Cuando la voz de niñas, niños y adolescentes no se escucha: la urgencia de una defensa efectiva y especializada en México

Tus derechos, con un toque de café

Por, Sabela Patricia Asiain Hernández. 

En México nos encontramos en una coyuntura decisiva. Niñas, niños y adolescentes deben ser reconocidos y representados como titulares de derechos, no como simples objetos de tutela. Su voz no puede diluirse en la de sus madres, padres, personas tutoras o terceras personas que intervienen en los procedimientos judiciales, porque en ocasiones los intereses de quienes les representan no coinciden con los suyos. Por eso, hablar de defensa técnica, efectiva y especializada no es un lujo ni una idea importada sin sentido práctico; es una exigencia propia de un sistema de justicia que realmente quiera escucharles, comprenderles y protegerles.

En Chihuahua, como en el resto del país, la representación de niñas, niños y adolescentes suele descansar, en primer término, en la representación originaria que ejercen quienes tienen la patria potestad o la tutela. No obstante, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes ya prevé un andamiaje jurídico relevante para que los niños y las niñas sean representados en juicio, ello a través de las Procuradurías de Protección, al reconocer la representación coadyuvante y la representación en suplencia. Pero, el problema no es únicamente normativo. El verdadero desafío consiste en que esa representación deje de ser una presencia formal en el expediente y se convierta en un ejercicio real, cercano y sensible, construido a partir del contacto directo con niñas, niños y adolescentes, de la escucha de sus manifestaciones y de la comprensión de sus necesidades específicas.

En ese punto resulta inevitable mirar experiencias latinoamericanas como la figura del abogado o la abogada del niño en Argentina. Su principal aporte no radica solamente en el nombre, sino en la lógica que la sostiene: que exista una persona profesional del derecho que escuche directamente a la niña, al niño o a la persona adolescente, que conozca su posición, que comprenda su contexto y que defienda sus derechos e intereses propios dentro del procedimiento. México no parte de cero. Con las herramientas que ya prevé la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, las Procuradurías de Protección pueden ejercer una representación análoga en muchos supuestos, siempre que esa intervención se asuma con verdadera especialización y con presencia efectiva frente a la infancia y la adolescencia.

La relevancia de este debate se intensifica frente a la implementación gradual del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, cuya entrada en vigor en todo el país no puede exceder al mes de abril de 2027. Su Artículo 666 dispone que en todo momento las partes deberán contar con una defensa técnica y efectiva, y que, tratándose de asuntos que afecten derechos de la infancia, además la defensa será especializada. Esa especialización todavía requiere ser definida con mayor precisión en su alcance institucional, académico y práctico, pero ya existe un mandato normativo claro: no bastará con conocer normas procesales y sustantivas; será indispensable incorporar herramientas para entender el mundo desde los ojos de niñas, niños y adolescentes, incluidas dimensiones psicológicas, de desarrollo evolutivo y de comunicación adecuada.

A ello se suma la tan esperada Observación General número 27 del Comité de los Derechos del Niño, dedicada al acceso de niñas, niños y adolescentes a la justicia y a recursos efectivos, que sigue en fase de proyecto y consulta pública, pero se espera que salga a la luz en este año. Su futura adopción será particularmente trascendental porque provendrá del intérprete autorizado de la Convención sobre los Derechos del Niño y contribuirá a precisar las condiciones necesarias para que el acceso a la justicia no sea una promesa abstracta, sino una posibilidad real. Todo indica que el derecho de acceso a la justicia de la infancia no puede satisfacerse sin defensa técnica, efectiva, sin especialización y sin mecanismos institucionales que hagan posible una representación auténtica.

Estamos, en suma, ante una coyuntura. Lo que corresponde en este momento no es solamente producir más leyes, sino construir mecanismos para que las ya existentes se cumplan de manera efectiva por medio de instituciones públicas capaces de acercarse de verdad a niñas, niños y adolescentes. Si el sistema jurídico mexicano quiere garantizarles un acceso real a la justicia, deberá asumir que representar sus derechos exige escucharles directamente, mirar su realidad con seriedad y convertir la especialización en un ejercicio vivo de derechos.

Algo me dice que pronto estaremos ante un escenario, donde las apelaciones y los medios de defensa sean interpuestos por la voluntad de los niños y niñas, reconocidos como titulares de derechos y no como objetos de protección.