Exige comunidad Pima restitución de tierras reconocidas por un magistrado que continúan invadidas en Madera

Integrantes Pimas de la Asamblea General de Ejidatarios del Ejido La Junta, del Municipio de Madera, se encuentran en Chihuahua para denunciar que en el año 2023 se promovió ante el Tribunal Unitario Agrario un juicio de restitución de tierras, por parte de integrantes del Ejido La Junta, en contra del C. Benjamín Banda Celis, quien invadió 1,170 hectáreas del ejido.

Esa superficie había estado en manos de particulares, pero a partir de una ampliación del ejido fue entregada a este por decreto presidencial en 1975. La invasión inició en 2016, pero las amenazas comenzaron en 2019. En el año 2024 se iniciaron demandas en contra de integrantes del comisariado, y el juez de Ciudad Guerrero ha venido realizando una serie de acciones arbitrarias en contra de la comunidad.

El juicio agrario se ganó y el magistrado del Tribunal Unitario ordenó la ejecución y restitución de tierras, la cual se llevó a cabo el 21 de enero de 2026. El actuario del Tribunal Agrario y un perito topográfico procedieron a ejecutar la sentencia dictada.

Sin embargo, dicha ejecución no se realizó de manera eficaz, ya que no se restituyó físicamente la tierra a la comunidad. En cambio, al invasor se le concedieron 10 días para desocupar las tierras, lo cual no ha ocurrido, por lo que el demandado continúa ejerciendo control sobre el territorio comunitario, llegando incluso a proferir amenazas de muerte contra los ejidatarios.

De forma paralela, el juez Víctor Manuel Flores Reyes ha ordenado en varias ocasiones detenciones arbitrarias contra autoridades del ejido; ha recogido papeles y sellos a la autoridad ejidal y la ha suspendido de sus funciones como "medida cautelar", incurriendo así en graves violaciones a los derechos humanos, comunitarios y ejidales de los quejosos. Todo esto, además, en desacato a la resolución del Tribunal Federal Agrario que ordenó la restitución de las tierras.

La comunidad se integra por 78 ejidatarios pimas, quienes cuentan con un amparo con suspensión expediente 369/26 para que cesen los actos de molestia en su contra; sin embargo, dichos actos no han cesado. También tienen a su favor la orden de restitución de tierras emitida por el Tribunal Unitario Agrario, correspondiente al expediente 544/2023.

Por lo anterior, la comunidad demanda:

Restitución efectiva de las tierras.

Cese de las arbitrariedades del particular.

Que el juez de control deje de otorgarle la posesión al invasor.