Ante la profunda crisis que enfrentan los productores de maíz y frijol en el país, la diputada federal del PAN, Carmen Rocío González Alonso, anunció que exhortará de manera urgente a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) para actualizar las reglas de operación del Programa Comercio Justo, en el presente ejercicio fiscal.
Indicó que actualmente, el maíz y el frijol enfrentan una profunda crisis derivada de la caída de los precios de mercado, el incremento sostenido de los costos de producción y la ausencia de una política integral que garantice condiciones de rentabilidad y certidumbre para los productores.
“Esta problemática impacta a entidades productoras como Sinaloa, Chihuahua, Jalisco, Guanajuato, Estado de México, Michoacán, Veracruz, Puebla y Chiapas y en varias de ellas la situación se agrava por la sequía”. En el caso de Chihuahua, agregó, más de la mitad de sus municipios registraron sequía severa y las presas alcanzaron niveles críticos de entre 15 y 20 por ciento de su capacidad.
“Esto redujo la superficie sembrada, incrementó los costos de fertilizantes, diésel, energía eléctrica, semillas, agua de riego y maquinaria, lo que obligó a productores a abandonar tierras o reconvertir cultivos”, sostuvo.
La diputada por Chihuahua indicó que el precio de garantía del maíz es de 5,840 pesos por tonelada para pequeños productores, no obstante, los costos reales de producción por hectárea oscilan entre 20 mil y 65 mil pesos. En Chihuahua, por ejemplo, producir maíz cuesta entre 40 mil y 60 mil pesos por hectárea, mientras el precio pagado al productor ronda los 6 mil pesos por tonelada.
En el caso del frijol, dijo, el panorama no es distinto. El país importa 233 mil toneladas al año, mientras que en estados como Zacatecas, Durango y Chihuahua el productor recibe entre 9 y 12 pesos por kilo, frente a precios al consumidor que superan los 40 o 50 pesos. “Esta brecha, sumada al incremento en fertilizantes, fletes y salarios, ha generado pérdidas y endeudamientos”, dijo.
En Chihuahua, advirtió la diputada federal del PAN, el campo no puede esperar más. “Si no se corrigen las distorsiones en precios y costos, estaremos comprometiendo no solo la economía rural, sino la seguridad alimentaria nacional”, enfatizó.
Afirmó que los actuales esquemas de precios de garantía de la SADER y SEGALMEX son limitados y no incluyen de forma general a medianos y grandes productores, además de que presentan retrasos en pagos y restricciones operativas, por ello la urgencia de fortalecer dichos precios; ampliar mecanismos de compra directa y revisar las políticas de importación.
La diputada González Alonso concluyó que SADER y SEGALMEX deben establecer los precios de garantía con base en un criterio de rentabilidad real, sustentado en estudios actualizados de costos de producción por región e indexado a la inflación y al aumento acumulado de insumos estratégicos como fertilizantes, combustibles y semillas.