Delegado de la FGR en Tabasco aparece en seis investigaciones por delitos sexuales

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– El delegado de la Fiscalía General de la República (FGR) en Tabasco, Martín Rivera Cisneros, aparece como imputado en seis investigaciones de dicho órgano constitucional. Sin embargo, sólo tres de ellas continúan en trámite, todas se refieren a delitos sexuales cometidos contra sus excolaboradoras.

Documentos a los que Proceso tuvo acceso revelan, además, que una de sus defensoras es una de sus subordinadas dentro de la FGR y que sus vínculos llegan al exprocurador general Jesús Murillo Karam.

El 9 de mayo de 2025 esta casa editorial informó que Rivera Cisneros fue denunciado desde 2017 por Ana “N”, cuyo nombre fue modificado por motivos de seguridad, por posible acoso sexual.

Sin embargo, no fue sino hasta 2019 que la investigación se inició formalmente en su contra por hostigamiento sexual, abuso sexual y discriminación.

En agosto de 2025 el juez de control Edmundo Manuel Perusquia Cabañas, del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Norte, consideró que la FGR no acreditó que Rivera Cisneros sintió placer sexual con los tocamientos que realizó a la víctima, por lo que rechazó vincularlo a proceso.

El hecho es que metió sus manos dentro de su blusa tocando su cintura. Bien, ese tocamiento, como les dije, para efectos del delito. Pues no debe considerarse como acto sexual si no se presenta el elemento intencional de saber satisfacer un deseo sexual a costa del sujeto pasivo –dijo el juzgador–.

El 28 de ese mismo mes tanto la FGR como la víctima apelaron la decisión, por lo que el caso sigue en trámite.

Además de esa acusación, la FGR ha iniciado seis carpetas de investigación contra su propio delegado en Tabasco.

De acuerdo con el análisis de riesgo procesal realizado por la FGR el 24 de julio de 2025 en la carpeta de investigación iniciada por los delitos cometidos en agravio de Ana “N”, en el año 2020 la Fiscalía Especializada en Investigación de Asuntos Internos (FEAI) recibió una denuncia contra Rivera Cisneros por copiar información contenida en sistemas o equipos informáticos protegidos por algún mecanismo de seguridad sin tener autorización para ello.

Rivera Cisneros. Señalamientos en su contra. Foto: Facebook del gobierno de Tabasco

La FEAI inició la carpeta de investigación hasta el año 2021, pero el Ministerio Público federal decretó el no ejercicio de la acción penal.

En enero de 2019 una de sus excolaboradoras lo acusó a él y a otras dos funcionarias públicas de obligarla a presentar su renuncia.

El caso fue enviado a la Subdirección de Derechos Humanos y Procesos de Desaparición de Personas de la FGR, dependiente de la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos (FEMDH), entonces encabezada por Sara Irene Herrerías.

Sin embargo, el Ministerio Público federal dictó un acuerdo de abstención de investigar.

En 2024 otra excolaboradora de Rivera Cisneros en el área de Armonización Jurídica lo denunció por enviarle mensajes, referirse a ella de manera inapropiada y hostigarla sexualmente.

“A partir de marzo de 2023 le comenzó a referir en sus mensajes de WhatsApp ‘mi vida’, ‘amor’, ‘amorcito’, mismos que eliminaba para no dejar evidencia de ello, asimismo le refería personalmente ‘qué guapa te ves el día de hoy’, ‘estoy muy feliz de verte’, ‘tienes unos ojos encantadores’, ‘ese pantalón se te ve muy bien’, ‘¿por qué nunca usas vestidos o zapatillas?’, le lanzaba miradas morbosas”, detalla el informe consultado por Proceso.

“En los días en que le asignaba más carga de trabajo incluso saliendo a las 11 o 1 de la mañana, Martín Rivera Cisneros le refería que podía llevarla a su casa porque tiene automóvil, sin embargo, la víctima se negaba diciéndole que ya había pedido un Uber a lo que él le contestaba ‘¿por qué me rechazas?, hieres mis sentimientos’”.

Por ello, la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres, Grupos en situación de vulnerabilidad y Trata de Personas (Fevimtra) le inició una carpeta de investigación que actualmente sigue en trámite.

A esa investigación se suma otra de 2024 iniciada por la propia Fevimtra derivada de una denuncia presentada por la misma víctima por hostigamiento sexual y que sigue en trámite.

