El asesinato de familiares de Mario Delgado retrata a Colima: cuatro años como el estado más letal

El asesinato de dos mujeres familiares del secretario de Educación Pública, Mario Delgado, ocurrido el pasado fin de semana en Colima, sacudió el círculo de uno de los integrantes más conocidos del Gobierno Federal. Las víctimas —tía y prima de Delgado— fueron atacadas a balazos en su domicilio, en un crimen que generó una inmediata reacción política y un operativo posterior en el que autoridades estatales abatieron a presuntos responsables.

Sin embargo, más allá del impacto mediático y político, el doble homicidio ocurrió en un territorio donde la violencia letal no es una excepción, sino una constante documentada desde hace años. Lejos de tratarse de una nota roja aislada, el crimen se inscribe en la trayectoria de un estado que, por cuarto año consecutivo, encabeza el ranking nacional de tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes, convirtiendo a Colima en la entidad más letal de México en términos proporcionales.

Un liderazgo trágico que se explica por una violencia sostenida que se ha normalizado incluso cuando alcanza a figuras del entorno del poder federal.

Cuatro años en la cima de la letalidad

Los datos oficiales consultados por Animal Político confirman la dimensión del problema. De acuerdo con las defunciones por homicidio del INEGI, Colima registró en 2020 una tasa de 94.5 homicidios por cada 100 mil habitantes; en 2021, aunque la cifra descendió a 81.5, el estado se mantuvo entre los más violentos del país. A partir de 2022, la situación se agravó de forma clara: la tasa se disparó a 115.2 homicidios por cada 100 mil habitantes, colocándolo en el primer lugar nacional.

Lejos de revertirse, la tendencia continuó. En 2023, Colima alcanzó una tasa de 118.8 homicidios por cada 100 mil habitantes, y en 2024 cerró con 123.2, la más alta registrada en México ese año. En términos simples, la probabilidad de morir asesinado en Colima fue cuatro o cinco veces mayor que el promedio nacional.

Para dimensionar la magnitud de la violencia en Colima basta una comparación directa. En 2024, la entidad cerró con una tasa de 123.2 homicidios por cada 100 mil habitantes. Bien, pues ese nivel de letalidad duplica al de estados históricamente violentos como Baja California, que ese año registró una tasa cercana a los 65 homicidios por cada 100 mil, y supera ampliamente al vecino Michoacán, cuya tasa se ubicó alrededor de los 40 a 45 homicidios, pese a concentrar muchos más asesinatos en números absolutos. En Jalisco, otra de las entidades más golpeadas por la violencia criminal, la tasa fue todavía menor, en un rango aproximado de 20 a 30 homicidios por cada 100 mil habitantes.

En otras palabras, aunque Guanajuato, Michoacán o Jalisco concentran muchas más víctimas totales por su tamaño poblacional, ninguno enfrenta una letalidad proporcional comparable a la de Colima.

En cuanto al año 2025, aunque el dato definitivo de tasa aún no ha sido publicado por el INEGI, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) reportó 706 homicidios dolosos en la entidad. Aun con una ligera reducción en números absolutos, especialistas y análisis preliminares coinciden en que Colima se mantuvo nuevamente en el primer lugar nacional en tasa de homicidios, debido a su baja población.

Este punto es clave: Colima no aparece en los encabezados por acumular miles de asesinatos, como ocurre en estados mucho más poblados. Pero precisamente por su tamaño, cada homicidio pesa más, y su impacto proporcional supera al de entidades históricamente asociadas a la violencia como los mencionados Michoacán, Guanajuato, Baja California o Chihuahua.

Desaparecer en Colima: una probabilidad mínima de volver

Ahora bien, la violencia letal no es el único indicador que dibuja el deterioro del estado. A ella se suma una crisis de desapariciones que, aunque menos visible en números absolutos, presenta un patrón igual de preocupante. En Colima, desaparecer implica, en la mayoría de los casos, no volver.

Datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) de la Secretaría de Gobernación muestran que, en los últimos tres años, alrededor del 90% de las denuncias por desaparición siguen vigentes o concluyen con la localización sin vida de la víctima. Es decir, solo una fracción mínima de los casos termina con personas localizadas con vida.

