
Hoy miércoles 25 de febrero, la Presidenta de la República por fin dio los pormenores de una ambiciosa iniciativa de reforma constitucional en materia electoral y política. En el contexto actual, la eficiencia del gasto público y la modernización de las instituciones son metas que nadie, en su sano juicio, podría impugnar. Sin embargo, hay que analizar objetivamente y tomar conciencia de la realidad política en Chihuahua, nuestra obligación es leer la "letra chiquita" para determinar si estamos ante una evolución o un retroceso.
A grandes rasgos, estos son los diez ejes rectores de esta propuesta a la luz del derecho comparado y la técnica jurídica:
1. El Congreso: ¿proporcionalidad o mera supervivencia?
La reforma mantiene 500 diputados, pero bajo un esquema de "votación directa" que reconfigura las 200 diputaciones de representación proporcional. Al asignar 97 escaños a los "mejores resultados" no ganadores y 95 por listas de circunscripción, México se aleja de modelos como el de Alemania, donde el sistema MMP (Mixed-Member Proportional) busca una correspondencia casi exacta entre votos y escaños. Aquí, el riesgo es la creación de un sistema de "premios de consolación" que podría distorsionar la voluntad popular en favor de las mayorías consolidadas.
2. La Austeridad como Espada de Damocles
El decremento del 25% en el costo de las elecciones y la reducción de sueldos en el INE bajo el artículo 127 constitucional plantean un dilema ético. Si bien el ahorro es necesario, el derecho comparado muestra que en democracias como la de Canadá, la autonomía financiera del órgano electoral es la garantía de su imparcialidad. Recortar presupuesto y eliminar "duplicidad de funciones" puede ser una vía indirecta para asfixiar la operatividad técnica que da certeza a los comicios.
3. Fiscalización: El Big Brother Financiero
La iniciativa propone que el INE tenga acceso oportuno a las operaciones financieras y prohíbe las aportaciones en efectivo. Jurídicamente, esto es un acierto para combatir el dinero opaco (ojo al tema tan mencionado del narcotráfico). No obstante, la centralización de estos recursos dentro del sistema financiero y el uso de tecnologías de fiscalización deben contar con salvaguardas procesales para no convertirse en herramientas de persecución política.
4. Voto en el Extranjero: La Deuda con la Diáspora
Facilitar el voto para la "diputación migrante" es una medida de justicia para los mexicanos residentes en el exterior. Países como Francia tienen escaños específicos para sus ciudadanos en el extranjero, lo que fortalece el sentido de pertenencia nacional.
5. Tiempos de Radio y TV: La Comunicación Política en Juego
Se propone reducir de 48 a 35 minutos diarios por emisora en periodo electoral. En una era dominada por las redes sociales, esto parece lógico, pero en términos de equidad de contienda, reduce el espacio para que las voces emergentes o de oposición contrasten ideas frente a la narrativa oficial prevaleciente.
6 y 7. IA y Cómputos: La Modernización Apresurada
La regulación de la Inteligencia Artificial y la prohibición de bots es vanguardista, pero difícil de implementar sin vulnerar la libertad de expresión. Por otro lado, iniciar los cómputos distritales al término de la jornada electoral es una medida de celeridad que imita sistemas de conteo rápido, pero que requiere una precisión logística absoluta para evitar conflictos poselectorales.
8. Democracia Participativa: La Digitalización del Referéndum
Extender el referéndum y la revocación de mandato a estados y municipios, permitiendo el voto electrónico, es una apuesta por la tecnología. El reto aquí no es la ley, sino la ciberseguridad y la confianza ciudadana en el algoritmo.
9 y 10. La Herencia y la Permanencia: Nepotismo y Reelección
La prohibición de heredar cargos a familiares o postularlos para puestos similares (No Nepotismo) y la eliminación de la reelección consecutiva a partir de 2030 son los puntos de mayor calado político. México regresa a su tesis revolucionaria original: "Sufragio efectivo, no reelección".
La Incógnita en la Coalición
Más allá de la técnica, surge una duda razonable sobre la aritmética legislativa. La reforma prohíbe la reelección inmediata y limita drásticamente el número de regidurías conforme a la población (máximo 15). Estas medidas golpean directamente la línea de flotación de los partidos pequeños, que suelen depender de la rotación de cuadros y la presencia en cabildos para sobrevivir.
¿Cómo se comportarán el Partido Verde y el Partido del Trabajo (PT) ante esta iniciativa?, ¿estarán dispuestos a votar por un esquema que limita su propia reproducción política y presupuestal en los municipios?, ¿o veremos, quizás, una negociación tras bambalinas que matice el espíritu de la reforma en favor de la supervivencia de los aliados?
La democracia es, ante todo, un ejercicio de contrapesos. En Chihuahua, sabemos que las instituciones se construyen con años de esfuerzo y se pueden desmantelar con una sola firma. La reflexión debe ser profunda: ¿queremos una democracia más barata o una democracia más libre?, ¿a más votos, más democracia?