad. 

La querella fue presentada ante la Fiscalía General de la República (FGR) por el presunto delito de invasión de bienes nacionales, y señala a ocho personas -siete mujeres y un hombre-, en el contexto de la implementación del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT). 

En un comunicado, el organismo defensor de derechos humanos condenó enérgicamente lo que considera un proceso de “criminalización de la pobreza”, al advertir que el uso del derecho penal para resolver conflictos territoriales, sociales o administrativos representa una medida extrema, desproporcionada y contraria a los principios del Estado de Derecho. 

La asociación, con sede en Tonalá, municipio vecino de Arriaga y Pijijiapan, señaló que estos hechos podrían configurar un patrón de presión, intimidación y desplazamiento forzado de familias, particularmente de mujeres, lo cual vulnera principios de proporcionalidad, mínima intervención penal y justicia social. 

Asimismo, recordó que el Estado mexicano, en sus tres niveles de gobierno, tiene la obligación constitucional e internacional de respetar, proteger, promover y garantizar los derechos humanos, conforme al artículo 1 de la Constitución y a los tratados internacionales ratificados por México. 

Entre los derechos que, aseguró, se están vulnerando se encuentran el derecho a una vivienda adecuada, la presunción de inocencia y el debido proceso, así como el derecho a la consulta previa, libre e informada, establecido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). 

El Centro Digna Ochoa subrayó que los desalojos forzosos sin garantías procesales, sin consulta previa, sin alternativas de reubicación digna y sin reparación del daño constituyen violaciones graves a los derechos humanos, de acuerdo con la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). 

Agregó que estos hechos se inscriben en un contexto más amplio de implementación de megaproyectos federales en el sureste del país, donde diversas comunidades han denunciado la falta de diálogo social, así como riesgos de despojo territorial, desplazamiento forzado, ruptura del tejido comunitario y afectaciones a sus medios de vida. 

Ante esta situación, el organismo exigió el cese inmediato de la criminalización y persecución penal contra las familias de Arriaga y Pijijiapan; la revisión exhaustiva y eventual desestimación de las denuncias por parte de la FGR, al tratarse -afirmó- de un conflicto de carácter social, administrativo y territorial; así como la garantía plena del debido proceso, la presunción de inocencia y la integridad personal de las personas denunciadas. 

También demandó la apertura inmediata de un mecanismo de diálogo interinstitucional con la participación efectiva de las familias afectadas, organismos de derechos humanos y autoridades competentes, además de la suspensión de cualquier intento de desalojo o recuperación coercitiva del derecho de vía mientras no existan condiciones legales, sociales y humanitarias adecuadas. 

Finalmente, pidió la implementación de medidas de protección contra actos de intimidación, hostigamiento o represalias, así como la adopción de políticas públicas que privilegien la justicia social, la reparación integral del daño y las garantías de no repetición, e hizo un llamado a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y a organismos internacionales para que den seguimiento al caso. 

Con información de: Proceso.