Familias exigen justicia tras liberación de propietario de crematorio en Ciudad Juárez
Familias afectadas por el caso del crematorio Plenitud manifestaron públicamente su indignación luego de que un juez federal ordenara la liberación de su propietario, tras concederle un amparo.
El resolutivo fue emitido por el juez Séptimo de Distrito en Ciudad Juárez, Luis Eduardo Rivas Martínez, quien determinó que los hechos relacionados con el hallazgo de 386 cuerpos en condiciones irregulares y la presunta entrega de restos que no correspondían a las víctimas no constituyen un delito grave.
La decisión judicial permitirá que el dueño del establecimiento recupere su libertad este mismo viernes por la tarde, lo que ha generado molestia entre los deudos, quienes consideran que el caso no ha sido dimensionado con la gravedad que amerita.
Los familiares señalaron que continúan enfrentando las consecuencias emocionales y legales del caso, al tiempo que cuestionan la actuación de las autoridades encargadas de la investigación y judicialización. Aseguran que el proceso ha estado marcado por fallas que han derivado en la resolución favorable al imputado.
En su posicionamiento, hicieron un llamado directo a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para que el Gobierno Federal intervenga y revise la actuación judicial. Asimismo, solicitaron que la Fiscalía General de la República atraiga el caso, al considerar que las instancias locales no han garantizado una acusación sólida.
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Planchado en la SEGOB
Para algunos, debería ser un escándalo que se cocinen en las oficinas de la SEGOB los acuerdos legislativos, lo que implica una invasión y sometimiento al poder Ejecutivo.
Así ocurrió con el llamado "Plan B" de la Ley Maduro.
Fueron más de 12 horas de negociaciones en la Secretaría de Gobernación, entre Morena el Partido del Trabajo (PT) y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM)
Las gestiones para alcanzar el acuerdo fueron encabezadas por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, con la participación de la consejera jurídica de la Presidencia, Esthela Damián, y del coordinador general de Política y Gobierno de la Presidencia, Arturo Zaldívar.
El Plan B: incluye:1. Recortes a Congresos locales 2. Recortes a los Ayuntamientos 3. Someter a consulta temas electorales 4. Adelantar la revocación de mandato para 2027
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