Ese mismo año la FEAI inició otra investigación contra el delegado de Tabasco por delitos contra la libertad y el normal desarrollo psicosexual cometidos en agravio de otra excolaboradora.

La descripción de la conducta por la que fue denunciado reza: “Al que con fines lascivos asedie reiteradamente a persona de cualquier sexo valiéndose de su posición jerárquica derivada de sus relaciones laborales, docentes, domésticas o cualquiera otra que implique subordinación”, delito que se castiga con multa, destitución del cargo e inhabilitación hasta por un año.

En este caso la FEAI se declaró incompetente para seguir investigando, pero el caso sigue en trámite.

En el informe de la FGR destacó que existe riesgo de que Rivera Cisneros se dé a la fuga por ser originario de Hidalgo donde puede contar con una red de apoyo para ocultarlo y dificultar su localización; cuenta con dos pasaportes que pudieran estar vigentes y le dan la facilidad y capacidad para salir del país: que en marzo de 2025 recibió otro pasaporte con vigencia de 10 años y tiene cuatro domicilios en Hidalgo, Estado de México y Tabasco.

Perusquia Cabañas, el juez que consideró que la FGR no acreditó que Rivera Cisneros sintió placer sexual con los tocamientos. Foto: Facebook

“Martin Rivera Cisneros cuenta con una trayectoria laboral en instituciones de seguridad pública, la cual se remonta al año 1993 y se extiende hasta el año 2024”, señala el documento.

“Dicha experiencia y posición jerárquica prolongada implican que el investigado podría contar con conocimiento avanzado sobre tácticas de evasión, operativos policiales, manejo de información confidencial, así como redes de contacto institucional en diversos estados de la República que podrían facilitar su ocultamiento o su interferencia en el proceso penal. En este sentido su permanencia en libertad representa un riesgo fundado tanto de sustracción como de obstaculización del desarrollo de la investigación”.

La defensa del delegado

De acuerdo con el expediente derivado de la denuncia de Ana “N” contra Martín Rivera Cisneros, el funcionario federal nombró como su defensor particular a Rodolfo de la Guardia García, exdirector de Interpol México, quien en 2009 fue detenido por supuestos vínculos con los Beltrán Leyva.

De la Guardia García actualmente está totalmente libre de toda acusación pues desde 2013 se le dictó sentencia absolutoria por delincuencia organizada y delitos contra la salud, misma que fue confirmada en todas las instancias.

Asimismo, durante la audiencia inicial en la que Rivera Cisneros libró las acusaciones realizadas en su contra, designó como parte de su equipo de defensa a Mixdally Lizbeth Álvarez Isidro, agente del Ministerio Público federal adscrita a la FGR en Tabasco, es decir, subordinada del delegado.

Álvarez Isidro es una de las agentes encargadas de investigar y procesar los casos contra integrantes de La Barredora, grupo delincuencial de Tabasco ligado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y al que también se vincula a Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública en la entidad durante la administración del senador Adán Augusto López.

Actualmente, la FGR de Tabasco tiene pendiente la ejecución de una orden de aprehensión contra Bermúdez Requena, vinculado a proceso y preso por delitos del fuero común.

De acuerdo con documentos consultados, el domicilio que Rivera Cisneros declaró tener en el estado de Hidalgo es una casa que le fue vendida el 2 de mayo de 1995 por el extitular de la PGR Jesús Murillo Karam.

El inmueble ubicado en la colonia Arboledas San Javier de Pachuca de Soto, Hidalgo, tuvo un valor de 50 mil pesos mexicanos al momento de la compra, pues según la declaración patrimonial en realidad adquirió el terreno y él realizó la construcción de la casa entre 1997 y 1999.

Proceso preguntó en la FGR si la fiscal Ernestina Godoy revisará el caso de Ana “N” contra Martín Rivera, delegado en Tabasco, pero al momento de esta publicación no se obtuvo respuesta.

Con información de Proceso. 

Tips al momento

Reabren investigación a dos agentes por presunta falsificación contra James Barousse

El Lic. Irving Anchondo Valdez, a través de un comunicado dio a conocer que se reaperturó investigación en contra de dos agentes de la Policía Estatal Investigadora, que son señalados de falsificado un acta de entrevista a una persona y obtener la prisión preventiva en contra de Cristopher James Barousse en 2020.

