Sobrevivientes denuncian nula justicia a 15 años de la masacre de Allende perpetrada por Los Zetas

ALLENDE, Coah (Proceso).– A 15 años de la masacre de Allende sobrevivientes de las víctimas permanecen desplazadas, con daños en su salud y enfrentando la violencia institucional de los gobiernos federal y del estado de Coahuila que han incumplido con la reparación del daño.

También denuncian que han sido excluidas de las reuniones que el gobernador, Manolo Jiménez Salinas, sostiene con colectivos donde se abordan las desapariciones, pese a que se trata de uno de los más graves ataques perpetrados por Los Zetas en el estado, cuyos alcances y secuelas se ha extendido por todos estos años.

Silvia Eugenia Garza Villarreal es una de las personas que logró salvarse de la violencia desatada entre el 18 y el 20 de marzo de 2011 en el municipio de Allende, ubicado en la región de los Cinco Manantiales y a una distancia de 56 kilómetros de la frontera con Texas.

En entrevista con Proceso por videoconferencia, ella y otras sobrevivientes (que prefirieron reservar su identidad por miedo) narraron cómo viven lejos del lugar donde crecieron, violentadas porque no se les reconoce todo lo que perdieron, con la imposibilidad de retornar al lugar donde dejaron sus recuerdos y vieron desaparecer a sus familias.

Silvia denunció lo ocurrido hasta el 12 de noviembre de 2014, cuando fue contactada por Juan José Yáñez Arreola, entonces subprocurador para el caso de desaparición y quien al dejar el cargo fue nombrado magistrado del Poder Judicial de Coahuila, actualmente retirado. Le dijo que tenía la encomienda de buscar a los desaparecidos.

Desde entonces no hay nada de avances para fincar responsabilidades por la participación de las autoridades, mientras que la reparación del daño no se concreta por un amparo interpuesto por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas federal. En el estado el exgobernador y hoy senador Miguel Ángel Riquelme Solís quiso establecer la cifra de reparación equivalente a la Unidad de Medida y Actualización (UMA), pero hasta la fecha, señala, no han visto más que simulación.

A 15 años de la tragedia, el fiscal general de Coahuila, Federico Fernández Montañez, dice que hay tres causas penales abiertas por las que se emitieron 29 órdenes de aprehensión, pero sólo se han cumplimentado 17 de ellas.

“Es gente que está ingresada en Ceresos y Ceferesos y que con nuevas indagatorias se solicita una nueva orden de aprehensión”, señaló. Entre los detenidos no hay funcionarios de niveles medio o superior responsables de la seguridad en la entidad y el municipio de Allende. Para las familias, esto es una clara señal de impunidad.

En el caso de la familia Garza fueron 18 integrantes de su familia que desaparecieron y fueron asesinados en el rancho dividido en varias propiedades que el abuelo de Silvia les había heredado a sus hijos. Tíos, primos y trabajadores del lugar fueron víctimas.

El gobierno de Coahuila aseguró entonces que hubo 28 víctimas, aunque posteriormente, siendo gobernador, el actual diputado federal Rubén Moreira Valdez dijo que fueron más de 300 las víctimas y casi un centenar en el reclusorio varonil de Piedras Negras.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos establece en la recomendación 10VG/2018 que se tienen documentados 38 desaparecidos.

Pensamos –dice una sobreviviente– que era un malentendido de estarse llevando a los demás. El único que sabíamos que andaba colaborando con Los Zetas era mi primo (José Luis Garza Gaytán) y pensamos que se iba esclarecer, pero después nos dimos cuenta de que no. Era una venganza y mi primo, sus hermanos y su mamá ya se habían movido a Estados Unidos. Él se había hecho testigo protegido para la DEA junto con los principales del grupo: Poncho Cuéllar y Héctor Moreno Villanueva. Yo digo que mi primo era el menos importante de la asociación, pero nuestra familia es muy grande.

Las mentiras del general

El arribo de camionetas con hombres armados se inició la noche del jueves 18 de marzo de 2011 y continuó durante el viernes y sábado. Silvia recuerda que alrededor de las 22:00 horas del sábado, a una cuadra de su domicilio, llegaron los delincuentes a casa de un tío de ella y empezaron a disparar, su pariente respondió a balazos y se enteraron que fue sacado sin vida, al igual que el resto de la familia.

