De secuestrar rivales a cobrar piso: la ruta criminal de Diego Rivera Navarro, alcalde de Tequila
La investigación de la Fiscalía General de la República sostiene que la ruta de Diego Rivera Navarro hacia el control de Tequila comenzó con el secuestro de sus rivales en la contienda, un precandidato a la presidencia municipal y su suplente, para forzar renuncias políticas y despejar el camino hacia el cargo, y terminó convertida en un esquema de cobro de piso y extorsión a comerciantes, licoreras y cerveceras, operado desde el propio Ayuntamiento.
Foto: Diego Rivera Navarro / FB
El caso lo coloca desde el 24 de marzo de 2021 “utilizando gente armada”, con una privación de la libertad “a punta de arma de fuego” y el traslado a una “casa de seguridad”, y después lo describe al frente de una estructura “amalgamada en el Gobierno Municipal”, mientras la misma investigación refiere su relación con el Cártel Jalisco Nueva Generación y ubica un “enlace” de esa organización.
El secuestro de candidatos para abrirle paso a Diego
El capítulo del secuestro, como lo reconstruye la FGR, arranca el 24 de marzo de 2021 con el objetivo político directo de sacar de la boleta a la fórmula de Morena en Tequila.
La indagatoria ubica como participantes del hecho a Diego Rivera Navarro y Juan Gabriel Toribio Villarreal, quién a la postre sería parte de su gabinete. Utilizando gente armada, privaron de la libertad a Guillermo Cordero García, precandidato a la presidencia municipal, lo subieron “a punta de arma de fuego” a una camioneta, le taparon el rostro, lo mantuvieron “boca abajo y esposado” y lo llevaron primero a un punto abierto y luego a “una casa de seguridad”, donde la agresión y la coerción fueron el método para doblarlo.
Foto: Facebook
Según testimonios obtenidos por la fiscalía, Guillermo Cordero narra que Juan Gabriel Toribio lo citó en el restaurante La Posta, y que ahí mismo, Diego Rivera y Toribio entraron “con gente armada” y lo subieron por la fuerza a una Cherokee de modelo atrasado.
Dice que lo mantuvieron “boca abajo con un arma apuntándome detrás de la cabeza”, que el vehículo avanzó rumbo a Magdalena, que le colocaron esposas y una “bolsa de tela negra”, y que después de que le “Leyeron la Cartilla” Diego Rivera le quitó la bolsa y “constantemente me amenazaba”, mientras le vendaban los ojos y volvían a cubrirle el rostro.
Con la víctima ya bajo control, la FGR sostiene que la violencia tuvo como propósito obligarlo a renunciar. En un terreno baldío “empleando la violencia física lo coaccionan para que renunciara a su candidatura”, y después, ya en la casa de seguridad, lo forzaron a activar el siguiente paso: llamar al suplente.
Ahí aparece la segunda víctima. Relatan que Cordero fue forzado a comunicarse con Julio Alejandro García Gutiérrez, compañero de fórmula y suplente, para citarlo en las oficinas del INE con el mismo fin: “obtener su firma mediante el uso de coacción para renunciar a su postulación”.
El suplente llegó al punto acordado afuera del INE, y dos personas en una camioneta tipo Jeep blanca lo presionaron con un arma, lo subieron a la fuerza, le pusieron “aros” en las manos, le cubrieron la cara con una venda y lo trasladaron a una casa de seguridad donde permaneció hasta la noche, hasta que lo metieron a firmar un documento.
Para cerrar la pinza, las diligencias ministeriales establecieron que un notario público desempeñó un papel fundamental al actuar presuntamente bajo las órdenes de la estructura criminal liderada por Diego Rivera Navarro. Según los testimonios de las víctimas y familiares integrados en el expediente, fue llevado directamente a la casa de seguridad donde se encontraban los plagiados para dar fe legal del desistimiento y renuncia forzada de sus candidaturas bajo condiciones de tortura.
Asimismo, los reportes de inteligencia indican que el notario certificó que las víctimas se encontraban simplemente “de paso” en el municipio, proporcionando así un blindaje jurídico y una fachada de legalidad al acto violento.
La estructura amalgamada en el gobierno municipal
En el organigrama, la FGR ubica a Diego Rivera Navarro como “EL PRESIDENTE” y lo coloca al centro de una red de extorsión que se movía desde el Ayuntamiento con piezas en áreas estratégicas y tareas criminales repartidas.
Foto: Especial
La indagatoria señala a Juan Manuel Pérez Sosa, desde la Dirección de Seguridad Pública Municipal, como el brazo armado de la estructura; a Diego López Ibarra, quien formalmente administra la Tesorería Municipal, como quien se encarga de lavar el dinero obtenido por los cobros de los empresarios; y a Juan Gabriel Toribio Villarreal, desde la Dirección de Recursos Humanos del Municipio, como quien perpetuó el esquema de la estructura criminal amalgamada en el Gobierno Municipal. En el caso de Julio César Limón Trigueros, jefe del gabinete, se le atribuye que “mantiene el control político y encubre las operaciones”.
El Rey Mago, el enlace con el CJNG y las corporaciones policiales
En el organigrama que traza la investigación, el nombre que conecta el círculo municipal con el crimen organizado es Severo Flores Mendoza, alias El Rey Mago.
Se advierte que es el enlace entre las estructuras del Cártel Jalisco Nueva Generación y las corporaciones policiales, y añade que, conforme a los reportes integrados al caso, provee información judicial y operativa a la organización criminal.
De las declaraciones recabadas se desprende que mantiene vínculos con el jefe de Seguridad Pública municipal de Tequila, Juan Manuel Pérez Sosa.
Cobro de piso y extorsión desde el ayuntamiento
El informe ministerial sostiene que el gabinete de primer nivel se dedicaba a la extorsión mediante el cobro de piso y secuestro de comerciantes en la región. Un testigo afirma que todos los comerciantes de la zona pagaban una cuota de derecho de piso que el alcalde impuso, con cobros de 500 pesos semanales a 1500 pesos dependiendo el giro comercial.
Foto: Especial
Ese mismo relato ubica el cobro en el círculo del alcalde y sostiene que quien va a cobrar es el asesor del presidente municipal de nombre Diego López Ibarra, sin recibos “porque son órdenes del presidente municipal Diego Rivera Navarro”. Lo mismo extorsionaban a licoreras como cerveceras y se presionaba con clausuras e inspecciones.
Julio de 2025, la privación de libertad con exigencias económicas
La investigación también sostiene que el patrón se repitió. En julio de 2025, la solicitud afirma que Diego Rivera Navarro aparece junto a operadores municipales en otro secuestro. El documento señala que “privaron de la Libertad a la víctima L.E.A.R. junto con gente armada”, que lo subieron a una patrulla municipal y que “Diego Rivera Navarro exigió el pago de 30,000.00 pesos” y “cuotas mensuales de 20,000.00 como derecho de piso”.
La orden de aprehensión
La orden de aprehensión fue librada por Mario Elizondo Martínez, juez de Distrito especializado en el Sistema Penal Acusatorio en el Estado de México, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal con residencia en Almoloya de Juárez, Altiplano contra Diego Rivera Navarro, alias “El Presidente”, Juan Gabriel Toribio Villarreal, Diego López Ibarra, Juan Manuel Pérez Sosa, Julio César Limón Trigueros y Severo Flores Mendoza, alias “El Rey Mago”.
A todos se les señala como probables responsables por delincuencia organizada con el fin de cometer delitos de secuestro, y además por secuestro agravado en el caso de Diego Rivera y Juan Gabriel Toribio por el plagio del candidato y su suplente.
Con información de: Político.mx
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