Subió el crudo Brent a 82.37 dólares el barril, su nivel más alto desde enero de 2025
Los precios internacionales del crudo registraron fuertes alzas este lunes en medio de una escalada de tensiones en Medio Oriente que afectó infraestructuras energéticas clave y el tránsito marítimo en el estratégico estrecho de Ormuz.
Los futuros del crudo Brent subieron hasta un 13%, alcanzando los 82.37 dólares por barril, su nivel más alto desde enero de 2025. Posteriormente moderaron sus ganancias y cerraron con un incremento de 4.87 dólares, equivalente a un 6.68%, para situarse en 77.74 dólares por barril.
En tanto, el West Texas Intermediate (WTI) de Estados Unidos finalizó la jornada en 71.23 dólares, con un alza de 4.21 dólares, o un 6.28%. Durante la sesión, el contrato llegó a escalar más de un 12%, hasta los 75.33 dólares, su nivel más elevado desde junio.
El repunte se produjo luego de que Arabia Saudita anunciara el cierre de su mayor refinería tras un ataque con drones, lo que avivó las preocupaciones sobre la estabilidad del suministro global. Paralelamente, Qatar detuvo la producción de gas natural licuado (GNL), mientras su empresa estatal QatarEnergy se preparaba para declarar fuerza mayor en los envíos del combustible.
La creciente confrontación con Irán agravó aún más la situación. Al menos 150 embarcaciones permanecían varadas en el estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el comercio energético mundial, tras la muerte de un marinero y daños a por lo menos tres petroleros.
Una parte significativa del crudo exportado por algunos de los principales productores del mundo (entre ellos Arabia Saudita, Irak e Irán) transita por este paso estratégico, lo que incrementa el temor de interrupciones prolongadas en el suministro y nuevas presiones sobre los precios internacionales de la energía.
Analistas advierten que, de prolongarse el conflicto o ampliarse los ataques a infraestructuras energéticas, el mercado podría enfrentar una mayor volatilidad en las próximas semanas, con posibles repercusiones en la inflación y en la economía global.
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Después de la serie de críticas que ha emitido el presidente municipal con licencia de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, hacia la Torre Centinela de la SSPE, resurgió información pública de hace varios años, en donde el mismo ayuntamiento aprobó la donación de predios para la realización de esta obra de seguridad.
Y es que el 22 de junio del 2022 el Cabildo de Ciudad Juárez aprobó la donación de 6 predios para la construcción de esta torre de seguridad, que en conjunto suman 4 mil 450 metros cuadrados, en donde actualmente está esta obra estatal, lo que genera una serie de dudas sobre si realmente el pensamiento del morenista en ese entonces era que la construcción era “un mugrero”, como se ha referido en meses anteriores.
Cabe mencionar que este asunto se agregó de manera urgente durante la sesión ordinaria 19 del Cabildo, por lo que al parecer era apremiante el aprobar dicha donación. Hoy, a unos días de cumplirse 4 años de esa indicación de ayuntamiento, el candidateable a la gubernatura de Chihuahua le llama “mugrero” y quiere convertir la obra de seguridad en una torre departamental, así la incongruencia del morenista…
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I. La injerencia en los procesos electorales mediante financiamiento ilícito, propaganda, difusión sistemática de desinformación o manipulación digital o sometimiento a intereses extranjeros;
II. La intervención para favorecer o perjudicar candidaturas, partidos políticos, coaliciones, candidaturas comunes o autoridades electorales;
III. La realización de actos de presión política, económica, o mediática, de violencia física, patrimonial, emocional o psicológica o sometimiento a intereses extranjeros que tengan por finalidad alterar la voluntad popular;
IV. La vulneración del territorio estatal por tierra, agua, o espacio aéreo con fines de presión, intimidación, afectación o sometimiento a intereses extranjeros al electorado;
V. Actos de violencia electoral o sometimiento a intereses extranjeros entendidos como conductas de agresión organizadas que ponen en riesgo o afectan la libertad, autenticidad o certeza de los procesos electorales y tienen por objeto o resultado beneficiar o perjudicar una o más candidaturas, partidos políticos, coaliciones, candidaturas comunes o autoridades electorales.
VI. Cualquier otra conducta que comprometa la integridad personal o comunitaria o afecte la autenticidad y libertad del sufragio y soberanía frente a intereses extranjeros.
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