Critican nombramiento de funcionaria que discriminó a menor con Síndrome de Down en Hidalgo

HIDALGO (apro).- La familia de Daniel, un menor que a los siete años fue víctima de discriminación al ser expulsado de una clase de natación de la que era alumno regular por ser un niño con Síndrome de Down, reprobó el nombramiento de Fátima Lorena Baños Pérez como titular del Instituto de Profesionalización e Investigaciones Jurídicas del Poder Judicial del Estado de Hidalgo, al ser la funcionaria que estaba a cargo de la instancia que vulneró los derechos contra el infante, un caso que llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). 

Fátima Baños era la directora del Instituto Hidalguense del Deporte (Inhide) cuando a Daniel no se le permitió continuar en un grupo de nado porque “los discapacitados tienen que estar con los discapacitados” –como denunció la familia que se lo hicieron saber al separar al niño de sus compañeros–. 

Por el proceso que los padres iniciaron, tres años después –en 2021–, se les otorgó un amparo que obligaba a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH) a emitir un dictamen. Aunque éste fue negativo, porque supuestamente no encontró elementos que atentaran contra la dignidad del menor, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) dio un revés a este fallo y emitió una recomendación al entonces gobernador Omar Fayad Meneses, la cual marcó un precedente para las infancias con discapacidad, por el reconocimiento de un daño causado por instancias y servidores públicos.  

Aunque Baños –hija de quien fue titular de la secretaría de Turismo en el mismo gobierno de Fayad, Eduardo Javier Baños Gómez– fue vinculada a proceso junto con otros funcionarios estatales por discriminación, obtuvo una salida alterna, pero –denuncian los familiares de Daniel– no cumplió con el reconocimiento del daño y la emisión de una disculpa pública, porque la que emitió la hizo en una audiencia privada y –a decir de los padres– sin dimensionar el agravio a Daniel. 

“Como padre de mi hijo menor con Síndrome de Down, sostengo que la dignidad humana es inviolable y no debe estar sujeta a negociaciones políticas. El nombramiento de una persona con antecedentes probados de discriminación hacia un menor con discapacidad no es solo una falta administrativa, es una contradicción ética que invalida la autoridad moral del organismo encargado de formar a quienes imparten justicia en nuestro estado”, expuso a Proceso Neptalí Reyes Bolaños, padre del menor discriminado en el Inhide. 

Los sucesos datan de 2018, cuando Daniel fue inscrito en la clase porque su papá y su mamá querían que el infante pudiera potenciar sus capacidades a través de la relación con otros niños. La familia dice que veía que el menor, que tiene una discapacidad intelectual por trisomía 21, progresaba en su desarrollo social y psicomotor, hasta que fue separado de los demás. 

Para Neftalí Reyes, la trayectoria de la nueva funcionaria judicial “está vinculada a hechos que han avergonzado el historial de derechos humanos en Hidalgo”, y citó la Recomendación 81/2020 de la CNDH, que, en uno de sus apartados, exige que en el expediente laboral y profesional de Fátima Baños conste la violación a los derechos humanos en la que incurrió. 

“Ignorar este antecedente en su contratación vulnera el principio de transparencia y debida nota de los servidores públicos”, acusó. 

Asimismo, mencionó que en la sentencia de la SCJN (amparo 162/2021), el máximo tribunal del país determinó que bajo la gestión de Baños Pérez se omitieron los "ajustes razonables" para el deporte inclusivo, “violentando el derecho a la inclusión”. 

En cuanto a la responsabilidad penal, el padre de Daniel expuso que el juicio 225/2020 es el primer caso de un funcionario vinculado a proceso por el delito de discriminación, otro precedente en el historial de la nueva trabajadora del Poder Judicial.  

“El Instituto de Profesionalización debe ser la guía de la ética y la actualización en derechos humanos. Resulta alarmante que el perfil seleccionado para dictar la línea pedagógica en materia de grupos vulnerables sea, precisamente, quien generó jurisprudencia nacional por no saber protegerlos”, recriminó el padre del menor discriminado, al tiempo que hizo un llamado a las organizaciones de la sociedad civil y a la sociedad en general para que cuestione la idoneidad de este nombramiento. 

“Un cargo que exige máxima honorabilidad no puede ser ocupado por quien tiene antecedentes probados de discriminación y violación de derechos humanos hacia un menor con discapacidad”, insistió. 

La extitular del Inhide y ahora encargada del Instituto de Profesionalización e Investigaciones Jurídicas del Poder Judicial de Hidalgo también debía cumplir con capacitaciones en materia de derechos humanos y no discriminación. 

La familia de Daniel comentó que un juez validó dichas “capacitaciones” por certificados que expidió el Centro Universitario Metropolitano de Hidalgo (CEUMH), escuela que pertenece al padre de Fátima Baños, el exsecretario de Turismo Eduardo Javier Baños Gómez, lo cual, consideran, no da certeza sobre una efectiva sensibilización, que era parte de las garantías de no repetición. 

Antes de ser nombrada por Fayad como directora del Instituto Hidalguense del Deporte (2016), Fátima Baños, entonces de 24 años, no tenía experiencia en el servicio público ni en la materia en la que había sido designada. Sus antecedentes eran haber contendido por una diputación local postulada por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), la cual perdió, y haber dirigido la preparatoria de la institución de la que su padre es dueño. 

En esta nueva designación, Baños tampoco tiene carrera judicial; asimismo, después de que terminó su encomienda en el periodo de Omar Fayad –hoy embajador de México en Noruega– fungió como directora de la secundaria Juana de Asbaje, que también pertenece al CEUMH. 

De acuerdo con el Registro Nacional de Profesionistas, en 2025 Fátima Baños obtuvo una cédula profesional de maestría en Derechos Penal Adversarial, expedida por la escuela de su padre, como también sus títulos de licenciada en Mercadotecnia con énfasis en Desarrollo de Negocios, y de Derecho con énfasis en Fe Pública, registrados ante la Secretaría de Educación Pública (SEP) en 2015.

 

 

 

Con información de: Proceso.

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Esto se da en un clima de tensión política tras darse a conocer que dos trabajadores estadounidenses, quienes fallecieron en días pasados, estuvieron trabajando en territorio chihuahuense, lo que ha generado críticas hacia el gobierno de Maru Campos  e inclusive han comenzado las investigaciones sobre el actuar del gobierno estatal. 


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Hay que recordar que hace apenas unos días el grupo parlamentario de Morena, incluyendo la notable participación de Enrique Inzunza, que por cierto, aparece en la denuncia de EU, además del padrino político de Andrea Chávez, Adán Augusto López y el ex gobernador Javier Corral, exigieron que tanto la gobernadora Campos, como el ex fiscal César Jáuregui, acudieran a una reunión con los legisladores para explicar porque se encontraban agentes estadounidenses en el estado grande.

Ahora, la oposición les volteó la jugada, y como en su momento la 4T lo hizo con la gobernadora panista, exigieron que el morenista Rubén Rocha también rinda cuentas ante el legislativo, inclusive algunos actores políticos como Ricardo Anaya, manifestaron que están dispuestos a pedirle de nuevo a la mandataria estatal que acuda al Senado para rendir cuentas…

Por lo pronto, el gobernador Rocha sigue reiterando que no renunciará a su puesto y que se trata de una acusación política, mientras,  el PAN anunció que solicitará juicio político contra el morenista, para que sea extraditado lo antes posible a los Estados Unidos.

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