A continuación el comunicado:

Al igual que con el ex auditor del Estado, Jesús Manuel Esparza Flores; se evidenció diversa irregularidad cometida por servidores públicos de la Fiscalía General del Estado en las investigaciones realizadas en el quinquenio pasado de la Operación Justicia para Chihuahua, ya que en días pasados se celebró una audiencia ante el Lic. Juan Pablo Campos López, Juez de Control del Distrito Judicial Morelos, dentro de la causa penal 2074/2023 en la que se debatió sobre la legalidad de la determinación emitida por el agente del Ministerio Público de la Unidad de Control Interno de la Fiscalía General del Estado, que ordenó el no ejercicio de la acción penal en la carpeta de investigación número 19-2021-1963, que se sigue en contra de Susana Iveth “N” e Isaac Miguel “N” agentes de la Policía Estatal Investigadora, audiencia en la que se ordenó la reapertura de la investigación ya que existen elementos para tener por demostrado en grado de probabilidad el delito investigado.

Dicha investigación se sigue en contra de los mencionados agentes policiacos por haber falsificado un acta de entrevista supuestamente realizada a un vecino de la víctima Cristopher Daniel James Barousse, con el solo propósito de generar una falta de arraigo en su contra y someterlo indebidamente a prisión preventiva, medida cautelar a la que estuvo ilegalmente sujeto durante el año 2020, y que se logró revertir gracias al amparo y protección de la justicia federal. Dicha conducta ilegal desplegada por los agentes policiacos, que se presume realizaron bajo instrucciones superiores constituye el delito de prevaricación el cual contempla una pena de que va de los 2 a los 8 años de prisión e inhabilitación para ejercer algún cargo público hasta por 10 años. Lo que es evidencia del desaseo y falta de objetividad con la que se integró la investigación en contra de James Barousse quien finalmente fue absuelto de dichos cargos por un Tribunal de Enjuiciamiento en el año 2024.

Atte. Lic. Irving Anchondo Valdez


César Jáuregui, a paso veloz por la alcaldía 

Donde la competencia se ha mostrado muy intensa es en el PAN por la candidatura a la alcaldía de Chihuahua, uno de los bastiones que se considera que podría retener Acción Nacional y que sin duda es  la joya de la corona para este partido, simbólicamente hablando a nivel federación,  aunque en porcentaje de votación no sea tan importante en comparación al resto de las entidades y desde luego dentro del mapa nacional.

En ese escenario, resulta altamente trascendente que el panismo seleccione un perfil que retenga el poder frente a Morena y que de ahí aspire a tejer o reconstruir como oposición lo que vendrá tres años después hacia las elecciones federales y la presidencial del 2030.

De ese nivel es el significado político de mantener no solamente la capital sino a la mayoría de los municipios del Estado Grande de la República.

En este entorno, alguien que avanzó en la semana de manera significativa hacia ese objetivo, es sin duda el fiscal general del estado, César Jáuregui, el más político de los funcionarios de gabinete con el que cuenta la gobernadora Maru Campos y quien la ha venido acompañando ya en un largo recorrido dentro de las diferentes instancias, tanto legislativas, municipales como ahora en las estatales.

Y lo anterior, porque Jáuregui recibió en un convivio con los tres exgobernadores priista, Fernando Baeza, Reyes Baeza y Patricio Martínez, el espaldarazo a su perfil y el apoyo para ir en la contienda, una definición de los "ex's" tricolores de que seguirá existiendo el PRIAN en la capital para que logre conservar la administración municipal y aspire a recibir de Marco Bonilla, la estafeta para el período 2027-2030.

Y aunque Santiago de la Peña ha estado muy intenso y que quizás es el que más está haciendo uso de las redes sociales y asistiendo a eventos para ir promocionando más y que se conozca su aspiración por la alcaldía, César Jáuregui cuenta con el apoyo de lo duro el panismo y con los grupos al interior de Acción Nacional.

Y no solamente en el caso de los exgobernadores priistas, sino también de algunas mesas de empresarios importantes, como la mesa los martes donde está Alejandro Cano -quien por cierto fuera alcalde de Chihuahua- Anwar Elías Ortiz y Eugenio Baeza, entre otros empresarios que también ha manifestado su apoyo.

Asimismo, el sector religioso donde las iglesias protestantes o cristianas han manifestado su apoyo al Fiscal.

