
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público busca prevenir el lavado de dinero en México y hacer más ágil y eficiente su combate, a través de una mayor colaboración entre la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). El objetivo es fortalecer los mecanismos de intercambio de información, coordinación institucional y análisis conjunto, explicó la dependencia en un comunicado.
Entre las tareas conjuntas que tendrán la UIF y la CNBV con este Convenio de Colaboración se cuenta el “modernizar los mecanismos de supervisión con un enfoque basado en riesgos, consolidando los canales institucionales de comunicación que permitan atender de manera coordinada, segura y oportuna posibles esquemas de lavado de dinero y de financiamiento de actividades que puedan afectar la integridad y estabilidad del sistema financiero mexicano”.
Si bien la UIF y la CNBV han trabajado de manera coordinada desde hace más de dos décadas, el convenio permite incorporar herramientas más ágiles y seguras para el intercambio de información, la coordinación técnica y el desarrollo de capacidades institucionales para reforzar la capacidad del Estado mexicano, subrayó el secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, según lo consignado por la misma dependencia.
El titular de la UIF, Omar Reyes Colmenares, agregó que también se alistan grupos de trabajo interinstitucionales para analizar técnicamente casos relevantes, emitir recomendaciones especializadas y dar seguimiento conjunto a riesgos que puedan afectar la integridad del sistema financiero. También se fortalecen los mecanismos tecnológicos para la administración y consulta de la Lista de las Personas Bloqueadas para evitar que recursos de origen ilícito continúen circulando.
Por su parte, Ángel Cabrera Mendoza, presidente de la CNBV, reconoció que la digitalización de los servicios financieros, la creciente interconexión de los mercados y la innovación tecnológica ha ampliado las oportunidades para el desarrollo económico, de ahí que la cooperación entre instituciones se vuelve una condición indispensable para preservar la estabilidad, la transparencia y la confianza en el sistema financiero.
La Jornada

Llamó la atención que este viernes, en el evento oficial de conmemoración al Día Internacional del Trabajo, autoridades estatales, municipales y legislativas decidieron no participar.
En el evento que pretende conmemorar a los trabajadores de Chihuahua, no hubo ningún funcionario público que apareciera entre el presidium, únicamente estuvo presente el líder sindical Jorge Doroteo Zapata, de la CTM acompañado de los trabajadores.
Esto se da en un clima de tensión política tras darse a conocer que dos trabajadores estadounidenses, quienes fallecieron en días pasados, estuvieron trabajando en territorio chihuahuense, lo que ha generado críticas hacia el gobierno de Maru Campos e inclusive han comenzado las investigaciones sobre el actuar del gobierno estatal.

A los morenos en el Senado les voltearon las expresiones hacia la gobernadora Maru Campos por el caso de los agentes estadounidenses que se encontraban trabajando en la Sierra Tarahumara, y es que el día de ayer, tras la acusación formal de Estados Unidos hacia 10 ex funcionarios y funcionarios públicos de Sinaloa, en donde se incluye al actual gobernador, Rubén Rocha Moya, la oposición pidió, que el morenista comparezca ante el legislativo.
Hay que recordar que hace apenas unos días el grupo parlamentario de Morena, incluyendo la notable participación de Enrique Inzunza, que por cierto, aparece en la denuncia de EU, además del padrino político de Andrea Chávez, Adán Augusto López y el ex gobernador Javier Corral, exigieron que tanto la gobernadora Campos, como el ex fiscal César Jáuregui, acudieran a una reunión con los legisladores para explicar porque se encontraban agentes estadounidenses en el estado grande.
Ahora, la oposición les volteó la jugada, y como en su momento la 4T lo hizo con la gobernadora panista, exigieron que el morenista Rubén Rocha también rinda cuentas ante el legislativo, inclusive algunos actores políticos como Ricardo Anaya, manifestaron que están dispuestos a pedirle de nuevo a la mandataria estatal que acuda al Senado para rendir cuentas…
Por lo pronto, el gobernador Rocha sigue reiterando que no renunciará a su puesto y que se trata de una acusación política, mientras, el PAN anunció que solicitará juicio político contra el morenista, para que sea extraditado lo antes posible a los Estados Unidos.

Llamó la atención que este viernes, en el evento oficial de conmemoración al Día Internacional del Trabajo, autoridades estatales, municipales y legislativas decidieron no participar.
En el evento que pretende conmemorar a los trabajadores de Chihuahua, no hubo ningún funcionario público que apareciera entre el presidium, únicamente estuvo presente el líder sindical Jorge Doroteo Zapata, de la CTM acompañado de los trabajadores.
Esto se da en un clima de tensión política tras darse a conocer que dos trabajadores estadounidenses, quienes fallecieron en días pasados, estuvieron trabajando en territorio chihuahuense, lo que ha generado críticas hacia el gobierno de Maru Campos e inclusive han comenzado las investigaciones sobre el actuar del gobierno estatal.

A los morenos en el Senado les voltearon las expresiones hacia la gobernadora Maru Campos por el caso de los agentes estadounidenses que se encontraban trabajando en la Sierra Tarahumara, y es que el día de ayer, tras la acusación formal de Estados Unidos hacia 10 ex funcionarios y funcionarios públicos de Sinaloa, en donde se incluye al actual gobernador, Rubén Rocha Moya, la oposición pidió, que el morenista comparezca ante el legislativo.
Hay que recordar que hace apenas unos días el grupo parlamentario de Morena, incluyendo la notable participación de Enrique Inzunza, que por cierto, aparece en la denuncia de EU, además del padrino político de Andrea Chávez, Adán Augusto López y el ex gobernador Javier Corral, exigieron que tanto la gobernadora Campos, como el ex fiscal César Jáuregui, acudieran a una reunión con los legisladores para explicar porque se encontraban agentes estadounidenses en el estado grande.
Ahora, la oposición les volteó la jugada, y como en su momento la 4T lo hizo con la gobernadora panista, exigieron que el morenista Rubén Rocha también rinda cuentas ante el legislativo, inclusive algunos actores políticos como Ricardo Anaya, manifestaron que están dispuestos a pedirle de nuevo a la mandataria estatal que acuda al Senado para rendir cuentas…
Por lo pronto, el gobernador Rocha sigue reiterando que no renunciará a su puesto y que se trata de una acusación política, mientras, el PAN anunció que solicitará juicio político contra el morenista, para que sea extraditado lo antes posible a los Estados Unidos.