A los tres días de los hechos ella y otros integrantes de su familia decidieron refugiarse en la ciudad texana de Eagle Pass al saber que aún se buscaba a familiares de varios integrantes del grupo delictivo que los traicionaron. Su padre y hermano se fueron a Monterrey, donde permanecieron un año. Después se dispersaron por distintos lugares.

“El domingo fuimos a la plaza por una nieve. Nosotros no sabíamos cómo estaban las cosas, pero el lunes ya vimos cómo empezaron a saquear las casas de mis tíos. Estuvimos esa noche del domingo, pero ya no dormimos en la casa y el lunes por la mañana fuimos por ropa; sacamos lo que pudimos y salimos de Allende”, dice.

Sin embargo, la pesadilla para la familia no se detuvo. Un año después, en marzo de 2012, fueron privados de su libertad su padre, Sergio Garza Garza, y su nueva pareja, así como dos hijos del nuevo matrimonio. Él regresó a atender una diligencia con un ajustador por los daños en una de las propiedades, pero se cree que la policía intervino y los entregó a los delincuentes.

De la pareja y uno de los menores no se supo más, mientras que al bebé de meses de nacido lo dejaron en una Casa Hogar y fue encontrado tres años después. En agosto de ese mismo año a su hermano, del mismo nombre que su padre, también lo desaparecieron y se supo que fue visto por última vez en el municipio de Morelos, muy cerca de Allende.

Mi hermano tenía 25 años y padecía esquizofrenia. Llegó a la casa de mis papás, que está destruida y saqueada, y mi hermano ahí estaba gritando y llorando que quería a su papá y a su mamá; dicen que de ahí lo sacaron los policías y lo entregaron a Los Zetas. Hay una declaración de un vigilante de las casas de seguridad que dice que lo vio en una casa de esas en el municipio de Morelos, un poblado que está a cinco minutos de Allende, y que ahí lo habían llevado a ‘cocinar’, que es la terminología que ellos usan para desaparecer los cuerpos.

Las familias afirman que no fue una masacre de unos días, sino de varios años, en que los delincuentes contaban con la protección de las autoridades de los distintos niveles de gobierno, mientras que la comunidad se mantuvo en silencio por temor a que les pasara lo mismo, pero hubo quienes también participaron en el saqueo: muebles, electrodomésticos, herramientas y maquinaria habían desaparecido, al igual que tuberías y cableado. Las viviendas quedaron reducidas casi a escombros y así permanecen aún.

“La comunidad era oportunista, vieron árboles caídos y el que pudo hizo leña. Para ir a robar y saquear no tuvieron miedo. Siento que se volvió un pueblo sin ley y cualquiera se sentía con el derecho de robar, saquear y allanar”, describió otra de las víctimas.

Silvia creyó que estarían fuera tres o cuatro días, pero han pasado 15 años y las familias no se atreven a regresar porque desconfían de las autoridades del municipio y del estado, quienes en ese momento estuvieron coludidas con el crimen organizado y señalan también al Ejército porque no hizo acto de presencia pese a que contaba con un retén en la carretera 57, a pocos kilómetros de donde Los Zetas consumaban la masacre.

Cuestionan que se justifique con mentiras el general Luis Cresencio Sandoval, jefe de la Guarnición Militar en Piedras Negras en esa época y a la postre secretario de la Defensa Nacional con López Obrador.

“(Sandoval) dice que él no estaba ahí, que él andaba cubriendo un incendio que abarcaba desde la ciudad de Acuña hasta Múzquiz. ¿Te puedes imaginar la magnitud del incendio? Nunca ha habido un incendio de tal magnitud. Dicen mentiras, los dejan seguir ahí en el gobierno y se cubren entre ellos ahí”, señala al recordar la versión del exfuncionario militar que no coincide con la realidad, puesto que incendios similares a los que argumentó ocurrieron, pero en abril, casi 20 días después de lo ocurrido en Allende.

Las familias recuerdan que con esa relación de trabajar de la mano y proteger al crimen organizado dejaron solas a las víctimas porque incluso los teléfonos públicos en plazas fueron arrancados y el 089 de emergencias se mantuvo bloqueado.

Al pasar el tiempo Silvia no logra entender lo ocurrido. El patrimonio que la familia hizo por muchos años quedó en nada. Su padre se dedicaba a realizar trabajos como contratista en las carboeléctricas ubicadas en el municipio de Nava y tenía un negocio en la venta de telefonía celular.

