Sí, existe una alianza entre el Estado mexicano y los cárteles: The Spectator

Las organizaciones mexicanas del narcotráfico mantienen una alianza intolerable con el gobierno de México”, anunció la Casa Blanca el mes pasado, oculta en el comunicado oficial sobre los aranceles estadounidenses a los productos de ese país. La declaración ha causado conmoción en México.

Si es cierto —si el gobierno de nuestro vecino del sur actúa en concierto con, defiende, consiente y/o se beneficia de los cárteles de narcotráfico que han asesinado a cientos de miles de estadounidenses y han trabajado para destruir la soberanía estadounidense en los últimos años— entonces es un pronunciamiento sísmico que anuncia una nueva era de confrontación entre las dos naciones.

Un Estado mexicano que se aliara con los enemigos de Estados Unidos,  en nombre de estos , sería tan intolerable para Estados Unidos como el Panamá de Noriega o el Al Qaeda de Bin Laden. Podría decirse que sería peor, ya que ninguno de estos antagonistas compartía 3.200 kilómetros de frontera terrestre con Estados Unidos.

La pregunta entonces es: ¿es cierto?

La respuesta, obvia para casi todos los que hemos trabajado en, con y para la política entre Estados Unidos y México durante muchos años, es:  sí, es totalmente cierto . Es tan cierto y tan evidente que la sorpresa para los informados no es que el presidente Donald J. Trump declarara al estado mexicano un narcorégimen, sino que no ocurriera hace años. Tras años de complacencia bajo el soporífero régimen de Biden, la política estadounidense está despertando a la realidad.

Catalogar los detalles de la plena colaboración del actual régimen mexicano con los cárteles, y en particular con el Cártel de Sinaloa, requeriría una larga exposición. (Véase, por ejemplo, el informe actualizado de 2025 de la Fundación de Políticas Públicas de Texas sobre la extensa historia de la colusión entre el Estado mexicano y los cárteles). Sin embargo, los puntos principales son suficientes para fundamentar el argumento. Es necesario comprender que el Estado mexicano es ahora esencialmente un régimen unipartidista y populista de izquierda, alineado ideológica y operativamente con regímenes comparables en Cuba y Venezuela. Al igual que estos regímenes, considera a los cárteles de narcotráfico de su país como vehículos de lucro y control, y también como agentes de la política nacional en el exterior, especialmente, pero no solo, en Estados Unidos.

La figura central en el caso del régimen mexicano es el hombre que ejerció la presidencia de México entre 2018 y 2024 y que aún controla la coalición gobernante MORENA a través de sus representantes y familiares en todo el aparato del partido. Andrés Manuel López Obrador, además de ser un antiestadounidense empedernido en su política demagógica, es ampliamente reconocido por haber estado a sueldo del Cártel de Sinaloa durante la mayor parte de los últimos veinte años.

Esto era de conocimiento público en México, y el régimen no se molestó en ocultar la evidencia. AMLO, como se le conoce, dedicó casi toda su presidencia a defender al Cártel de Sinaloa contra los estadounidenses, y en ocasiones contra su propio aparato de seguridad. Visitó más a Badiraguato, la ciudad sede del Cártel de Sinaloa, a lo largo de seis años que a Washington, D.C.; realizó un viaje especial para rendir homenaje a la anciana madre del capo encarcelado Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera; ordenó a sus propias fuerzas de seguridad que liberaran a uno de los hijos capturados de El Chapo; intervino para liberar al oficial de bandera mexicano Salvador Cienfuegos, corrompido por el cártel, de la detención estadounidense; prohibió de hecho a las fuerzas del orden estadounidenses trabajar en México; e incluso prometió utilizar a las fuerzas armadas mexicanas para defender a los cárteles de la acción estadounidense.

Esta ni siquiera es la lista completa, pero servirá.

A AMLO nunca le preocupó que el público mexicano viera todo esto: ¿qué iban a hacer? En cambio, se alarmó enormemente cuando, hace apenas un año, tanto ProPublica como el New York Times  informaron sobre investigaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que databan de hace años, sobre las conexiones financieras entre él y el Cártel de Sinaloa. La tesis, respaldada por abundante evidencia, era que AMLO y los sinaloenses llegaron a un acuerdo en el que el primero brindaría protección y los segundos dinero, y ocasionalmente, fuerza coercitiva en las elecciones. La investigación estadounidense fue cancelada por la administración Obama, que nunca se atrevió a exigir cuentas a la izquierda latinoamericana; pero el resurgimiento del tema en la prensa popular fue intolerable para AMLO, quien amenazó a los periodistas y medios estadounidenses involucrados.

Como todos los jefes de los cárteles mexicanos, Andrés Manuel no teme a la justicia de su país. Sin embargo, sí teme a la justicia de Estados Unidos.

