En los últimos 7 años, 13 sacerdotes han sido asesinados; “ataques ocurren donde el crimen organiza la vida cotidiana”, advierten

El asesinato o ataque contra un sacerdote no es un hecho aislado ni un daño colateral de la violencia generalizada: es un mensaje directo de control social que busca sembrar miedo y silencio en comunidades donde la Iglesia continúa siendo un actor estabilizador frente al crimen organizado.

Así lo afirmó Omar Sotelo Aguilar, director del Centro Católico Multimedial (CCM), en entrevista con Animal Político sobre el Informe sobre la incidencia de violencia en contra de sacerdotes e instituciones de la Iglesia Católica en México, presentado esta semana.

Para Sotelo, la lógica criminal detrás de estas agresiones es clara. “Si soy capaz de asesinar a un sacerdote, soy capaz de asesinar a quien sea”, señala. Ese mensaje, asegura, “lanza un mensaje tremendo para que las comunidades queden calladas” y sometidas al poder criminal.

Desestabilización y orfandad comunitaria

La muerte de un sacerdote tiene efectos sociales profundos y duraderos, de acuerdo con Sotelo, quien explica que “cuando se asesina a un sacerdote, se deja en la orfandad a una comunidad”, no solo por la pérdida espiritual, sino porque éstos cumplen funciones que el propio Estado ha abandonado.

“El sacerdote no solo ofrece servicios espirituales, sino que también aportan algunos otros servicios a la comunidad, servicios médicos, protección a derechos humanos, protección a migrantes, comedores comunitarios, hasta bolsas de trabajo”, detalló.

Para muchas comunidades, especialmente rurales, indígenas o vulnerables, el sacerdote es el principal mediador frente a abusos, trata de personas, extorsión o reclutamiento, aseguró el religioso.

Por eso, su muerte no solo elimina a un líder, sino que facilita la expansión criminal. “La actividad estabilizadora de la Iglesia compite de alguna otra manera con estas actividades delictivas”, subrayó Sotelo.

Ataque ocurren donde el crimen organiza la vida cotidiana

El CCM documenta que los ataques ocurren con mayor frecuencia en lugares donde grupos criminales controlan aspectos esenciales de la vida diaria. “Existe la narcopolítica, la narcoeconomía, y la narcocultura”, de acuerdo con Sotelo. En estos contextos, el crimen dicta reglas, precios, movilidad, castigos y formas de convivencia.

Los casos más visibles están en Guerrero, Michoacán, Jalisco, Veracruz y Tamaulipas, pero también en zonas densamente pobladas sin presencia estatal efectiva.

En la Ciudad de México y su área metropolitana, el CCM identifica colonias como Iztapalapa, así como municipios conurbados como Naucalpan, Ecatepec y Tlalnepantla, donde “los acosos y las extorsiones son temas muy ordinarios en las diferentes parroquias”.

La intimidación opera como control territorial. Tras el asesinato de un sacerdote, dijo, “se desestabiliza la comunidad” y, con el miedo, se consolidan dinámicas delictivas, incluidos el reclutamiento juvenil y la expansión de economías ilegales.