Otros integrantes de la familia trabajaban en ranchos, operaban maquinaria pesada, abrían pozos de agua y se dedicaban a la ganadería y tenían el proyecto de producir tomate, pero todo se esfumó con la violencia que no cesaba, porque incluso asesinaron a otro familiar que acudió a denunciar, con lo cual confirmaron la participación de las autoridades municipales y del estado con la delincuencia.

La esperanza de justicia en EU

A la fecha las familias siguen esperando justicia y una reparación integral del daño, pero desde 2023 se enfrentan a recursos de amparo que interpuso la CEAV federal contra una recomendación de la CNDH para cumplirla; a la fecha nadie quiere hacerse responsable, mientras que con un memorial que costó 900 mil pesos las autoridades quisieron borrar lo ocurrido, aunque para las víctimas directas que permanecen desplazadas eso no les da seguridad ni tranquilidad, según afirman.

“El gobierno, al no permitir seguridad de las familias, es el responsable, aparte de ser cómplice del delito. Ellos son responsables por todas esas pérdidas, tanto humanas como materiales, pero al ver las cuantías dicen que no hay daños materiales”.

Las familias demandan una resolución rápida porque no se trata sólo del aspecto económico, sino que para ellas representa cerrar el ciclo y tratar de rehacer sus vidas lejos del lugar donde son estigmatizadas, y al que no quieren ni pueden regresar ante el temor de que haya nuevos hechos de violencia en su contra.

Hace tres años se les presentó una propuesta por parte del gobierno del estado, de la cual Proceso tiene copia, en la que les ofrecían un monto basado en el artículo 502 de la Ley Federal del Trabajo (que establece indemnizaciones en caso de muerte o desaparición de un trabajador por actos delincuenciales), además de que pretendían fijarlas en UMAS y no en salarios mínimos como prevé dicho artículo.

Las familias entrevistadas consideran que se trata de mera simulación luego de que notaron la diferencia en la interpretación de la ley, con lo cual las afectarían.

En esa propuesta dolosamente modificaron el texto del artículo 502 de la Ley Federal del Trabajo, para castigar la cuantía que marca la ley como compensación, trasgrediendo el derecho pro persona y queriendo usar el valor de la UMA con total cinismo y queriendo minimizar el daño ocasionado. Paradójicamente, el magistrado instructor que tiene paralizado el resultado de la opinión consultiva, cuyo resultado no es vinculante, es Luis Efrén Ríos Vega, fundador de la Academia Interamericana de Derechos Humanos del estado de Coahuila. Es frustrante ver que los funcionarios lejos de hacer su labor paralizan y obstaculizan el acceso a la justicia a las víctimas – expresó otra de las entrevistadas.

Desde mayo de 2025 las familias han solicitado audiencia con el gobernador Manolo Jiménez Salinas mediante diversos funcionarios, pero no han obtenido respuesta. Afirman que en esta administración estatal no quieren asumir el acuerdo de compensación subsidiaria que el anterior ofreció.

“El gobernador no quiere dar la cara a las víctimas de la masacre Allende 2011”, advierte otra de las víctimas.

Silvia señala a Marta Yuridia Rodríguez, titular de la CEAV federal, y a Julieta Alejandra Hernández García, directora del Comité Interdisciplinario Evaluador, de hacer dictámenes sesgados, con dolo y con base en mentiras para ofrecerles 250 mil pesos, lo cual sería insuficiente para recuperar todo lo que perdieron, en el caso de ella, con la desaparición y muerte de 18 familiares.

Lo perdí todo y necesito ser reparada de una manera digna. Al gobernador le decimos que aquí estamos esperando por su parte la compensación subsidiaria y a Claudia Sheinbaum que ordene a los de la CEAV hacer bien su trabajo porque somos víctimas de una masacre muy grande y muy larga, fue muy larga. Aunque ella no estaba en el poder, es responsabilidad de ellos también pagar.

Silvia puntualiza que ya sabían que el camino hacia la justicia sería difícil, pero hay confianza en que Estados Unidos proceda contra los responsables. No los mencionó directamente, pero de esta masacre se ha responsabilizado a los hermanos Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, identificados como Z40 y Z42, mismos que fueron entregados a las autoridades de ese país donde enfrentan cargos de delincuencia organizada.

“Sabíamos que no habría justicia penal, sabíamos que habría de llegar otro país a hacer la justicia. En Estados Unidos están los perpetradores intelectuales”, afirmó.

Con información de Proceso.