Juzgado federal ordena al Ejército entregar más de 800 folios sobre caso Ayotzinapa

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Un juzgado federal ordenó a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) entregar 853 folios de inteligencia militar relacionados con la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, ocurrida el 26 de septiembre en Iguala, Guerrero. 

De acuerdo con un comunicado de las organizaciones que representan a los familiares de los jóvenes desaparecidos -Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Centro de Análisis e Investigación Fundar y el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez- en su resolución al juicio de amparo 1350/2023,  el pasado 19 de febrero el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México instruyó al Ejército mexicano “entregar la totalidad de la información generada durante 2014 por el Centro Regional de Fusión de Inteligencia ‘Centro’ (CFRI), con sede en Iguala, Guerrero, así como por otras instancias militares de inteligencia”. 

Según las organizaciones, fue el propio juzgado quien estimó en 853 los folios CFRI que la Sedena se ha negado a entregar a los familiares de los estudiantes, que fueron identificados en su momento por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).  

El fallo consideró que el acceso irrestricto a esa documentación “debe facilitarse para garantizar una búsqueda efectiva de la verdad” sobre el destino de los 43 normalistas, ante el derrumbe de la “verdad histórica” que sostenía que los estudiantes habían sido asesinados e incinerados en el basurero del municipio de Cocula.  

“La sentencia precisa que la falta de continuidad de los documentos no demuestra su existencia, sino que constituye un indicio de que información obra en poder de las autoridades militares y debe ser entregada”, señalaron las organizaciones.  

En el comunicado explicaron que la sentencia se originó de una demanda de amparo presentada en agosto de 2023 por madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos, reclamando “la omisión de las autoridades militares de entregar todos los reportes de inteligencia producidos en 2014, incumpliendo el Decreto Presidencial de 2018 que obliga a las dependencias federales a colaborar plenamente en el esclarecimiento del caso”.  

Como autoridades responsables del agravio, las familias señalaron a la Sedena, particularmente a “a diversas instancias de su estructura de inteligencia, por el ocultamiento de documentos”, identificados en el sexto informe del GIEI.  

Recordaron que, en ese documento, el GIEI asentó que “tuvo acceso a comunicaciones internas del Ejército elaboradas por el CFRI en 2014, relativas al seguimiento realizado a los estudiantes durante y después de los hechos del 26 y 27 de septiembre en Iguala”.  

En el informe, los expertos documentaron que “los folios proporcionados estaban incompletos, por lo que evidenció la existencia de documentación faltante y el ocultamiento arbitrario por parte de la institución castrense”, a pesar de que hay indicios de que “su contenido es relevante para entender el contexto de criminalidad de Iguala y en particular para esclarecer lo ocurrido el 26 de septiembre de 2014”.  

Las organizaciones alertaron que las familias de las víctimas tuvieron que recurrir a la justicia federal, tras la parálisis de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia (Covaj), creada en el decreto presidencial de diciembre de 2018, “que dejó de funcionar como un mecanismo para superar los obstáculos de investigación”. 

Además, la indagatoria a cargo de la Unidad de Especial de Investigación y Litigio del Caso Ayotzinapa (UEILCA) de la Fiscalía General de la República (FGR) “quedó supeditada a los tiempos políticos y se estancó debido a la falta de voluntad del gobierno anterior para confrontar la opacidad de las fuerzas castrenses”.  

Apuntaron que incluso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su informe de seguimiento alertó que “los avances en el caso se habían ralentizado debido a la falta de entrega de información de la Sedena puntualizando que el presente litigio pudo haberse evitado con la cooperación de buena fe de las autoridades en poder de la documentación”.  

Al recordar que un fallo anterior de un Tribunal Colegiado de septiembre de 2023 ordenó al Ejército “abstenerse de destruir, depurar, eliminar, esconder u ocultar cualquier información relacionada con el caso”, las organizaciones que representan a los familiares de los jóvenes desaparecidos destacaron que la nueva resolución judicial “reconoce el derecho de las familias de los estudiantes a la verdad y, por ende, la obligación de la Sedena de entregar toda la información relacionada”.  

Agregaron que la información que la dependencia está obligada a entregar “no puede clasificarse como confidencial o secreta, en tanto existe un interés preponderante de las familias de las víctimas, así como de la sociedad en general, de conocer la verdad en el caso Ayotzinapa”.  

Las organizaciones recordaron que, a más de 11 años de la desaparición forzada, el caso sigue sin esclarecerse, lo que ha llevado a los familiares de los jóvenes a continuar litigando a nivel nacional e internacional, “frente a los obstáculos que persisten en la investigación, particularmente ante la negativa de la Sedena de entregar de manera completa e inmediata la información faltante, que podría contribuir a conocer el paradero de sus hijos”.  

Con información de Proceso.