Habrá que ver cómo busca el secretario de gobierno empatar la ventaja que en las encuestas contra Jáuregui y si finalmente iría en Plan "B" y en fórmula con Jáuregui a la alcaldía y Santiago de la Peña, quien entra con todo para ver si amarra la candidatura la presidencia municipal, y caer en una coordinación de la diputación en el Congreso del Estado, así las cosas
 

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A continuación el comunicado:

Al igual que con el ex auditor del Estado, Jesús Manuel Esparza Flores; se evidenció diversa irregularidad cometida por servidores públicos de la Fiscalía General del Estado en las investigaciones realizadas en el quinquenio pasado de la Operación Justicia para Chihuahua, ya que en días pasados se celebró una audiencia ante el Lic. Juan Pablo Campos López, Juez de Control del Distrito Judicial Morelos, dentro de la causa penal 2074/2023 en la que se debatió sobre la legalidad de la determinación emitida por el agente del Ministerio Público de la Unidad de Control Interno de la Fiscalía General del Estado, que ordenó el no ejercicio de la acción penal en la carpeta de investigación número 19-2021-1963, que se sigue en contra de Susana Iveth “N” e Isaac Miguel “N” agentes de la Policía Estatal Investigadora, audiencia en la que se ordenó la reapertura de la investigación ya que existen elementos para tener por demostrado en grado de probabilidad el delito investigado.

Dicha investigación se sigue en contra de los mencionados agentes policiacos por haber falsificado un acta de entrevista supuestamente realizada a un vecino de la víctima Cristopher Daniel James Barousse, con el solo propósito de generar una falta de arraigo en su contra y someterlo indebidamente a prisión preventiva, medida cautelar a la que estuvo ilegalmente sujeto durante el año 2020, y que se logró revertir gracias al amparo y protección de la justicia federal. Dicha conducta ilegal desplegada por los agentes policiacos, que se presume realizaron bajo instrucciones superiores constituye el delito de prevaricación el cual contempla una pena de que va de los 2 a los 8 años de prisión e inhabilitación para ejercer algún cargo público hasta por 10 años. Lo que es evidencia del desaseo y falta de objetividad con la que se integró la investigación en contra de James Barousse quien finalmente fue absuelto de dichos cargos por un Tribunal de Enjuiciamiento en el año 2024.

Atte. Lic. Irving Anchondo Valdez


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En ese escenario, resulta altamente trascendente que el panismo seleccione un perfil que retenga el poder frente a Morena y que de ahí aspire a tejer o reconstruir como oposición lo que vendrá tres años después hacia las elecciones federales y la presidencial del 2030.

De ese nivel es el significado político de mantener no solamente la capital sino a la mayoría de los municipios del Estado Grande de la República.

En este entorno, alguien que avanzó en la semana de manera significativa hacia ese objetivo, es sin duda el fiscal general del estado, César Jáuregui, el más político de los funcionarios de gabinete con el que cuenta la gobernadora Maru Campos y quien la ha venido acompañando ya en un largo recorrido dentro de las diferentes instancias, tanto legislativas, municipales como ahora en las estatales.

Y lo anterior, porque Jáuregui recibió en un convivio con los tres exgobernadores priista, Fernando Baeza, Reyes Baeza y Patricio Martínez, el espaldarazo a su perfil y el apoyo para ir en la contienda, una definición de los "ex's" tricolores de que seguirá existiendo el PRIAN en la capital para que logre conservar la administración municipal y aspire a recibir de Marco Bonilla, la estafeta para el período 2027-2030.

Y aunque Santiago de la Peña ha estado muy intenso y que quizás es el que más está haciendo uso de las redes sociales y asistiendo a eventos para ir promocionando más y que se conozca su aspiración por la alcaldía, César Jáuregui cuenta con el apoyo de lo duro el panismo y con los grupos al interior de Acción Nacional.

Y no solamente en el caso de los exgobernadores priistas, sino también de algunas mesas de empresarios importantes, como la mesa los martes donde está Alejandro Cano -quien por cierto fuera alcalde de Chihuahua- Anwar Elías Ortiz y Eugenio Baeza, entre otros empresarios que también ha manifestado su apoyo.

Asimismo, el sector religioso donde las iglesias protestantes o cristianas han manifestado su apoyo al Fiscal.

Habrá que ver cómo busca el secretario de gobierno empatar la ventaja que en las encuestas contra Jáuregui y si finalmente iría en Plan "B" y en fórmula con Jáuregui a la alcaldía y Santiago de la Peña, quien entra con todo para ver si amarra la candidatura la presidencia municipal, y caer en una coordinación de la diputación en el Congreso del Estado, así las cosas
 

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