Exige comunidad Pima restitución de tierras reconocidas por un magistrado que continúan invadidas en Madera

Integrantes Pimas de la Asamblea General de Ejidatarios del Ejido La Junta, del Municipio de Madera, se encuentran en Chihuahua para denunciar que en el año 2023 se promovió ante el Tribunal Unitario Agrario un juicio de restitución de tierras, por parte de integrantes del Ejido La Junta, en contra del C. Benjamín Banda Celis, quien invadió 1,170 hectáreas del ejido.

Esa superficie había estado en manos de particulares, pero a partir de una ampliación del ejido fue entregada a este por decreto presidencial en 1975. La invasión inició en 2016, pero las amenazas comenzaron en 2019. En el año 2024 se iniciaron demandas en contra de integrantes del comisariado, y el juez de Ciudad Guerrero ha venido realizando una serie de acciones arbitrarias en contra de la comunidad.

El juicio agrario se ganó y el magistrado del Tribunal Unitario ordenó la ejecución y restitución de tierras, la cual se llevó a cabo el 21 de enero de 2026. El actuario del Tribunal Agrario y un perito topográfico procedieron a ejecutar la sentencia dictada.

Sin embargo, dicha ejecución no se realizó de manera eficaz, ya que no se restituyó físicamente la tierra a la comunidad. En cambio, al invasor se le concedieron 10 días para desocupar las tierras, lo cual no ha ocurrido, por lo que el demandado continúa ejerciendo control sobre el territorio comunitario, llegando incluso a proferir amenazas de muerte contra los ejidatarios.

De forma paralela, el juez Víctor Manuel Flores Reyes ha ordenado en varias ocasiones detenciones arbitrarias contra autoridades del ejido; ha recogido papeles y sellos a la autoridad ejidal y la ha suspendido de sus funciones como "medida cautelar", incurriendo así en graves violaciones a los derechos humanos, comunitarios y ejidales de los quejosos. Todo esto, además, en desacato a la resolución del Tribunal Federal Agrario que ordenó la restitución de las tierras.

La comunidad se integra por 78 ejidatarios pimas, quienes cuentan con un amparo con suspensión expediente 369/26 para que cesen los actos de molestia en su contra; sin embargo, dichos actos no han cesado. También tienen a su favor la orden de restitución de tierras emitida por el Tribunal Unitario Agrario, correspondiente al expediente 544/2023.

Por lo anterior, la comunidad demanda:

Restitución efectiva de las tierras.

Cese de las arbitrariedades del particular.

Que el juez de control deje de otorgarle la posesión al invasor.

Tips al momento

Señalan irregularidades en investigación de la muerte de agentes estadounidenses

Trascendió que tras el trágico suceso del pasado domingo en donde dos agentes estadounidenses fallecieron, pobladores de Polanco señalaron que las periciales de dicho accidente no se llevaron a cabo y qué únicamente subieron los cuerpos rápidamente por la pendiente del barranco antes que llegaran las demás autoridades. 

Esto dejó aún más cuestionamientos, pues el director y los agentes, a quien ya señalaron medios estadounidenses como personal de la CIA, viajaban en una unidad NO blindada y en una zona de alto riesgo después de un importante operativo en el que se desmanteló uno de los más grandes laboratorios de drogas sintéticas incluso a nivel nacional, afectando claramente los intereses de grupos criminales con presencia fuerte en dicha zona. 

Por si fuera poco, se señala a el director Oseguera Cervantes como un testigo protegido y se reitera que los elementos no eran capacitadores, sino que colaboraban con las autoridades chihuahuenses en operativos de Ojinaga y otras zonas, en donde incluso portaban armas de la FGE. 

La camioneta Ford F-150 estalló debido a que llevaban bidones con gasolina, por lo que los cuerpos quedaron parcialmente calcinados, además se comentó que luego de esto se comenzó a buscar exhaustivamente equipo de los norteamericanos, sin precisar de qué se trataba.


Las contradicciones y el conflicto diplomático por los agentes de EU

A través de la columna Estrictamente Personal de Raymundo Riva Palacio, se señala que el fatal accidente carretero en donde murieron dos agentes estatales y dos de la embajada de Estados Unidos en Chihuahua, ha escalado hasta convertirse en un potencial conflicto diplomático y una crisis de seguridad nacional.

El accidente ocurrido en  la zona que conecta los municipios de Guachochi y Morelos, dejó al descubierto la operación de agentes estadounidenses en territorio mexicano sin el conocimiento del Gobierno Federal.

El Fiscal César Jáuregui sostuvo que los fallecidos eran instructores que capacitaban a las fuerzas estatales en el uso de drones y tácticas de vigilancia, sin embargo, la capacitación en tecnología de drones no recae en la DEA, sino en el Ejército o la CIA.

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Por si fuera poco, se señala a el director Oseguera Cervantes como un testigo protegido y se reitera que los elementos no eran capacitadores, sino que colaboraban con las autoridades chihuahuenses en operativos de Ojinaga y otras zonas, en donde incluso portaban armas de la FGE. 

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