
México atraviesa uno de los momentos más complejos de su historia reciente. Mientras millones de familias viven con miedo por la violencia, mientras madres buscadoras siguen recorriendo el país en busca de sus hijos y mientras comunidades enteras claman ayuda ante el avance del crimen organizado, el gobierno federal parece más preocupado por construir enemigos políticos que por atender las verdaderas crisis nacionales.
La Presidenta de la República tiene la obligación política y moral de nombrar de inmediato a una mujer al frente de la Secretaría de las Mujeres. Ha pasado casi un messin titular en una dependencia fundamental para millones de mexicanas. Las madres buscadoras siguen sin ser escuchadas; las mujeres de Guerrero tienen que acudir incluso al extranjero para pedir ayuda porque la violencia ha rebasado sus comunidades; miles de víctimas continúan esperando justicia.
Convertir a una mujer en blanco político no representa justicia ni sororidad; representa hipocresía y doble discurso. Es ahí donde surge una profunda contradicción y la lucha feminista corre el riesgo de descomponerse cuando se vuelve selectiva, es decir,cuando se utiliza para perseguir políticamente a una mujer mientras se protege a un hombre. El linchamiento público no es una herramienta de justicia y nunca lo ha sido.
Sin embargo, pareciera que la prioridad del gobierno federal no está en proteger a las mujeres ni en devolver la paz al país, sino en defender a sus narcogobiernos y desviar la atención pública. Hoy se maximiza el tema de Chihuahua para intentar ocultar los señalamientos que pesan sobre el gobierno de Rubén Rocha Moya y otros actores políticos señalados incluso por autoridades de los Estados Unidos.
Y para lograrlo, utilizan a una mujer como distractor político. La colocan deliberadamente en el centro del ataque mediático para que el país no hable de lo verdaderamente grave: los territorios controlados por el crimen organizado, los gobiernos rebasados por los cárteles y las familias mexicanas atrapadas en la violencia sin salida visible.
En días pasados, durante una rueda de prensa ofrecida por Morena, observé a una senadora con licencia sonreír y regodearse mientras la dirigente nacional de su partido llamaba a movilizarse para exigir el desafuero de nuestra gobernadora. Ese es el tamaño de la incongruencia: hablan de defensa de las mujeres mientras promueven persecución política contra una mujer que gobierna, enfrenta al crimen y da resultados.
Traición a la patria no es combatir al narcotráfico. Traición a la patria es entregar regiones enteras del país al control de los cárteles.
Maru Campos representa hoy a muchas mujeres mexicanas que se sienten abandonadas por el gobierno federal; a las madres que no pueden entrar a Palacio Nacional mientras grupos extranjeros sí tienen acceso incluso al balcón principal; a las mujeres víctimas de feminicidio que siguen esperando justicia. Representa también a las familias que sufren todos los días porque el crimen organizado convirtió a miles de jóvenes en víctimas de las drogas, la violencia y el reclutamiento criminal.
Destruir un narcolaboratorio de gran capacidad no es un hecho menor. Al contrario, es impedir que millones de dosis de droga lleguen a nuestras familias; es evitar que miles de niñas, niños y jóvenes entren al infierno de las adicciones y defender el derecho de nuestra sociedad a vivir en paz.
Lo digo con convicción: Chihuahua no será Sinaloa. No lo será porque al frente de este gobierno hay una mujer valiente, nuestra gobernadora Maru Campos, que no se ha detenido ante amenazas, ataques ni persecuciones. Una mujer que ha crecido frente a la adversidad y que, como ella misma lo ha dicho, respeta la ley y la hace valer.