Todo eso sería suficiente, y esa es la evidencia pública y empírica. Las narrativas ampliamente comprendidas, pero inverificables —inverificables porque la verificación puede ser letal— son aún más extraordinarias. En 2022, escribí sobre la increíble historia, que me relató una figura importante de la sociedad civil y los medios de comunicación mexicanos, sobre una supuesta intervención del Cártel de Sinaloa en unas elecciones estatales. Siendo México un país más peligroso para los periodistas que incluso la infeliz Siria, este tipo de transmisión infalsificable de historias es en gran medida lo que se considera periodismo en este ámbito. Sin embargo, el punto aquí es que los rumores son innecesarios para justificar la existencia de la alianza entre el gobierno mexicano y el cártel: lo que sabemos y podemos verificar es suficiente.

Sería un error, al leer este relato de AMLO y su larga relación con el brutal Cártel de Sinaloa, concluir que es una figura singular y no representativa del conjunto. Sin duda, ya debería rendir cuentas tanto a los ciudadanos de Estados Unidos como a los de México, y la política del gobierno en Washington, D.C., debería ser reabrir las investigaciones que el gobierno de Obama cerró y llevarlo ante la justicia. Sin embargo, es simplemente representativo del conjunto. Un relato completo de la historia incluiría al ya mencionado general Salvador Cienfuegos, quien alguna vez estuvo al frente del sistema de defensa de México y conocido en los círculos de los cárteles como "El Padrino"; e incluiría a Adán Agusto López, hasta hace poco segundo en la línea de sucesión a la presidencia mexicana, quien se aseguró de incluir a los líderes del Cártel Jalisco Nueva Generación en su equipo de gobierno en el estado de Tabasco. Incluiría también al gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, de MORENA, quien llegó a un acuerdo para que el Cártel del Noreste se estableciera en su estado. Y eso incluiría a un número incontable de personas más, hombres y mujeres ocupando cargos públicos y del partido MORENA, todos ellos vendiendo de alguna manera su patrimonio nacional a cárteles que ahora son reconocidos, a partir del 20 de enero de 2025, por Estados Unidos como organizaciones terroristas extranjeras.

Su terror existe tanto aquí como en México, por supuesto. Los mexicanos lo saben porque han sido masacrados por cientos de miles en las últimas dos décadas. Los estadounidenses lo saben porque conocemos los terribles costos del fentanilo, las sustancias ilegales y el tráfico de personas, que son las fuentes de ingresos de los cárteles con los que se alía el Estado mexicano. Lo que los estadounidenses desconocen, pero deberían saber, es que la alianza entre el Estado mexicano y los cárteles busca activamente imponer su  voluntad política  en Estados Unidos.

Existen células del partido MORENA en las principales ciudades estadounidenses y organizan eventos públicos a petición de la central del partido: por ejemplo, protestando contra el New York Times por informar sobre las conexiones de AMLO con los cárteles, o colocando carteles de AMLO en Laredo, Texas. Los consulados mexicanos en todo Estados Unidos brindan ayuda a inmigrantes indocumentados en el país, protegiendo las remesas que constituyen una importante fuente de ingresos para los cárteles. El Estado mexicano ha buscado durante mucho tiempo interferir e influir en las elecciones estadounidenses. La disponibilidad (en su mayoría imaginaria) de las decenas de millones de estadounidenses de ascendencia mexicana —incluyéndome a mí— para luchar por México  dentro de Estados Unidos  es una garantía y un cliché de larga data del actual régimen mexicano. Un asesor principal del actual presidente de México me ha dicho directamente que esto es un as en la baraja mexicana, y aunque es una especie de delirio, también es sumamente inquietante.

La presidencia mexicana cambió de manos el 1 de octubre de 2024, de AMLO a su protegida de toda la vida, Claudia Sheinbaum, una tecnócrata elegida a dedo por su casi total ausencia de independencia política. Todo el aparato, con sus conexiones con los cárteles y todo, sigue en su lugar  y al mando . Si lo dudan, observen ahora la reacción del oficialismo mexicano ante la simple verdad de la Casa Blanca. Sin duda, hay un elemento de nacionalismo reflexivo en ello, la respuesta intemporal del civismo mexicano ante incluso las críticas estadounidenses más razonables. Pero hay algo más: intereses amenazados y temor al único instrumento real de justicia para los narcos y sus aliados en este hemisferio: Estados Unidos de América.

La administración Trump merece todo el crédito por decir la pura verdad. Existe una "alianza intolerable" entre los cárteles mexicanos y el gobierno de México. Lo que esto implica, en política y acción, es decisión del gobierno estadounidense, y culpa, en su totalidad, del gobierno mexicano.

Con información de The Spectator.