Desplazan a 30 indígenas tseltales del municipio de Chilón, Chiapas; tres denuncian tortura

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) denunció el desplazamiento forzado de 30 indígenas tseltales, miembros del Congreso Nacional Indígena (CNI), ocurrido el pasado 12 de febrero de 2026 en el ejido Jotolá, municipio de Chilón en Chiapas.

El organismo documentó que ocho familias campesinas fueron expulsadas de sus hogares bajo condiciones de violencia extrema y que incluso tres personas fueron víctimas de actos de tortura.

De acuerdo con el Centro, alrededor de las 08:00 de la mañana del 12 de febrero se llevó a cabo la detención de Francisco Moreno Hernández por la Policía Municipal. En un segundo momento a las 11:00 hrs, aproximadamente cien personas irrumpieron en el ejido que habitaban las familias que están desplazadas. 

Entre los agresores, detalla el comunicado, se identificó la participación de la Guardia Estatal, la Policía Municipal de Chilón, funcionarios del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y del Tribunal Unitario Agrario.

“El desplazamiento forzado interno dejó cinco casas destruidas, pertenencias robadas y quemadas, animales domésticos asesinados y al menos tres personas sometidas a tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, en ese momento fue detenida María de Jesús Sánchez (Maria de Jesús), durante el traslado fue torturada por un elemento de la Fiscalía Indígena y amenazada con ser desaparecida”.

Entre las personas afectadas están 17 niñas y niños, una mujer embarazada, dos personas adultas mayores y dos menores de edad con discapacidad. 

Denuncian tortura y criminalización

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) mencionó que los detenidos también fueron criminalizados pues tanto Francisco como María de Jesús fueron puestos a disposición ante el Juzgado de Control de Yajalón y fueron acusados por el delito de despojo agravado.

Lejos de brindar protección, el Estado ha iniciado procesos judiciales contra las víctimas. Francisco Moreno permanece recluido en el Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados de Yajalón No. 12, bajo la medida cautelar de prisión preventiva justificada; mientras que María de Jesús Sánchez enfrenta el proceso bajo firma periódica.

El Frayba señaló también que existen ocho órdenes de aprehensión adicionales vigentes contra otros miembros del CNI.

“Estas acciones forman parte de una estrategia de represión contra quienes defienden la tierra y se niegan a privatizarla. La participación de estas autoridades y actores locales en este evento constituye una grave violación a los derechos humanos”.

Ante los hechos, el Centro aseguró que se debe garantizar protección a los indígenas desplazados, investigar los actos de violencia y asegurar justicia para quienes habitaron el ejido por más de 30 años.

“Exigimos al Estado mexicano la aplicación inmediata de los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos de la ONU y, en consecuencia, el cumplimiento de la Ley para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno en Chiapas. Es urgente garantizar atención integral a mujeres embarazadas, personas adultas mayores, niñas, niños y personas con discapacidad, quienes enfrentan condiciones de extrema vulnerabilidad tras el desplazamiento forzado”. 

También demandaron el cese de la criminalización y el retiro de las órdenes de aprehensión emitidas contra integrantes del CNI, así como la liberación inmediata de Francisco Moreno Hernández.

Con información de: Animal político.