Exigen acabar con encubrimiento en caso de Ángel Manuel, adolescente muerto bajo custodia del DIF
CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- A cuatro años de la muerte del adolescente Ángel Moreno en instalaciones del DIF de Nuevo León, las organizaciones que han dado seguimiento a su caso exigieron a las autoridades acaben con el encubrimiento de los responsables de los acontecimientos y se cumpla con la recomendación 148/2025 emitida recientemente por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC) y Tejiendo Redes Infancia exigieron en un comunicado que “las autoridades del estado de Nuevo León rompan la protección política que ha sostenido el encubrimiento” de la muerte de Ángel, quien vivió 10 años de su vida bajo la custodia del DIF estatal, donde no recibió la atención requerida a sus padecimientos de trastorno de déficit de atención con hiperactividad, síntomas de estrés postraumático, trastorno depresivo persistente, discapacidad intelectual, crisis epiléptica y de ansiedad.
“La persistencia de este caso paradigmático no es únicamente un acto de memoria pública: es recordar el riesgo activo para la vida e integridad de niñas, niños y adolescentes bajo tutela estatal, porque cuando el poder bloquea la rendición de cuentas la impunidad se convierte en un incentivo de repetición”, alertaron CADHAC y Tejiendo Redes Infancia.
El 28 de noviembre de 2021, de acuerdo con lo documentado por las organizaciones, Ángel y otros tres adolescentes realizaron protestas por los maltratos constantes que recibían en el DIF Capullos, donde se encontraban internados, lo que derivó en una represión por parte de policías municipales que los golpearon, les inyectaron tranquilizantes, les sujetaron las manos y los pies con cinta y los trasladaron al DIF Fabriles, donde se atendía a infancias migrantes.
A pesar de que la Comisión de Derechos Humanos de Nuevo León dirigió medidas cautelares al entonces director del DIF, Miguel Ángel Sánchez Rivera, para “evitar cualquier acto en contra de la integridad física y seguridad persona de las niñas, niños y adolescentes que se encuentran en resguardo, protegiendo efectivamente sus derechos humanos a fin de que no sean trasgredidos”, el 8 de febrero de 2022, Ángel fue golpeado por un custodio luego de que el adolescente discutió con algunos de sus compañeros.
Debido a los fuertes golpes en el abdomen, propinados por el custodio identificado como Raymundo Francisco “N”, Ángel estuvo vomitando en su habitación sin recibir ninguna atención médica, agonizando durante más de diez horas hasta que falleció la madrugada del 9 de febrero. Fue velado durante un par de horas y su cuerpo fue cremado de forma inmediata, lo que dificultó una investigación completa.
Las organizaciones resaltaron que, el 17 de diciembre pasado, la CNDH emitió la resolución 148/2025 dirigida al DIF Nuevo León, que se había negado a aceptar la recomendación que hizo la CDHNL desde dos años atrás, la 01VG/2023, en la que se calificó la muerte de Ángel como “un crimen de Estado”.
La CNDH instó al gobierno de Samuel García “aceptar íntegramente la recomendación estatal, colaborar en una denuncia administrativa ante la Contraloría, emitir una circular interna para instruir el cumplimiento de recomendaciones y designar un enlace de alto nivel para seguimiento”.
Las organizaciones consideraron que dar cumplimiento a la recomendación de la CNDH “es una de las llaves de la justicia para desmontar la protección política que ha sostenido la impunidad” en que permanece la muerte de Ángel.
“Sin aceptación íntegra, sin investigación de la cadena de mando y sin medidas de no repetición, el Estado mantiene abierto el riesgo para niñas, niños y adolescentes institucionalizados”, sostuvieron las organizaciones.
En su pronunciamiento, CADHAC y Tejiendo Redes Infancia exigieron al gobernador Samuel García y al DIF Nuevo León “informen si ya aceptaron íntegramente la recomendación y muestren constancias del cumplimiento; que la Fiscalía informe avances y líneas de investigación sobre responsabilidades institucionales; que se remuevan obstáculos procesales que impiden investigar a todas las personas implicadas y que se implementen medidas de protección para denunciantes, personas trabajadoras y defensorías; y que el Congreso local active la comisión de seguimiento del caso y revise el marco legislativo para fortalecer la supervisión independiente y protección integral de las infancias en los espacios de cuidados alternativos”.
Al recordar que “lo que está en juego no es únicamente un expediente” sino “la vida y la integridad” de infancias y adolescencias tuteladas por el Estado, las organizaciones resaltaron que con la recomendación de la CNDH se tiene “la llave para lograr justicia para Ángel y abrir el candado de la impunidad”, para lo cual alertaron que se requiere “voluntad política de actores clave a nivel nacional y estatal” y ciudadana.
A la exigencia de CADHAC y Tejiendo Redes Infancia, se sumó también la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), que en un video resaltó que el caso de Ángel no es aislado, “su historia refleja las fallas del sistema de protección infantil y la urgencia de transformarlo”.
En el video, la directora ejecutiva de Redim, Tania Ramírez, consideró un hecho “profundamente grave que siga habiendo una actitud de no aceptación, negacionista que propicia la impunidad y que sabemos que puede dejar en la desprotección a muchos más niños, niñas y no solamente a Ángel”.
Al recordar al adolescente “con dolor” la directora de Redim puntualizó que su organización se sumó a la exigencia de justicia, la aceptación de la recomendación en su totalidad, que las personas “responsables y que han sido señaladas no se mantengan no se mantengan protegidas ni en la impunidad, y que la investigación dé con los responsables y que estos encuentren finalmente castigo”.
Con información de: Proceso.
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“Lo que se está viendo en México con los empresarios que son objetivos de la inteligencia estadounidense es del tipo llamado ‘empresario híbrido’, donde se combinan negocios legales con operaciones ilícitas”, destaca el artículo del periodista.
El caso ha encendido alertas dentro del sector privado y entre autoridades locales, al tiempo que la investigación estadounidense continúa su curso sin que hasta ahora se hayan dado a conocer más detalles sobre posibles sanciones o imputaciones.
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“La verdad es que en todas las encuestas que se han hecho a nivel estatal, obviamente Juárez incluido nos está yendo muy bien y no solamente en Juárez. Este sábado tuvimos un evento en Chihuahua capital y abarrotamos el centro de convenciones”, dijo en los medios nacionales.
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Resulta contradictorio que se impulse la visita a este destino utilizando imágenes desactualizadas, lo que pone en duda si las instancias estatales han dado seguimiento a la situación real del lugar en los últimos años.
Cabe recordar que las letras monumentales de “Camargo” fueron destruidas el pasado 31 de diciembre, luego de una explosión que provocó que fragmentos metálicos salieran proyectados. El incidente también ocasionó daños en al menos diez viviendas cercanas, cuyos vidrios resultaron afectados por la onda expansiva.
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LeBarón expuso en el podcast de Adela Micha “La Saga”, que hubo complicidad institucional entre Javier Corral y Claudia Pavlovich, quienes en ese entonces fungían como gobernadores de Chihuahua y Sonora con los grupos criminales, destacando que tras nueve horas de espera nadie apareció para apoyarlos. Por si fuera poco, a la fecha se tienen 30 detenidos pero no hay sentenciados.
Por cierto, en este mismo espacio expuso que tras haber destapado su interés para contender por un puesto político y le han llegado miles de mensajes acusándolo de ser acaparador de agua más grande de México, “En el momento que eres víctima de un crimen, buscan cómo justificar lo que te haya sucedido buscando en tu historia algún pretexto para ignorar la responsabilidad, no solo de las instituciones, sino también de los mexicanos”, expresó.
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