
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- El gobierno federal cedió ante la presión de los permisionarios de taxis del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) para garantizar, de forma provisional, la paz operativa de cara a la Copa del Mundo 2026, de acuerdo con el abogado de los taxistas, Carlos Lobera, pues la autoridad aceptó blindar el monopolio del transporte terrestre dentro de la zona federal frente a plataformas como Uber y Didi, a cambio de evitar bloqueos permanentes en las terminales.
Lo anterior ocurrió el 11 de marzo último, en respuesta a la protesta que encabezaron los taxistas del aeropuerto durante una mesa de diálogo que involucró a la Secretaría de Gobernación (Segob) y a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).
En entrevista con Proceso, el abogado de los permisionarios, Carlos Lobera, detalló que la tregua se selló bajo una minuta de cuatro acuerdos específicos:

Sin embargo, el acuerdo no es una solución definitiva: los transportistas advirtieron que cualquier asomo de regulación en favor de las aplicaciones o incumplimiento en el despliegue de la Guardia Nacional para mantener el control reactivará las movilizaciones, poniendo en riesgo la logística del evento deportivo más importante del sexenio.
El propio Lobera recordó que el gremio contempló originalmente mantener la protesta del miércoles de manera indefinida hasta obtener una respuesta institucional, e incluso ampliar la movilización a otras terminales del país con el respaldo de la Asociación Nacional de Empresas Transportistas en Aeropuertos (ANETA) y del Movimiento Nacional Taxista.
“Si llegara a ocurrir que no existe un cumplimiento por parte de las autoridades, la postura de nosotros va a ser no estar haciendo plantones, sino hacerlo de manera permanente hasta que se cumplan los acuerdos”, declaró.
El escenario adquiere relevancia frente al incremento previsto en el flujo de viajeros durante el Mundial, para el cual la Secretaría de Turismo (Sectur) proyecta la llegada de 5.5 millones de turistas.
Según el abogado de los permisionarios, la operación actual del servicio de taxis autorizados ya enfrenta limitaciones con el flujo cotidiano: “Estamos conscientes de que ahorita no hay un número ideal de unidades vehiculares porque hay filas de espera”.
Ese déficit, explicó, fue planteado por los transportistas durante la reunión con autoridades federales, donde insistieron en la necesidad de ampliar el número de vehículos autorizados antes del torneo internacional: “Incluso el aeropuerto hizo un análisis o un estudio en donde se determinó que, en efecto, hacían falta unidades vehiculares para satisfacer la demanda de los usuarios y, apegándose a ese estudio, fue que se acordó que se iba a incrementar el parque vehicular”.
El otorgamiento de nuevos permisos corresponde entonces a la Dirección General de Autotransporte Federal, órgano adscrito a la SICT, mientras el sector planteó que el incremento de la flota debería rondar al menos un 30% del padrón actual para atender el flujo de pasajeros que podría registrarse durante el evento deportivo.
Para los transportistas, el aumento del parque vehicular es la única alternativa para atender el incremento de la demanda sin abrir la puerta a las plataformas de transporte por aplicación dentro de la zona federal del aeropuerto.
Bajo esa lógica, el gremio descartó cualquier posibilidad de pactar, incluso de manera temporal, con empresas como Uber y Didi para que puedan recoger pasajeros en las terminales durante el Mundial.
“De ninguna manera, porque sería como permitir que se legalice momentáneamente, en beneficio de alguien, algún ilícito, y aquí estamos hablando de que se están cometiendo violaciones a la ley. Lo que sí estamos dispuestos a respetar es que quien quiera abordar un taxi por aplicación lo haga en el lugar indicado”, sentenció Lobera.
Lo anterior implica que quienes deseen solicitar un vehículo mediante aplicaciones deben trasladarse fuera de los límites del aeropuerto para abordar la unidad. En la Terminal 2, el punto de abordaje se ubica sobre avenida Hangares o avenida Alberto Santos Dumont; en la Terminal 1, del lado de la colonia Peñón de los Baños, sobre Circuito Interior, vialidades que ya se encuentran dentro del territorio de la Ciudad de México y no bajo jurisdicción federal.
La disputa entre los taxistas y las plataformas también se ha trasladado al terreno de las tarifas. Con la protesta del 11 de marzo, en redes sociales, usuarios señalaron que los costos de los concesionados son considerablemente superiores a los de las aplicaciones.
El representante legal reconoció esa diferencia, aunque sostuvo que responde a las obligaciones regulatorias que deben cumplir los permisionarios para operar dentro de la zona federal.
“Tenemos una contraprestación mensual que se le paga al aeropuerto por permitirnos abordar y descender usuarios en la zona federal, que es equivalente aproximadamente a 3 mil 200 pesos, y no sólo eso, tenemos que tener balizados los vehículos, registrados ante la autoridad, tenemos que presentar exámenes médicos de manera periódica, el vehículo tiene que pasar una revisión físico-mecánica cada dos años ante la Dirección General de Autotransporte Federal”.
Otro de los ejes del discurso de los permisionarios frente a la operación de las plataformas tiene que ver con la seguridad del servicio. Durante la entrevista, Lobera sostuvo que el esquema de taxis autorizados dentro del aeropuerto está sujeto a controles que, afirmó, no existen en los vehículos que operan mediante aplicaciones, particularmente en lo que respecta a la identificación de las unidades y de los conductores.

En ese contexto, explicó que los taxis concesionados cuentan con registros ante la autoridad, balizamiento visible y revisiones periódicas, lo que permite ubicar tanto al vehículo como al operador en caso de cualquier incidente.
El abogado afirmó que parte de la preocupación del gremio radica en que, dentro del entorno aeroportuario, existen casos en los que usuarios han abordado vehículos particulares sin identificación que posteriormente han sido vinculados con delitos.
A partir de esos antecedentes, el representante legal de los permisionarios insistió en que la discusión sobre la operación de las plataformas no se limita a un tema de competencia económica, sino también a las condiciones bajo las cuales se presta el servicio dentro de la zona federal del aeropuerto.
Con información de Proceso.