En 2023, se registraron 62 denuncias por desaparición en Colima. De ellas, 54 permanecen vigentes y solo una persona fue localizada sin vida. En 2024, las denuncias fueron 49, de las cuales 43 siguen sin resolverse, mientras tres personas fueron encontradas muertas, prácticamente el 100% de los casos siguen sin resolverse. Para 2025, el estado acumuló 50 denuncias, con 36 casos aún vigentes y cuatro localizaciones sin vida.

Aunque las cifras totales son mucho menores que las de estados vecinos como Michoacán o Jalisco, el patrón es consistente: la enorme mayoría de las personas desaparecidas en Colima, o no regresa, o aparecen sin vida.

Este dato adquiere una dimensión distinta cuando se cruza con la letalidad homicida del estado. En un territorio donde la violencia armada es extrema y sostenida, la desaparición se convierte en una dinámica de difícil retorno.

Manzanillo: el corazón de la disputa criminal

Para entender por qué Colima se convirtió en el estado más letal del país, Animal Político entrevistó a Víctor Sánchez, especialista en seguridad pública, quien plantea que el núcleo del problema está en el puerto de Manzanillo.

“El quid del asunto en Colima es Manzanillo. Es el puerto más grande del país”, explica. Por esa infraestructura —junto con Lázaro Cárdenas, Michoacán— ingresan los precursores químicos necesarios para la fabricación de drogas sintéticas como fentanilo, metanfetaminas y éxtasis, procedentes principalmente de Asia. “Controlar el puerto implica controlar el mercado de las drogas sintéticas”, subraya.

Ese control no solo garantiza un flujo multimillonario por narcotráfico, sino también por piratería, contrabando y tráfico de armas. Manzanillo es, en los hechos, un nodo clave del comercio legal e ilegal del país, y su disputa ha convertido a Colima en un territorio estratégico para las organizaciones criminales.

Actualmente, tres grupos se disputan el control del estado. El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) es la organización con mayor presencia: opera en los 10 municipios de Colima y mantiene una posición dominante tanto en Manzanillo como en la capital. En segundo lugar se encuentra La Mayiza, facción del Cártel de Sinaloa encabezada por Ismael Zambada Sicairos, y a nivel regional opera el Cártel Independiente de Colima, también conocido como Los Mezcaleros, que recientemente anunció una alianza con La Mayiza para enfrentar al CJNG.

Esta confrontación ocurre, además, en un estado rodeado por Jalisco y Michoacán, dos entidades con larga historia de violencia criminal, y que funciona como punto de arranque de rutas comerciales hacia el resto del país.

“Colima no es un mercado secundario; es parte de un macroproceso vinculado al auge de las drogas sintéticas a nivel internacional”, explica Sánchez.

Violencia sin reflector ni estrategia

Pese a estos indicadores, Colima ha pasado largamente desapercibido en el debate nacional sobre seguridad, a diferencia, por ejemplo, del vecino Michoacán, donde las autoridades lanzaron a finales del año pasado el llamado Plan Michoacán para contener la violencia y las extorsiones, luego del asesinato el 1 de noviembre del alcalde independiente de Uruapan, Carlos Manzo.

La razón, explica el especialista, es estadística y mediática: su baja población hace que los números absolutos parezcan mucho menores frente a otras entidades.

“La gente ve más homicidios en Guanajuato o Baja California sin darse cuenta de que, proporcionalmente, lo que ocurre en Colima es más grave”, recalca.

A ello se suma la escasa presencia mediática nacional. Muchos medios no cuentan con corresponsales en Colima o Manzanillo, y la cobertura local tiene un alcance limitado. Así, el estado más letal del país ha permanecido, durante años, fuera del centro del debate.

Esa invisibilidad también se refleja en la política pública. Colima no ha sido priorizado en la Estrategia Nacional de Seguridad, a diferencia de entidades como el mencionado Michoacán o de otras entidades gravemente afectadas por la violencia, como Sinaloa. Aunque Manzanillo ha sido mencionado de forma intermitente por autoridades federales, no existe una estrategia sostenida para contener la violencia. Las revisiones recientes en el puerto, apunta Sánchez, “solo entorpecieron la logística, sin golpear de fondo al crimen organizado”.

En cuanto al gobierno local, el diagnóstico del especialista es contundente: “Está rebasado”. No hay acciones claras, ni resultados visibles, para contener una violencia que lleva cuatro años colocando a Colima como el estado más letal de México.

Con información de Animal Político.